INFORME DE LA COMISION
NACIONAL DE VERDAD Y RECONCILIACION
Presidente de la Comisión: Raúl Rettig Guissen. Miembros de la Comisión: Jaime Castillo Velasco, José Luis Cea
Egaña, Mónica Jimenez de La Jara, Ricardo Martin Díaz, Laura Novoa Vázquez, Gonzalo
Vial Correa, José Luis Zalaquet Daher. Secretario de la Comisión:
Jorge Correa Sutil. Santiago de Chile, 4 de
marzo de 1991
_____________________________________________________VOLUME 1
CUARTA PARTE
CAPITULO I
PROPUESTAS DE REPARACION
A.- INTRODUCCION
En los capítulos anteriores el lector habrá podido apreciar la verdad
sobre los graves atropellos a los Derechos Humanos y el daño sufrido por los familiares
de las víctimas.
En el que abrimos a continuación nos corresponde dar a conocer, en
cumplimiento con el mandato recibido, las medidas de reparación y reivindicación que
creemos de justicia.
Ciertamente que no es posible establecer correlación entre el dolor,
la impotencia y las esperanzas de las familias de las víctimas con las medidas que más
adelante se sugieren. La desaparición o la muerte de un ser querido son pérdidas
irreparables. Sin embargo, la reparación moral y material parecen ser una tarea
absolutamente necesaria para la transición hacia una democracia más plena.
En ese sentido entendemos la reparación como un conjunto de actos que
expresan el reconocimiento y la responsabilidad que le caben al Estado en los hechos y
circunstancias que son materia de este Informe. La reparación es una tarea en la que el
Estado ha de intervenir en forma conciente y deliberada.
Sin perjuicio de ello, la reparación ha de convocar a toda la sociedad
chilena. Ha de ser un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la
verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor
calidad de vida para las familias más directamente afectadas. Sólo así podremos
desarrollar una convivencia más justa que nos permita mirar al futuro con esperanza.
- Las medidas de reparación que específicamente se adopten han de
reunir condiciones de eficacia; sin embargo es evidente que ellas no tienen posibilidades
por si mismas. Es necesario anteponer a ellas los grandes valores de la verdad, la
justicia, el perdón y la reconciliación.
- Las medidas reparatorias debieran procurar la integración social y
tender efectivamente a crear condiciones de reconciliación y nunca a dividir.
- Solamente en medio de un ambiente propicio hacia el respeto de los
derechos humanos, la reparación puede cobrar un sentido vital y despojarse de todo rasgo
acusador que reabra las heridas del pasado. El proceso de reparación supone el coraje de
enfrentar la verdad y la realización de justicia: requiere de generosidad para reconocer
las faltas y de actitudes de perdón para llegar al reencuentro entre los chilenos
B.- RECOMENDACIONES DE REINVINDICACION Y REPARACION SIMBOLICA
1. REPARACION PUBLICA DE LA DIGNIDAD DE LAS VICTIMAS
Es posible que la sola existencia de esta Comisión creada por
iniciativa de S.E., el Presidente de la República haya constituido un primer gesto de
reparación para algunos. En nuestra experiencia podemos afirmar que así ha sido
reconocido por muchos de los familiares que acudieron a las audiencias en diferentes
lugares de Chile.
Por otra parte, existen ya diferentes iniciativas y gestos espontáneos
de reparación en todo el país. Cada uno de ellos es valioso, porque expresa su propio
significado. No es necesario que nazcan en virtud de una ley; por el contrario, lo
interesante es que proliferen iniciativas de reparación en cada punto del país y en cada
ámbito en que se desenvuelve la vida social. Es de esperar que estos gestos con su
creatividad vengan a incrementar el patrimonio artístico y moral de toda la nación, así
algún día podremos contar con símbolos de reparación de carácter nacional y otros de
carácter regional o local.
Pareciera que lo anterior no es suficiente, el país necesita
reivindicar públicamente el buen nombre de las víctimas y recordar lo sucedido para que
nunca más se vuelva a repetir. En esta perspectiva, el Estado puede encabezar gestos y
crear símbolos que le otorguen sentido nacional a la reparación.
Hoy día, el país requiere más que nunca de gestos y símbolos de
reparación, del cultivo de nuevos valores que nos acerquen y nos abran perspectivas
comunes en torno de la democracia y del desarrollo. Si sabemos cuidar los detalles y las
formas, sabremos también superar los obstáculos que aún nos dividen.
Sería de esperar que en el plazo más prudente, la autoridad tenga a
bien disponer las medidas y recursos necesarios para dar lugar a proyectos culturales y
simbólicos destinados a reivindicar la memoria de las víctimas en forma individual y
colectiva, estableciendo nuevas bases para la convivencia social y una cultura más
cuidadosa y respetuosa de los derechos humanos que nos asegure que actos violatorios de
tanta gravedad para la vida no serán cometidos en el futuro.
2. ALGUNAS SUGERENCIAS PARA LA REIVINDICACION Y
REPARACION SIMBOLICA
Esta Comisión ha optado por presentar algunos criterios o sugerencias
que han de ayudar a la autoridad a pronunciarse sobre el tipo de gesto o expresión
creativa más adecuados a los fines de reivindicación y reparación que se propone.
De los interesantes aportes recibidos hemos llegado a la conclusión
que ellos tienen en común ciertos elementos que a continuación detallamos.
a) Se busca que las expresiones de reparación sean públicas y de
alcance nacional. Al mismo tiempo interesa que se exprese con fuerza y autonomía lo
regional y hasta lo local.
b) Se aspira a la reivindicación del buen nombre y la dignidad de cada
víctima; que su nombre completo se perpetúe y sea conocido por las futuras generaciones
y así sirva de enseñanza y de reafirmación del valor de la vida.
c) Se anhela que estas expresiones sean consensuales y que no
constituyan un signo de división que enaltece a unos y denigra a otros; por el contrario
ellas podrían contribuir a una mayor unidad e integración social.
d) Se aprecia con especial interés la participación de los medios de
comunicación masiva en los actos simbólicos de reparación por el impacto que ellos
tienen en la creación de cultura.
A modo ilustrativo solamente, podemos informar que esta Comisión ha
recibido numerosas ideas sobre reparación simbólica.
Las que más se reiteran se orientan en la línea de:
- Erigir un monumento recordatorio que individualice a todas las
víctimas de derechos humanos y a los caídos de uno y otro lado;
- Construir un parque público en memoria de las víctimas y caídos,
que sirva de lugar de conmemoración y enseñanza; a la vez que de recreación y de lugar
de reafirmación de una cultura por la vida.
- Dar el realce que se merece el recientemente creado "Día
Nacional de los Derechos Humanos": que cada 10 de diciembre se pueda conmemorar en
todo el país, con actos públicos, ceremonias en las escuelas y otros gestos tendientes a
la reparación simbólica.
- Organizar campañas, actos culturales y otros, de modo de ir creando
un clima de reconciliación nacional.
Sobre la forma de llevar a la práctica estas sugerencias y otras que
puedan emerger, esta Comisión tan sólo podría proponer a la autoridad que convoque a
los sectores sociales más representativos para crear proyectos con un claro sentido
artístico y de reparación social. De manera muy especial queremos recomendar que sean
invitados los trabajadores del arte y de la cultura para que hagan su propio aporte.
Asimismo, podría consultarse la participación de los familiares en la etapa de diseño
del proyecto.
3. RESTABLECIMIENTO SOLEMNE DEL BUEN NOMBRE DE LAS
VICTIMAS
No quisiéramos finalizar este acápite sin antes hacer llegar una
sugerencia que nos parece de la mayor importancia.
Esta Comisión se permite proponer que el Estado, representado por S.E.
el Presidente de la República, o por el Congreso, o por una ley, reestablezca solemne y
expresamente la dignidad de las víctimas; en cuanto ellas hayan sido acusadas de delitos
que nunca les fueron probados y de los cuales nunca tuvieron oportunidad ni medios
adecuados para defenderse. Esperamos que un gesto de esa naturaleza pueda abrir una etapa
en la convivencia nacional en que la reafirmación de la vida nos oriente hacia el futuro.
C.- RECOMENDACIONES DE CARACTER LEGAL Y ADMINISTRATIVAS
1. SITUACIONES JURIDICAS NO RESUELTAS
La Comisión ha constatado la existencia de un conjunto de problemas de
tipo legal y administrativo que afectan a los familiares directos de las víctimas de las
más graves violaciones a los derechos humanos.
Entre ellos, hay algunos que merecen una atención especial. Son
aquellos que se originan directamente en el estado de indefinición jurídica en que se
encuentran las personas detenidas desaparecidas, al no existir constancia de su suerte o
destino.
A la incertidumbre y angustia que esta situación representa para sus
familiares, se agrega una larga lista de problemas relativos al estado civil, a la
herencia y posesión efectiva de los bienes de la persona detenida-desaparecida, a la
tuición de los hijos, a la capacidad legal de las cónyuges casadas con régimen de
sociedad conyugal, y a un sinnúmero de situaciones de daño del patrimonio familiar.
Para abordar este problema se ha contado con dos soluciones posibles.
Una de carácter provisorio y otra de tipo más permanente. La primera consiste en el
nombramiento judicial de un curador de bienes del ausente. Su debilidad reside en que
concede solamente la administración provisoria de los bienes de la víctima. La otra
posibilidad consiste en solicitar la declaración de muerte presunta de la persona
detenida desaparecida en conformidad con el artículo 81 y s.s. del Código Civil. La
dificultad que ha representado esta vía ha sido que en muchos casos los familiares han
preferido no hacer uso de este procedimiento por estimar que supondría una suerte de
renuncia a los esfuerzos por saber la verdad o por encontrarlos con vida, o por otras
razones; todo lo cual ha de ser respetado.
Pensamos que ambas posibilidades fueron creadas por el legislador
dentro de otro contexto y propósito; y no se adecuan al problema que se busca solucionar.
En consecuencia, nos ha parecido conveniente proponer que se estudie un
procedimiento especial de declaración de muerte para los casos en que nos asiste
convicción de que su detención y desaparición ha sido producto de agentes del Estado.
2. PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DECLARACION DE MUERTE DE
PERSONAS DETENIDAS DESAPARECIDAS
Nos limitaremos a enunciar algunos criterios con el objeto de que el
legislador tenga a bien considerarlos.
a) CAUSAL
Para la declaración de muerte presunta proponemos que se agregue una
nueva causal a las que consagra la ley. Esta es, que se trate de personas detenidas y
desaparecidas por agentes del Estado, siendo por ello víctimas de violación de derechos
humanos, cuyos nombres aparecen en este Informe.
Atendido de que hay casos en que esta Comisión no se formó
convicción por falta de antecedentes, se debiera estudiar la posibilidad de que se
extienda dicha causal a estos casos, siempre y cuando logren acreditar su calidad de
víctima de violación a los derechos humanos ante el organismo que la Ley estime
pertinente y en el plazo que ella establezca.
b) PRUEBA
Nos permitimos recomendar que para esta declaración judicial
constituya prueba única y suficiente la convicción de esta Comisión. Vale decir, que su
nombre aparezca en el listado de víctimas de este Informe, sin más trámite.
Con lo anterior, quisiéramos proponer que dentro de este procedimiento
sea eliminada toda otra prueba, entre otras, las citaciones al desaparecido.
c) PROCEDIMIENTO
Estimamos que el procedimiento habría de regirse por las normas
generales, procurando el legislador estudiar las modificaciones que lo hagan más
accesible, simple y gratuito para los solicitantes. Al efecto proponemos:
- Que sea facultativo para el solicitante escoger tramitar la muerte
presunta ante el juez del último domicilio de la persona desaparecida, o ante el juez de
su propio domicilio.
- Que se fije como día presuntivo de la muerte la fecha de las
últimas noticias habidas de su existencia, lo que constituiría una clara excepción al
procedimiento general.
- Que se conceda la posesión definitiva de los bienes sin posesión
provisoria previa de los mismos, en atención a las circunstancias especiales en que ha
ocurrido la desaparición, las que contribuyen a robustecer la convicción de la muerte
del ausente.
En atención a los antecedentes que obran en poder de esta Comisión,
nos permitimos recomendar que el legislador considere la posibilidad de que este
procedimiento y la asistencia legal sean gratuitos para los requirentes.
Hemos querido recomendar un procedimiento especial tendiente a dar
definición al aspecto jurídico del problema. Esperamos que ello contribuya a aliviar en
parte la situación de los familiares de las personas detenidas desaparecidas.
Tenemos la esperanza de que medidas como éstas permitirán que los
afectados puedan tener a su disposición un instrumento legal adecuado a las necesidades
especiales de estos casos, el que habrá de ser utilizado por voluntad expresa de los
requirentes.
La dimensión social, simbólica y ética, que significa el problema de
las personas detenidas desaparecidas por agentes del Estado nos lleva a tratar con
profundo respeto las diferentes opciones que hayan asumido o lleguen a tomar en el futuro
los familiares de las víctimas.
D.- RECOMENDACIONES RELATIVAS A BIENESTAR SOCIAL
1. ANTECEDENTES
Las recomendaciones relativas a bienestar social tienen por objeto
hacer proposiciones tendientes a reparar el daño moral y patrimonial que afecta a los
familiares directos de las víctimas. Ellos han experimentado alteraciones profundas en
sus proyectos de vida a raíz de los hechos violatorios que esta Comisión ha conocido.
Por la responsabilidad que le cabe, estimamos que el Estado ha de tomar
iniciativas que contribuyan a apoyar los esfuerzos que las familias afectadas han
desarrollado en busca de una mejor calidad de vida.
De ahí, que a continuación proponemos un conjunto de medidas a tomar
en el campo del bienestar social que se relacionan con la previsión, la salud, la
educación, la vivienda y otras necesidades y derechos, que han sido alterados y que
requieren ser reparados, como una forma de restablecer nuestra convivencia social.
- El apoyo prestado debe contribuir, no sólo a enfrentar determinados
problemas de bienestar; sino que, además, debiera posibilitar la participación de los
familiares afectados, porque son ellos quienes mejor saben definir cuáles son sus
necesidades más urgentes y cómo satisfacerlas.
- Por otra parte, nos permitimos sugerir que las medidas que en
definitiva se adopten han de procurar una solución rápida y eficaz, en virtud de que
estos problemas se han venido acumulando todos estos años y atentan contra la necesidad
de reintegración de estas familias en la sociedad chilena.
- Pese a que existen diferencias socio-económicas y culturales al
interior del conjunto de familiares de las víctimas, se estima conveniente proponer
medidas de bienestar de carácter global y únicas que aseguren un efecto reparador más
permanente que circunstancial; con el objeto que aseguren un proceso de mejoramiento y
dignificación de su calidad de vida, atendido el hecho de la pérdida definitiva de un
miembro de la familia y de los afectos familiares y patrimoniales de una búsqueda
efectuada por largos años.
2. RECOMENDACIONES RELATIVAS A PREVISION SOCIAL
Hemos recibido diferentes testimonios que nos hacen pensar que el
derecho a la seguridad social de los familiares de las víctimas merece ser restablecido,
convirtiéndose en una de las tareas de reparación que ha de asumir el Estado.
a) PROBLEMAS INNUMERABLES Y DE COMPLEJA SOLUCION
Los problemas previsionales que derivan de la muerte o detención y
desaparición de las víctimas de violación a los derechos humanos son innumerables y de
compleja solución, debido entre otros aspectos,a los cambios que ha experimentado el
sistema previsional en los últimos años.
Desde el punto de vista previsional, las personas fallecidas o
detenidas desaparecidas pueden ser consideradas como causantes de un conjunto de
beneficios previsionales que nunca han sido percibidos por sus familiares, o que han sido
cobrados sólo parcialmente.
En ese sentido a muchos se les adeuda pensiones de sobrevivencia
(viudez u orfandad) asignación por fallecimiento, seguros de vida, y otros.
Para corregir esta situación se requeriría remover obstáculos de
índole legal y administrativa; tales como: alzar prescripciones de los plazos dados para
percibir los beneficios, certificar o presumir muerte del causante, actualizar montos de
las prestaciones adeudadas conforme al alza del costo de vida, pagar retroactivamente las
mensualidades adeudadas, etc.
b) PROPUESTA DE UNA PENSION UNICA DE REPARACION
Conforme a los antecedentes expuestos y a las interesantes sugerencias
que hemos recibido estimamos posible proponer una pensión única de reparación para los
familiares directos de las víctimas y caídos, con la sola condición de que la persona
causante figure en el listado de este Informe; esto es, sin que necesariamente sus
familiares se acojan al procedimiento de declaración de muerte presunta, aquellos casos
de personas detenidas desaparecidas.
La propuesta de una pensión única de reparación se fundamenta en la
dificultad de resolver adecuada y prontamente los problemas previsionales señalados,
conforme a procedimientos establecidos de otorgamiento de pensiones de sobrevivencia. En
muchos casos que nos preocupan, la circunstancia de la muerte no está acreditada y en
otros, la situación previsional de los causantes resulta totalmente irregular.
A nuestro juicio y acogiendo numerosas opiniones queremos recomendar la
dictación de una legislación especial que establezca una pensión única de reparación.
Al efecto, nos permitimos exponer algunas ideas sobre materias ante las cuales el
legislador habrá de pronunciarse.
- Las opiniones tienden a coincidir en que la pensión única se
devengue en todos los casos a partir de una fecha única. Esta debería ser anterior, al
menos a doce meses, al día en que se promulgue la ley; y el primer pago debería ser
acumulativo. Ello permitiría a los familiares de las víctimas recibir por una sola vez
una suma de dinero que les serviría para cubrir en parte los gastos acumulados hasta la
fecha.
- Considerando los antecedentes proporcionados por organismos
especializados y atendiendo a las necesidades de la mayoría de los afectados, se sugiere
que el monto pecuniario mensual que reciba cada familia no sea inferior a la retribución
promedio de una familia en Chile.
- Es de todo sentido proponer que los causantes que den lugar al
otorgamiento de la pensión única de reparación sean las personas víctimas de
violaciones a los derechos humanos en todas las categorías establecidas en el capítulo
tercero de este Informe y las personas que cayeron o perecieron víctimas de la violencia
política, según se establece en el mismo capítulo; y cuyos nombres se individualizan en
el listado contenido en el tomo segundo de este Informe.
Se sugiere que una vez disuelta esta Comisión, también puedan ser
causantes aquellas personas que habiendo sido declaradas por ésta como sin convicción,
logren acreditar su condición de víctima ante un organismo pertinente, dentro de un
plazo a estipular por el legislador.
- En cuanto a los beneficiarios de esta pensión, es materia de la ley
establecer las reglas relativas a quiénes, en qué orden de prelación y en qué
proporción han de concurrir a participar de una pensión única, como la que se propone.
Confiamos que en este proyecto el legislador tendrá en debida
consideración las más modernas normas de seguridad social, teniendo en cuenta casos
especiales que se puedan presentar.
- No quisiéramos omitir sugerencias que se nos han hecho llegar, en el
sentido de otorgar un carácter vitalicio a esta pensión. Esperamos que el legislador
tome en cuenta este aspecto; así también, que defina a quiénes alcanzará este
beneficio de por vida.
- Las observaciones recibidas al respecto apuntan en la líneas de que
el devengar una pensión única de reparación ha de ser incompatible con cualquier otra
pensión originada por la misma causa y otorgada por los sistemas previsionales vigentes
en el país. Sin embargo, los beneficiarios podrán optar por la pensión que les resulte
más conveniente, en el caso de tener derecho a otra.
- La Comisión estima que será el legislador quien ha de pronunciarse
en definitiva sobre su compatibilidad con cualquier otra pretensión jurídica de los
familiares que se base en el hecho de la muerte o detención y desaparecimiento de las
víctimas.
- Creemos que sería altamente justificado que el otorgamiento de la
pensión resulte rápido, sencillo y accesible a los familiares de las víctimas; en
atención al problema que se busca reparar; y dentro de un plazo que el legislador habrá
de fijar.
- Los gastos que la pensión única demande habrán de provenir del
Fondo General del Presupuesto de la Nación, sin perjuicio de que el legislador permita
que se reciban fondos de otras fuentes, especialmente donados o recolectados para este
efecto.
3. RECOMENDACIONES RELATIVAS A SALUD
a) CONSECUENCIAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA SALUD DE
LAS PERSONAS
Desde el punto de vista de la salud hemos recibido significativas
opiniones. Ellas tienden a señalar su preocupación por la salud de los familiares de las
víctimas y a recomendar que se les otorgue una atención especial, en vistas a las
consecuencias que los actos violatorios han provocado en su salud.
- Organismos especializados han llegado a afirmar que los problemas de
salud física y mental de las víctimas y sus familiares revisten características
especiales. Agregan que tienen diferencias con los procesos de enfermedades que afectan a
la población chilena menos expuesta a este tipo de hechos violatorios.
- La tensión permanente a que han estado sometidas estas personas las
ha hecho más vulnerables. En el ámbito de la salud mental presentan graves
sintomatologías. Se trata de experiencias traumáticas, que por su calidad y magnitud no
alcanzan a ser procesadas y asimiladas por la estructura síquica de las personas. En
consecuencia, todos sus intentos posteriores de reorganización quedarán marcados por el
daño infringido, a menos que reciban ayuda especializada.
- En lo físico, si bien la patología no es especialmente distinta, se
ha observado precocidad y un grado de compromiso del paciente que es diferente a otros
casos tratados en hospitales.
Muchas de estas personas y familias pertenecen a sectores populares de
escasos recursos económicos, o han empobrecido paulatinamente, desde que fueron víctimas
de los hechos violatorios. En algunos casos se han presentado serios problemas
nutricionales.
Particularmente nos preocupan los familiares de las víctimas que
pertenecen a la tercera edad y los niños; pues esta situación permite inferir que se
verán expuestos a un deterioro biológico, sicológico y social progresivo; el que ha de
enfrentarse expresamente.
- Las alteraciones de la salud descritas no se circunscriben al
círculo familiar directo de las personas muertas, detenidas desaparecidas, o a los
sobrevivientes de graves torturas o de hechos de violencia con fines políticos; sino que
se extienden a sus relaciones sociales, al ámbito laboral, al habitat territorial y en
definitiva a toda la comunidad. El daño en salud es individual, familiar y social.
- Por otra parte, se trata de daños manifiestos o que están todavía
latentes en la población, los que según los especialistas serán difíciles de superar
en el corto plazo, ya que pueden alcanzar hasta la tercera generación.
Cualquiera sea su magnitud, las opiniones especializadas que ha
recibido esta Comisión estiman que se trata de un problema muy importante en términos
cualitativos, consistente en una traumatización extrema. La situación es compleja,
porque estas mismas dolencias han adquirido el carácter de injusticias, o a veces de
dolor silenciado o estigmatizador. Hay personas que han vivido sus problemas de salud como
una oscura y confusa sanción; o como una aliviadora explicación de la impotencia de no
poder mostrar su propia verdad. Por otra parte, en ciertas afecciones, el tiempo
transcurrido determina que se hagan crónicas y dificulta o imposibilita una solución
integral.
El paso a la salud es más complejo en estos casos, pues se requiere
adicionalmente de una readecuación personal ante las propias expectativas de desarrollo
personal.
b) NECESIDAD DE UNA ATENCION ESPECIALIZADA EN SALUD
Los breves antecedentes expuestos hacen pensar en la necesidad de una
atención especializada en salud para una cantidad no precisable de personas y familias
que han sido víctimas de muy graves violaciones de sus derechos.
La Comisión estima que hacerse cargo de esta atención corresponde
principalmente al Estado, el que a través del Ministerio de Salud está en las mejores
condiciones de desarrollar un programa o varios programas destinados a la población más
directamente afectada.
Conforme a nuestros antecedentes y a lo que se nos ha sugerido,
proponemos que los beneficiarios directos de estos programas de salud sean todas aquellas
personas sometidas a traumatización extrema: física y mental, producto de una grave
violación a sus derechos humanos por parte de agentes del Estado; o, por particulares que
actuaron con violencia y con claros fines políticos.
Nos referimos, a los familiares directos de todas las personas que
aparecen en el listado de este Informe Final. Nos permitimos recomendar expresamente que
se incluyan en estos programas a las personas que han sido víctimas de severas torturas
físicas y síquicas; y a aquellas que han sufrido lesiones severas a consecuencia de
actos de terrorismo cometidos por particulares bajo pretextos políticos.
En el marco de la reparación social queremos indicar la necesidad de
atender en salud a aquellas personas que han intervenido en prácticas de tortura en
recintos de detención; y a aquellas que han reconocido su colaboración en actos cuyos
graves resultados han sido objeto de nuestra propia indagación de la verdad; y a quienes
en el futuro lo requieran por las mismas razones.
Pareciera que razones humanitarias y técnicas se conjugan ante estas
situaciones para prestar atención integral en salud a esta población, partiendo de su
recuperación y rehabilitación física y mental y abarcando niveles de prevención y
fomento que lleguen a sectores sociales más amplios.
c) SUGERENCIAS PARA PROGRAMAR LAS ACCIONES DE SALUD
Son innumerables las sugerencias que nos han llegado en orden a
programar acciones de salud para este sector más afectado de la población. Entre las
más interesantes queremos destacar algunas que se refieren al estilo o modalidad de la
atención:
- Que acojan las circunstancias que les tocó vivir a las personas; que
permitan apreciar en la medida que las personas lo necesiten, la vivencia personal o
familiar de los orígenes de la dolencia por la que son atendidos.
- Que se utilice una aproximación integral a cada persona consultante
(biológica, sicológica y social). Por ello, sería recomendable que los equipos sean
interdisciplinarios y manejen los diferentes factores que originan la consulta; y que en
lo posible, estén atentos a las necesidades del grupo familiar, manejando un componente
de humanitarismo en su trato.
- Que las acciones que se programen consideren de manera efectiva la
participación no sólo de los afectados sino de las agrupaciones de afectados, en los
aspectos que corresponda por la representatividad y experiencia que les cabe.
- Que las acciones que se programen se extiendan por un plazo de tiempo
no muy breve; pero que en definitiva apunten hacia la integración del sector más
afectado en los programas habituales de salud.
- Que se provean los servicios necesarios independientemente de las
posibilidades de pago por parte de los afectados más directos.
d) RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA DE SALUD
Más allá de algunas sugerencias, no corresponde a esta Comisión
pronunciarse sobre las formas más adecuadas de programar y ejecutar acciones de salud.
Será de competencia de las autoridades de salud realizar un programa de atención
especial, cuyos fondos y coordinación corresponda al Ministerio de Salud; y que al mismo
tiempo consulte la cooperación técnica de organismos no gubernamentales de salud,
particularmente de los que han prestado atención en salud a esta población y cuentan con
una valiosa experiencia acumulada en todos estos años. Se sugiere que se facilite el
acceso del sector privado de la salud a estos programas y sus fondos, de modo de presentar
a los afectados diversas alternativas para su elección.
Pensamos que será tarea de los agentes de salud establecer las
necesidades y recursos existentes. Estamos ciertos que los recursos económicos y humanos
para llevar a cabo programas de esta naturaleza son cuantitativamente muy importantes.
Corresponderá al Estado redoblar esfuerzos por proveer los fondos, y lograr la cobertura
nacional que el problema reclama.
Asimismo, suponemos que no debiera dejarse sin posibilidades de
contribuir con su aporte a todo el sistema de salud de las Fuerzas Armadas y de Orden;
ambos tienen entre sus beneficiarios o potenciales beneficiarios a personas que son parte
de la población afectada directamente por los problemas antes mencionados.
En el espíritu del reencuentro entre los diferentes sectores de la
vida nacional todas las instituciones y los agentes del sistema de salud debieran
preocuparse de satisfacer estas necesidades básicas de estas personas.
4. RECOMENDACIONES RELATIVAS A EDUCACION
a) SE REQUIERE DE UN GRAN ESFUERZO CREATIVO PARA BUSCAR
CAMINOS DE REPARACION EN EL PLANO EDUCATIVO
A primera vista, pareciera que los problemas educacionales de los
familiares directos de las víctimas se refieren a dificultades inherentes a los hijos
menores. Sin embargo, la situación es diferente; en la mayoría de los casos, los hijos
ya son jóvenes; o bien adultos cuyas oportunidades de escolaridad y estudios superiores
son ya difícilmente recuperables. En muchos casos han transcurrido años desde que
ocurrieron los hechos que incidieron de manera tan radical en sus proyectos de vida. Nos
preocupa especialmente la situación de aquellos que perdieron la oportunidad de
educación.
En los casos que hemos conocido se han visto alteradas las
posibilidades de acceso y la permanencia en las distintas etapas del sistema educativo de
niños y jóvenes que no estaban particularmente predispuestos a este riesgo. Una vez
más, la pobreza y el deterioro de las condiciones de vida de muchas de estas familias han
agravado el problema educacional. A lo anterior se agregan los trastornos emocionales y
dificultades de aprendizaje que han sobrellevado estos niños y jóvenes en su educación
básica y media.
Todos sus antecedentes se confabulan para que no entren fácilmente a
las universidades y a los institutos de enseñanza técnica superior. El país necesita
del aporte de todos los jóvenes y en particular de estos jóvenes que han sido marginados
de la educación formal por hechos y circunstancias analizadas en los capítulos
precedentes de este Informe. No es necesario extenderse en el diagnóstico. Es de sentido
común que se requiere de un gran esfuerzo creativo y quizás inédito en nuestro país
por buscar caminos de reparación en el plano educativo, antes de que sea demasiado tarde
e irrecuperable la situación. Al mismo tiempo, es necesario que las tareas de reparación
educativas se coordinen con los esfuerzos de prevención y de generación de una cultura
respetuosa de los derechos humanos que mas adelante proponemos.
b) Medidas en el plano mas inmediato posible
El caracter del problema.....
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CUARTA PARTE CAPITULO II
PREVENCION DE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
A. INTRODUCTION
Las violaciones......
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B. SUGERENCIAS EN EL CAMINO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO PARA LA
VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
- Adecuación del ordenamiento jurídico nacional al derecho
internacional de los derechos humanos de manera de obtener una normativa jurídica interna
verdaderamente respetuosa y protectora de estos derechos;
- Existencia de un Poder Judicial que cumpla efectivamente su rol de
garante de los derechos esenciales de las personas;
- Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad comprometidas a ejercer sus
funciones de modo plenamente concordante con la obligación de respetar los derechos
humanos;
- Creación de una institución cuya función sea la promoción y
protección de los derechos humanos;
- Modificaciones específicas del orden normativo, en aras de una mejor
protección de los derechos humanos, en materia constitucional, penal y procesal penal.
A continuación se formulan una serie de sugerencias tendientes a
obtener el cabal cumplimiento de esas condiciones en nuestra patria.
1. ADECUACION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO NACIONAL AL
DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
El Estado chileno se encuentra, en teoría, ya inserto en el sistema
internacional de promoción y de protección de los derechos humanos, tanto porque, de
acuerdo con el derecho chileno, el derecho internacional consuetudinario se incorpora
automáticamente a nuestro ordenamiento, cuanto porque Chile ha ratificado la mayoría de
los instrumentos internacionales sobre esta materia, los que, por lo tanto, han pasado a
formar parte de este mismo ordenamiento.
La adecuación de la normativa chilena al derecho internacional de los
derechos humanos es, sin embargo, en la práctica, sólo parcial. Para una incorporación
real y no solamente teórica de nuestro país al sistema internacional de promoción y
protección de los derechos humanos, se requiere, como mínimo, la adopción de las
medidas que a continuación se proponen.
a) RATIFICACION DE TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE
DERECHOS HUMANOS
Esta Comisión recomienda, en primer lugar, la ratificación por parte
del Estado de Chile de todos los instrumentos internacionales que se adopten o hayan
adoptado en materia de derechos humanos y de los cuales Chile todavía no es parte. A
menudo se argumenta que estos tratados o convenciones son repetitivos y que se superponen
unos a otros, por lo cual la ratificación de todos ellos es innecesaria.
La Comisión estima que aún en los casos en que esto pueda ser así,
ratificar los tratados y convenciones resulta conveniente, pues es un paso para el
fortalecimiento del derecho internacional, objetivo que se estima altamente necesario para
la prevención de las violaciones a los derechos humanos tanto en Chile como en el resto
de los países del mundo. Lo dicho supone, en todo caso, constatar previamente que los
tratados cuya ratificación se propone guarden la debida concordancia con los principios
éticos que informan nuestra cultura.
Por aparecer como una medida de mayor urgencia, se recomienda la
ratificación y entrada en vigor del Protocolo Adicional del Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos.
También parece necesaria una cuidadosa revisión de las reservas con
que Chile ha ratificado o accedido a dichos instrumentos internacionales, con el fin de
propender a una plena incorporación de nuestro país al sistema internacional de
promoción, respeto y protección de los Derechos Humanos.
b) PERFECCIONAMIENTO DE LA NORMATIVA NACIONAL DE MANERA
DE HACERLA COMPATIBLE CON EL LLAMADO DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
La adecuación del ordenamiento jurídico nacional al Derecho
Internacional de los Derechos Humanos supone, en segundo lugar, el cumplimiento estricto
por parte de Chile de las obligaciones derivadas de los instrumentos internacionales y del
derecho consuetudinario en materia de derechos humanos. No sólo suscribir los tratados
sobre derechos humanos, sino que acatar las obligaciones que de ellos se derivan. Esto
implica una triple exigencia: derogar las normas contrarias o incompatibles con el derecho
internacional, modificar las que no se adecúen plenamente a éste, y, finalmente, dictar
las normas complementarias que sean necesarias para realizar y desarrollar dichos
derechos, todo con las precauciones señaladas en la letra a)
En rigor lógico, la disposición prescrita en el artículo quinto
reformado de la Constitución Política del Estado que establece que "es deber de los
órganos del Estado respetar y promover tales derechos (los derechos esenciales que emanan
de la naturaleza humana) garantizados por esta Constitución, así como por los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes", podría hacer
innecesaria la derogación, modificación y dictación de legislación complementaria que
en el párrafo anterior se propone. En efecto, los derechos esenciales de la persona
humana, por ser inherentes y consustanciales a su condición de tal, constituyen una
limitación, a la soberanía estatal y tienen, por lo tanto, un valor superior a toda la
legislación interna, incluso a otras disposiciones de la Constitución, que son
emanaciones de esa soberanía.
Este es el sentido que claramente tiene la disposición constitucional
citada. Sin embargo, frente a la diversidad de interpretaciones que han surgido al
respecto, esta Comisión recomienda la dictación de una ley interpretativa constitucional
que confirme la preeminencia de los tratados internacionales sobre derechos humanos
debidamente ratificados por sobre cualquiera otra norma del derecho interno.
Si bien es cierto, según se dijo, que el artículo quinto de nuestra
Carta Fundamental soluciona cualquier problema de colisión entre normativa interna y
tratados internacionales sobre derechos humanos en favor de estos últimos, esta Comisión
estima altamente conveniente llevar a cabo las derogaciones, modificaciones y
complementaciones que correspondan, a fin de adecuar efectivamente la legislación
nacional a la normativa internacional, y evitar así los problemas de interpretación por
parte de la judicatura que, de no mediar la realización de estas medidas, a menudo se
encontrará ante normas contradictorias. La ausencia en nuestro medio de una cultura
sólida en materia de derechos humanos y la tendencia de nuestra comunidad jurídica a
privilegiar, a despecho de la normativa constitucional citada, la legislación nacional
por sobre la internacional, constituyen otras poderosas razones para que se propicie el
proceso de perfeccionamiento de nuestra legislación interna.
Las medidas que para el logro de dicho objetivo se proponen son las
siguientes:
- Dictación de una regla obligatoria de interpretación de rango
constitucional que disponga, por una parte, que toda norma jurídica debe ser entendida
del modo que mejor proteja los derechos humanos y, por otra parte, que sólo puede
restringirse un derecho humano reconocido por el sistema, cuando con ello se asegure la
mejor protección de otro derecho de mayor jerarquía, todo esto en conformidad con el
artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José
de Costa Rica".
- Revisión no sólo de las propias normas constitucionales, sino que
de toda la legislación nacional que de un modo u otro afecte a los derechos humanos. En
esta revisión es importante verificar, entre otras materias, si las limitaciones
permanentes a los derechos humanos establecidas por la Constitución y las leyes cumplen
con los requisitos internacionales de ser establecidas por ley y ser necesarias en una
sociedad democrática y adecuadas y eficaces para proteger los valores que la norma
internacional señala. La propia Constitución chilena adolece en este aspecto de fallas.
También es necesario verificar si las suspensiones temporales de los
derechos humanos por causa de un estado de excepción constitucional se ajustan a las
normas del derecho internacional. Tanto los artículos 39 al 41 de nuestra Carta
Fundamental, como la Ley Orgánica Constitucional sobre Estados de Excepción, deberían
examinarse para comprobar si ellos no infringen, por ejemplo, el artículo 27 de la
Convención Americana que establece en forma taxativa las causales por las cuales se
pueden suspender algunos derechos y dispone que el Estado sólo puede adoptar
disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias
de la situación, sean necesarias para hacerles frente.
- Dictación de normas nacionales complementarias para la debida
implementación de los tratados. Por ejemplo, la Convención sobre Genocidio impone a los
Estados Partes el deber de tipificar y sancionar en las respectivas legislaciones penales
el delito de genocidio, lo que hasta ahora no se ha hecho en Chile.
c) ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS EFICACES DE DEFENSA
DE LOS DERECHOS HUMANOS
La adecuación, finalmente, supone la existencia de mecanismos
nacionales eficaces de protección de los derechos humanos. La práctica de estos últimos
años ha demostrado que los Recursos de Amparo y de Protección no cumplen ese cometido.
Se hace, entonces, necesario perfeccionarlos. Más adelante, al referirnos a las reformas
que es necesario adoptar en el Poder Judicial, se señalarán las medidas que esta
Comisión sugiere se adopten en relación con estas materias.
d) MEDIDAS COMPLEMENTARIAS:
También aparece como de extrema importancia que Chile participe y
difunda el sistema de promoción y protección de los derechos humanos.
A este respecto, sugerimos la adopción por parte del Estado de Chile
de los siguientes criterios para la actuación internacional en este campo:
- Aumentar la confiabilidad de los órganos internacionales de
supervisión de la conducta de los Estados en materia de derechos humanos, velando por una
composición adecuada de estos órganos. Parece indispensable que dichos órganos sean
integrados por expertos independientes de reconocida calidad moral y profesional, y ajenos
a la contingencia política.
- Utilizar el sistema. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos posee la facultad de emitir opiniones consultivas en ciertas materias que nuestro
país debiera tener presente para usarlas en caso necesario. Otra posibilidad es la
utilización de las facultades asesoras que tienen numerosas organizaciones
internacionales como son Unesco, Unicef, OIT, OEA, para labores de educación en derechos
humanos, cuando así se requiera.
- Perfeccionar el sistema. Sin perjuicio de que el sistema
internacional ha sido y hasta ahora constituye un enorme avance en el desarrollo de los
derechos humanos, adolece de imperfecciones que es necesario corregir. Así el sistema
debe hacerse accesible a los individuos, Además, debe responder en forma efectiva y
oportuna a las reclamaciones de violaciones de derechos humanos. La utilización cada vez
más frecuente del sistema pondrá en evidencia sus limitaciones, con la consiguiente
pérdida de confiabilidad, si es que no se procede desde ahora a corregir las fallas que
retardan el conocimiento y decisión de los asuntos sometidos a la supervisión
internacional.
El perfeccionamiento del sistema hace aconsejable también una
revisión de los tratados generales y especiales sobre derechos humanos con el fin de
hacerlos más coherentes y suprimir las posibles repeticiones.
Envuelve, por último, promover la elaboración de nuevos tratados
internacionales sobre derechos humanos en aspectos no regulados aún por la normativa
internacional vigente, como ocurre por ejemplo con la iniciativa de establecer el delito
de desaparición forzada como crimen de lesa humanidad.
2. EXISTENCIA DE UN PODER JUDICIAL QUE CUMPLA
EFECTIVAMENTE SU ROL DE GARANTE DE LOS DERECHOS ESENCIALES DE LAS PERSONAS
La experiencia histórica de la Humanidad muestra que sólo cuando el
poder queda sometido al derecho es posible garantizar la vida, la libertad y demás
derechos de las personas. Para que así suceda no basta, desde luego, con reconocer
derechos a los ciudadanos o describir los límites de la actuación de los poderes
públicos y de los particulares. Resulta imperioso el establecimiento de mecanismos
eficaces que cautelen adecuadamente tales derechos.
La sociedad confía al Poder Judicial el desempeño de tan importante
función, entregándole en definitiva la protección de las vidas, de la libertad y demás
derechos de sus integrantes. Es por ello que debe darse el máximo de atención a este
poder estatal.
Los chilenos cuyos derechos humanos se vieron afectados durante los
últimos años por razones o bajo pretextos políticos, no encontraron en los Tribunales
de Justicia la protección y el amparo que sus deberes constitucionales y su condición de
Poder del Estado les exigían brindar. Prueba de ello es que de alrededor de 8700 recursos
de Habeas Corpus (Amparo) interpuestos por el Comité Pro Paz y por la Vicaría de la
Solidaridad entre los años 1973 a 1988, no más de 10 fueron acogidos, en circunstancias
de que muchas personas en cuyo favor se ejercieron estos recursos fueron torturadas,
vejadas, ejecutadas o hechas desaparecer en los recintos y por funcionarios de las
instituciones en contra de las cuales se había recurrido.
Revertir la situación descrita, de manera de lograr el desempeño
efectivo por parte del Poder Judicial de su deber fundamental de defender los derechos
esenciales de las personas y asegurar, así, el respeto irrestricto de los derechos
humanos en la sociedad chilena, exige una profunda reflexión que concluya en medidas
concretas que permitan renovar y fortalecer nuestro sistema judicial, entre las cuales la
Comisión sugiere se consideren las siguientes:
a) MEDIDAS TENDIENTES A ASEGURAR LA INDEPENDENCIA E
IMPARCIALIDAD DE LA JUDICATURA
Las reformas a la organización judicial que se adopten han de tener
por finalidad sustancial fortalecer la independencia del Poder Judicial. Esta ha de
entenderse no sólo como la facultad para resolver las causas conforme a derecho con
prescindencia de otras consideraciones, sino también como un compromiso de resolverlos de
esa forma. Allí radica precisamente el nudo del tema de la protección judicial a los
derechos humanos: que los jueces cuenten con la voluntad y la fuerza moral que se requiere
para impedir la violación de estos derechos, de quienquiera que provenga, evitando el
estricto apego a la legalidad formal si ésta produce en el hecho su vulneración.
La organización judicial ha de garantizar que cada juez se sienta
obligado por el derecho y sólo por éste. Al ejercer sus funciones no debe quedar
sometido a otras influencias que no sean las de su conciencia jurídica.
La independencia del poder judicial como institución ha de
sustentarse, en suma, en la independencia de cada juez.
A continuación se formulan diversas recomendaciones tendientes al
logro de este objetivo, varias de las cuales son objeto de iniciativas legales actualmente
en estudio. Esta Comisión ha estimado conveniente, en todo caso, hacerlas presente en
este informe, por su directa incidencia en el problema específico de los derechos
humanos. Tales recomendaciones son:
a.1) En cuanto a la formación jurídica
Sugerir a las Facultades de Derecho de las diversas Universidades del
país una preocupación especial por el tema de los derechos humanos, para que los futuros
jueces y abogados se encuentren cabalmente preparados en dicho tema.
Una adecuada formación en derechos humanos exige conocer, no sólo la
normativa vigente, las instituciones en que se organiza y las relaciones de éstas, que es
la visión que del derecho nos entrega la dogmática jurídica, sino que considerar
también la visión filosófica y la visión sociológica del Derecho. La primera de estas
visiones nos enseña el Derecho Positivo vigente. La segunda y la tercera nos permiten
criticarlo a la luz de los valores y de su eficacia y adecuación social. Tan sólo la
integración de estas vertientes permitirá a los futuros jueces y abogados escoger con
pleno conocimiento y responsabilidad las decisiones que deben tomar en su vida profesional
para el bien de la sociedad.
Se propone, por lo tanto, incluir apropiadamente en los programas de
las Facultades de Derecho todas las perspectivas de estudio del Derecho señaladas, de
manera de entregar una enseñanza integral de éste.
Asimismo, se recomienda instituir, en todas las Facultades de Derecho
del país, una cátedra para la enseñanza de los derechos humanos y otras materias
afines. Se sugiere dar, en estos cursos, especial énfasis a las obligaciones que, a
propósito de los derechos humanos, tienen abogados y jueces, como son, por ejemplo, las
derivadas de la interposición de los recursos de Amparo y de Protección.
La experiencia en el campo de los derechos humanos durante los últimos
años ha demostrado que, bajo el pretexto de una supuesta obligación de aplicar la ley
con rigor formalista, se ha desvirtuado a menudo el verdadero sentido de las instituciones
protectoras de los derechos humanos.
Se recomienda, por lo tanto, proponer a las Facultades de Derecho que
la enseñanza en materia de interpretación de la ley privilegie el aspecto sustantivo de
la institución consagrada en la legislación, abandonando el juez en esta labor, si es
preciso, y por lo menos en todo lo relativo a derechos humanos, su papel de mero aplicador
mecánico de la ley.
La preparación de los jueces en las Facultades de Derecho y los
programas especiales de formación y perfeccionamiento que a ellos se destinen deben
enfatizar el compromiso del juez con los fines del derecho, para que, conforme a él,
encamine siempre sus decisiones.
Para que el poder judicial sea un garante poderoso de los derechos
humanos resulta necesario contar con jueces y abogados fuertemente comprometidos con los
derechos de las personas y con los valores permanentes que los inspiran, principalmente
con los principios de la dignidad del hombre y del Estado de Derecho.
a.2) En cuanto a la carrera judicial
Perfeccionar el actual sistema de nombramientos y promociones en el
Poder Judicial en el sentido de hacer de él un sistema verdaderamente objetivo y que
garantice la carrera funcionaria.
Para contar con jueces que sean y se sientan con suficiente
independencia para controlar las violaciones a los derechos humanos, es importante la
existencia de una carrera judicial con pautas claras, que permita a los funcionarios ir
ascendiendo periódicamente de acuerdo con sus méritos, lográndose con ello la
renovación de los integrantes de los más altos tribunales de la República.
Se sugiere a este respecto propiciar las reformas constitucionales
necesarias para posibilitar el reemplazo del actual sistema de nombramientos de ministros
y fiscales de la Corte Suprema por el Presidente de la República a propuesta en quina de
la misma Corte, por uno en que quien decida tales nombramientos sea exclusiva y
soberanamente un organismo integrado por personas de alta solvencia intelectual y moral
que asegure la independencia de sus decisiones. La adopción de esta medida o de alguna
alternativa a la misma que tienda al objetivo señalado, presenta a juicio de esta
Comisión el carácter de urgente.
Se recomienda, asimismo, considerar la posibilidad de que puedan optar
a ser nombrados como ministros o fiscales de los tribunales superiores de Justicia,
abogados de reconocido prestigio que no pertenezcan al Poder Judicial y que reúnan los
requisitos que al efecto se establezcan.
a.3) En cuanto a las calificaciones de los funcionarios
Perfeccionar el sistema de calificación funcionaria al interior del
Poder Judicial, de manera de asegurar su objetividad.
Para asegurar la independencia de los jueces, se sugiere establecer
legalmente la obligación de fundamentar las calificaciones y ponerlas en conocimiento de
los afectados. Esto les da la posibilidad de corregir y mejorar su desempeño cuando
corresponda.
También se propone suprimir la votación secreta en el proceso
calificatorio del personal del Poder Judicial, pues se considera que ello sólo favorece
la irresponsabilidad en el ejercicio de esta delicada e importante función.
El señor Presidente de la Corte Suprema, en su discurso del pasado 1° de Marzo, a propósito de este tema señaló: "No veo la
razón para negar a un magistrado de la República el derecho que tiene a imponerse de
quiénes y por qué le han incluido entre funcionarios de bajo rendimiento".
Asimismo, se propone incorporar al sistema de calificaciones a toda
persona que sin pertenecer a los tribunales superiores de Justicia, por cualquiera
circunstancia, pase a integrar dichos Tribunales.
Se recomienda, por último, oír a los Consejos del Colegio de Abogados
y a la Corporación de Asistencia Judicial en el proceso de calificación del personal de
la judicatura. La opinión que dichas instituciones tengan sobre el comportamiento
funcionario de las personas que integran el Poder Judicial puede ser sumamente
ilustrativa, toda vez que ellos son los usuarios directos del sistema. Asimismo,
serecomienda establecer la posibilidad legal de que otras entidades o personas puedan
formular observaciones al respecto.
a.4) En cuanto a la responsabilidad por sus actos
Incorporar efectivamente al Poder Judicial al sistema de control
recíproco que se deben los poderes del Estado en un Estado de Derecho.
La existencia de un Estado de Derecho exige que todas sus instituciones
se encuentren sujetas a responsabilidad y fiscalización en el ejercicio de sus funciones.
El artículo 76 de la Constitución Política establece que los jueces
sólo pueden ser removidos de sus cargos si no observaren buen comportamiento, norma que,
por su amplitud, abarca a toda la judicatura. Por su parte, el N°
14 del artículo 32 de la Constitución Política impone al Presidente de la República la
obligación de velar por la conducta ministerial de los jueces, y requerir con tal objeto
a la Corte Suprema o al Ministerio Público para que reclame medidas disciplinarias o
entable la correspondiente acusación constitucional. Finalmente, el artículo 48 N° 2 letra c) de la Constitución Política, incorpora a los
magistrados de los tribunales superiores de justicia al régimen de acusaciones
constitucionales.
Se sugiere propiciar la dictación de la legislación complementaria
que pueda ser necesaria para asegurar el cabal cumplimiento del régimen de control
descrito, particularmente en lo que toca a la actividad ministerial de los miembros del
máximo tribunal.
a.5) En cuanto a la integración de las Cortes
Estudiar la posibilidad de reemplazar la actual institución de los
abogados integrantes por un aumento en el número de Ministros de las Cortes Superiores de
Justicia.
Se estima que el hecho de que la designación de los abogados
integrantes sea resorte exclusivo del Presidente de la República, que sean temporales en
sus cargos y que les esté permitido el ejercicio paralelo de la profesión, puede afectar
la necesaria independencia e imparcialidad que el desempeño de tan delicada e importante
misión, como es el ejercicio de la jurisdicción, requiere.
Se aconseja, por lo tanto, revisar la conveniencia de mantener esta
institución, sobre todo si se acoge la idea de aumentar el número de magistrados a que
se refiere el párrafo siguiente.
a.6) En cuanto al número de magistrados
Aumentar el número de jueces, como asimismo de ministros y fiscales en
los tribunales superiores de Justicia.
El recargo ostensible de trabajo de los tribunales superiores de
Justicia hace indispensable considerar como medida urgente el aumento de la cantidad de
ministros y fiscales en estos tribunales. Esta medida facilitaría la revisión propuesta
en el numerando anterior al permitir reemplazar a los abogados integrantes por miembros
permanentes que se estima pueden cumplir mejor las funciones jurisdiccionales.
b) MEDIDAS DE CARACTER PROCESAL E INSTITUCIONAL
DIRIGIDAS A OBTENER DEL PODER JUDICIAL UN MEJOR CUMPLIMIENTO DE SU DEBER FUNDAMENTAL DE
DEFENDER LOS DERECHOS ESENCIALES DE LAS PERSONAS
b.1) Reformar la jurisdicción castrense para asegurar el respeto a
la garantía constitucional de ser juzgado por un tribunal independiente
El hecho de que magistrados y fiscales de los tribunales castrenses
sean, a la vez, miembros de las respectivas instituciones armadas y estén, por ello,
sometidos a las jerarquías institucionales, compromete seriamente la independencia de
estos tribunales en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
Se sugiere, por tanto, circunscribir la competencia de los tribunales
militares a los delitos estrictamente castrenses, esto es, a delitos cometidos en actos de
servicio por personal activo de las Fuerzas Armadas y Carabineros y contra personas que
pertenezcan, también, a esas instituciones.
Se propone que estos tribunales estén integrados sólo por letrados y
que se encuentren siempre sometidos, cualesquiera sean las circunstancias, a la
superintendencia correccional, directiva y económica de la Corte Suprema, promoviendo a
este efecto las reformas constitucionales o legales que corresponda.
b.2) Propiciar la revisión de las normas procesales del Código de
Justicia Militar de manera de asegurar el respeto a la garantía constitucional del Debido
Proceso
Se sugiere, especialmente, el estudio de las normas que regulan el
procedimiento aplicable en tiempos de guerra, con el objeto de proponer al Poder
Legislativo la derogación de las enmiendas que se le introdujeron poco después del 11 de
Septiembre de 1973, en virtud de las cuales se pretendió legitimar la ejecución de
personas sin proceso previo y la delegación de la facultad de condenar a muerte, ésta
última antes reservada exclusivamente al Comandante en Jefe.
b.3) Asegurar el cumplimiento de las órdenes impartidas por los
tribunales de Justicia
La falta de colaboración efectiva de los organismos policiales y de
investigaciones a la labor de la judicatura ha solido constituir un serio obstáculo para
lograr una cumplida administración de Justicia.
La existencia de una policía especial encargada exclusivamente del
cumplimiento de las resoluciones judiciales, dependiente, no del Poder Ejecutivo, al que
muchas veces afectan las resoluciones judiciales que son ordenadas llevar a cabo, sino que
del Poder Judicial, salva adecuadamente el obstáculo descrito. Se recomienda, por tanto,
estudiar la posibilidad y conveniencia de la creación de una policía judicial.
Otra solución al problema descrito podría ser establecer la
participación del Poder Judicial en la calificación del personal policial encargado de
cumplir sus resoluciones.
b.4) Perfeccionar los recursos de amparo y de protección para hacer
de ellos mecanismos verdaderamente efectivos de resguardo de los derechos humanos
Para este efecto se propone propiciar las reformas constitucionales y
legales que se indican:
b.4.1) Reformas que requieren modificaciones constitucionales:
- Un derecho que no cuente con mecanismos eficaces de resguardo no
constituye una garantía, sino una mera disposición programática.
Se recomienda, en consecuencia, estudiar la posibilidad de ampliar la
esfera de los derechos resguardados por el recurso de protección a todas o algunas de las
garantías constitucionales que aún no cuentan con este resguardo.
Advirtiendo las posibles dificultades que pueda presentar la
ampliación que se sugiere estudiar, se propone en todo caso establecer las medidas
tutelares que la realidad del país haga viables para aquellos derechos que por razones
prácticas sea aconsejable excluir de la cautela que brinda el recurso de protección.
- Derogación de la norma constitucional (artículo 41, N° 3, primera parte) que impide al Tribunal que conoce de los
recursos de protección o amparo durante los estados de excepción constitucional entrar a
calificar los fundamentos o circunstancias de hecho invocadas por la autoridad para
adoptar las medidas en el ejercicio de las facultades excepcionales que le concede la
Constitución. De este modo se da, además, cumplimiento a las Opiniones Consultivas N°s. 8 y 9 de la Corte Interamericana de Justicia.
- Derogación de la norma constitucional (artículo 41, N° 3, segunda parte) que impide la suspensión de los efectos de las
medidas restrictivas a que se hace referencia en el número anterior durante la
tramitación de los recursos, haciendo posible, en virtud de esta derogación, que los
tribunales ejerzan al respecto sus facultades discrecionales, como sería, por ejemplo,
disponer el traslado del afectado a un lugar distinto de aquél en que se encuentra.
b.4.2) Reformas que requieren modificaciones legales:
- Tratándose del recurso de amparo, hacer obligatoria para la Corte de
Apelaciones que conoce del recurso la realización de alguna de la siguientes medidas
alternativas: disponer se traiga a la vista del tribunal la persona privada de libertad y
a cuyo favor se interpuso el recurso ante su presencia; comisionar a alguno de sus
miembros para que concurra al lugar donde esa persona supuestamente se encuentra, para
imponerse de las razones de la privación de libertad y de si se han cumplido los
requisitos que la ley exige para la práctica de esa diligencia.
El desconocimiento de estas medidas o su entrabamiento de hecho por
parte de cualquiera persona o autoridad, deben ser sancionados penalmente y, en el caso de
autoridades, acarrear la suspensión inmediata en el ejercicio del cargo, si se reiterase
la medida y continuare, no obstante, desconocida o desobedecida.
- En el caso del recurso de amparo, hacer obligatorio para el organismo
en contra del cual se recurre, dar a conocer al tribunal la identidad de los funcionarios
aprehensores. De este modo, se constituye prueba acerca de a cuáles funcionarios les cupo
participación en eventuales delitos cometidos en perjuicio de la persona a cuyo favor se
recurrió mientras estuvo detenida.
Vale para esta sugerencia lo dicho en el párrafo final de b.4.2,
primer guión.
- Aclarar que el plazo de caducidad para la interposición del recurso
de protección no se contará mientras se mantenga la privación, perturbación o amenaza
al derecho constitucional que motiva el recurso.
- Dar competencia a los tribunales de cada departamento para arbitrar
las primeras medidas protectoras, correctivas, cautelares o preservativas de los derechos
resguardados por el recurso de amparo, que fueren urgentes e impostergables de realizar
para no hacer inútil el ejercicio de este recurso ante la respectiva Corte de
Apelaciones.
Vale asimismo para esta sugerencia lo dicho en el párrafo b.4.2,
primer guión.
b.5) Restablecer la importancia del recurso de casación en el fondo
como modo de consolidar una interpretación de la ley que sea respetuosa de los derechos
humanos
En el marco de lo expuesto precedentemente (Numeral 1, letra b.1 y
Numeral 2, letra a.1), en orden a interpretar la ley de manera de respetar adecuadamente
los derechos humanos y de propender a que la enseñanza del derecho haga suyo este
postulado y atendida la necesidad de uniformar los criterios de interpretación del
derecho, se estima conveniente restablecer la importancia real del recurso de casación en
el fondo por la vía de facilitar su interposición y fallo. Por ejemplo, eliminar su
rechazo por motivos meramente formales, permitir que la Corte Suprema pueda pronunciarse
sobre la controversia en fallos breves pero fundados y sin necesidad de dictar sentencia
de reemplazo, etc.
b.6) Reformas al procedimiento penal común, tendientes a asegurar
el cumplimiento de la garantía constitucional del Debido Proceso y el respeto de los
derechos humanos
Las sugerencias que a continuación se indican pretenden avanzar en el
cumplimiento de las normas internacionales existentes en la materia, incluidas el pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, ratificado por Chile y publicado
en el Diario Oficial con fecha 29 de Abril de 1989 y la Convención Americana de Derechos
Humanos, ratificada por Chile.
b.6.1) Respecto al valor probatorio
Privar de todo valor probatorio a la confesión extrajudicial obtenida
luego de la detención practicada por Carabineros o Investigaciones si el declarante se
retractase de ella ante el juez.
La posibilidad de retractarse debe introducirse como un trámite
obligatorio del procedimiento penal.
b.6.2) Modificación sustancial de la institución de la
incomunicación
La estadística de organismos internacionales demuestra que la mayor
parte de los casos de tortura se perpetra durante los períodos de incomunicación.
Las modificaciones a esta institución deben ir encaminadas a
garantizar que ella sirva al fin para el que fue constituida, cual es evitar la colusión
de los implicados encaminada a impedir el establecimiento del cuerpo del delito y la
determinación de la participación culpable que les pudiere caber en el hecho, y no se
constituya en una forma de tortura.
Para el logro de este propósito, se sugiere establecer la obligación
para el juez que ordenó la incomunicación de fundamentar su decisión, a lo menos
someramente.
Se recomienda, asimismo, que la incomunicación no impida al detenido o
preso ser atendido por un médico independiente.
Debe regularse más estrictamente la duración máxima de la
incomunicación estableciendo las medidas necesarias para que la duración máxima que se
establezca sea efectivamente respetada.
Se propone, por último, velar porque en la incomunicación se
resguardar adecuadamente la salud física y mental de quienes sean sometidos a la medida,
proporcionando al efecto las acomodaciones indispensables.
b.6.3) Derogación del carácter secreto de la etapa del sumario
como regla general de nuestro procedimiento criminal común
El carácter actualmente secreto del sumario del procedimiento penal
por crimen o simple delito vulnera el derecho humano a la audiencia y deja a los
procesados, mientras dura el sumario, prácticamente en la indefensión. Los derechos
comprometidos durante la investigación criminal son demasiado importantes como para
esperar el término de esta etapa procesal para establecer las condiciones jurídicas
mínimas para su ejercicio.
El conocimiento del sumario constituye la única forma efectiva de
ejercer el derecho a la defensa y de controlar el progreso de la investigación judicial,
hecho éste que es de gran relevancia si se considera que mientras la investigación se
encuentra pendiente, las personas supuestamente involucradas en el hecho que se investiga
están, en muchos casos, privadas de algunos de sus más importantes derechos, como, por
ejemplo, de la libertad personal.
Es cierto, por el otro lado, que el éxito de la investigación de un
hecho punible puede verse en ocasiones seriamente comprometido por el conocimiento que del
sumario tengan las partes.
Debe buscarse, pues, una fórmula que concilie adecuadamente los
aspectos mencionados.
b.6.4) En cuanto a las ordenes de investigar
Cumplir cabalmente la orientación del artículo 120 bis del Código de
Procedimiento Penal, en el sentido de que el Juez no otorgue órdenes amplias de
investigar con facultades de detener y allanar, asegurando, así, el respeto debido a la
garantía constitucional de la inviolabilidad del hogar y de la libertad personal.
Debe especificarse que estas facultades sólo procedan previo decreto
judicial, el cual sólo podrá otorgarse respecto de personas y lugares determinados. Lo
contrario es hacer radicar las funciones judiciales en la policía y solamente sujetarlas
a la revisión del juez, lo que es inadmisible. La policía tiene suficientes facultades
propias respecto del delincuente flagrante y en los otros casos comunicará los avances de
sus investigaciones y pedirá al juez competente (o al de turno que se propone, en casos
urgentes) las órdenes respectivas.
b.6.5) Establecer la institución del Ministerio Público en primera
instancia a fin de separar la función acusatoria de las funciones investigadora y
sentenciadora
El artículo 19 N° 3 de la Constitución
Política establece que "corresponderá al legislador establecer siempre las
garantías de un racional y justo procedimiento".
Se estima que la reforma que se sugiere contribuiría
significativamente al logro del objetivo contemplado en la norma recién transcrita.
b.6.6) Establecer en todo el país juzgados de turno que funcionen
en horas y días que no sean de despacho (noches, sábados, domingos y festivos)
Con esta medida se pretende que sea un juez quien decrete las
detenciones y allanamientos urgentes, disponga las libertades provisionales que procedan
en esos períodos y, en general, las primeras e impostergables diligencias de
investigación. Todo ello, sin perjuicio de remitir los antecedentes al juzgado que
corresponda.
b.6.7) En cuanto al derecho a defensa
Hacer más efectiva la obligación de dar asesoría y defensa jurídica
a quien no la tiene, especialmente en el ámbito de los derechos humanos, todo ello en
conformidad al artículo 19 N° 3 incisos segundo y tercero, de
la Constitución Política.
b.7) Arbitrar las medidas para el mejor cumplimiento por parte de
los tribunales de justicia de las obligaciones que les incumben
Por diversas razones, entre ellas el exceso de trabajo, la judicatura
no puede cumplir cabalmente algunas de sus obligaciones, tales como ejercer personalmente
las funciones jurisdiccionales en lugar de delegarlas en personal subalterno, respetar la
reglamentación de la libertad provisional, los plazos de duración del sumario, los
plazos para la dictación de la sentencia definitiva una vez que la causa queda en estado
de ser fallada, etc., todo lo que importa muchas veces vulnerar relevantes derechos de las
personas.
Reparar esta situación y lograr, así, una rápida y cumplida
administración de Justicia, requiere la adopción de medidas de diversa naturaleza, desde
aumentar la cantidad de los tribunales, desburocratizar la actividad judicial e incorporar
técnicas modernas a la judicatura, hasta una regulación apropiada de la queja
disciplinaria.
Se recomienda, por tanto, el estudio y puesta en práctica de programas
que, abarcando éstas y otras medidas, permitan y hagan efectivamente exigible el
cumplimiento por parte de los tribunales de Justicia de todas sus obligaciones legales.
Una vez en práctica las medidas señaladas, el incumplimiento por
parte de los jueces de las obligaciones en que inciden debe ser sancionado y constituir
nota de demérito de sus calificaciones.
b.8) En cuanto a los medios
Asignación al Poder Judicial de recursos acordes con la dignidad e
importancia de sus funciones, otorgándole la necesaria independencia en estas materias.
La lectura de muchas de las sugerencias precedentes envuelve
necesariamente un mejoramiento presupuestario para el Poder Judicial.
La asignación de los recursos requeridos para el ejercicio de sus
funciones y para asegurar el concurso de funcionarios idóneos resulta inseparable de la
puesta en práctica de las medidas que en definitiva se acepte llevar a cabo.
3. FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN Y SEGURIDAD COMPROMETIDAS
A EJERCER SUS FUNCIONES DE MODO PLENAMENTE CONCORDANTE CON LA OBLIGACION DE RESPETAR LOS
DERECHOS HUMANOS
En un Estado de derecho las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad son
instituciones permanentes del Estado que se encuentran por encima de la contingencia, en
razón de que ha sido toda la nación quien ha confiado a estas instituciones el monopolio
de la fuerza legítima y de que lo ha hecho, precisamente, para que con esa fuerza se
asegure, además de sus funciones propias de defensa, la mantención del Estado de Derecho
y el normal desenvolvimiento de todas sus instituciones.
La tradición histórica de nuestros institutos armados demuestra que
éstos lograron en el pasado atenerse fielmente a los principios expuestos, lo que unido a
su honestidad y a su alta capacidad profesional, reconocida incluso más allá de nuestras
fronteras, les permitió ganarse muy merecidamente el respeto de la ciudadanía que veía
en ellos un motivo de legítimo orgullo nacional.
La situación señalada se grafica haciendo presente que, en
muchísimos casos, las personas pertenecientes al régimen depuesto en 1973 se entregaron
voluntariamente, en la total confianza de que sus derechos esenciales serían respetados.
La investigación de los graves hechos violatorios de los derechos
humanos ocurridos en los últimos años realizada por esta Comisión, la ha llevado a la
convicción de que en ellos hubo participación efectiva de personas pertenecientes a las
Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Es un hecho, además, que en la inmensa mayoría
de los casos investigados no se han hecho efectivas las correspondientes responsabilidades
por los tribunales o por las respectivas instituciones.
El cuadro descrito ha producido en vastos sectores de la sociedad
chilena profunda desilusión, desesperanza y frustación, comprometiendo los sentimientos
de afecto y admiración de que gozan los institutos armados.
Se hace imprescindible, entonces, discurrir medidas que tiendan a
revertir esta situación, en el convencimiento de que su mantención es un obstáculo
insalvable para alcanzar la reconciliación nacional, cuyo logro constituye la mayor
garantía de respeto a los derechos humanos.
Esta Comisión estima, en todo caso, que el establecimiento exitoso de
tales medidas dependerá fundamentalmente del grado de adhesión que logren en los propios
institutos armados. Consideramos, por lo tanto, indispensable que ellas sean fruto de una
discusión amplia de carácter cívico militar.
En consecuencia, las sugerencias que esta Comisión formula a
continuación sólo pretenden proporcionar elementos de juicio que contribuyan al debate
que se propone.
Dichas sugerencias se refieren a dos campos diferentes, aunque
complementarios entre sí: educacional e institucional.
a) EN EL CAMPO EDUCACIONAL SE RECOMIENDA:
- Estudiar la forma de incorporar a los programas de estudio de las
escuelas matrices y, en general, de los centros de formación y perfeccionamiento de los
institutos armados, en la medida en que esto no haya ocurrido, asignaturas o contenidos
relativos a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, poniendo énfasis
en las obligaciones que a propósito de estos derechos tienen estas instituciones. Se
recomienda para estos efectos tener a la vista documentos aprobados por organismos
internacionales en estas materias, tales como el Código de Conducta para los Funcionarios
Encargados de Hacer Cumplir la Ley emanado de la Organización de las Naciones Unidas, en
lo tocante a Carabineros e Investigaciones.
Debe difundirse el concepto de que todo miembro de los institutos
armados ha de tener clara conciencia de su condición de persona, de ser, él mismo,
sujeto de derechos humanos y de tener la obligación de respetarlos en los demás.
- En cuanto ello no ocurra en la actualidad, sería conveniente que las
asignaturas o contenidos fueran impartidos por profesores especializados.
- En la enseñanza del tema de los derechos humanos debe prescindirse
de apreciaciones políticas e históricas subjetivas.
- La tarea pedagógica que se sugiere podría fortalecerse con
programas específicos sobre estas materias por parte de las Vicarías Castrenses, lo cual
debería planificarse en conjunto entre los altos mandos y las autoridades eclesiásticas
católicas y de otras denominaciones religiosas e instituciones morales laicas.
- Dar a conocer a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad los
acuerdos internacionales respecto de los derechos humanos y la evolución que experimenta
esta materia, especialmente en lo que pueda afectarlas.
- Sería recomendable incrementar las relaciones entre los institutos
armados y la sociedad civil en el campo educacional y de capacitación profesional, con el
objeto de crear canales de diálogo y generar confianza entre los distintos actores
sociales. Para el efecto se propone invitar a los actores castrenses a participar en
actividades civiles. En esta materia se sugiere promover la participación de uniformados
en programas de postgrado en las Universidades. Asimismo se sugiere propiciar la
invitación de actores civiles a los centros académicos castrenses.
b) EN EL CAMPO INSTITUCIONAL ES NECESARIO:
- Estudiar el concepto de la seguridad nacional y sus consecuencias en
el plano del respeto de los derechos esenciales de los ciudadanos, que los institutos
armados están llamados a proteger, con el objeto de propiciar las reformas
constitucionales y legales que tales estudios hagan aconsejables.
- Redefinir con precisión las funciones de los servicios de
inteligencia, limitándolas a una labor de información y establecer un adecuado régimen
de control de los mismos.
El Estado en Democracia debe disponer de servicios que cumplan las
funciones de reunir información cuando ésta les sea requerida por las autoridades
legítimamente habilitadas para ello; de procesar esa información; y, por último, de
comunicarla a las autoridades requirentes.
Por otra parte, los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y
de Carabineros y de la Dirección General de Investigaciones deben limitar su acción a su
respectivo campo institucional, guardando una magnitud acorde con la de su institución y
con las tareas encomendadas, y cumpliendo los principios del párrafo anterior.
Para llevar a cabo la redefinición que se propone, se hace necesario
estudiar la dictación de una legislación adecuada, que deberá contemplar mecanismos de
supervisión y control suficientes.
- Definir una política antiterrorista que concilie la eficacia en el
logro del objetivo de erradicar el terrorismo con el pleno respeto a los Derechos Humanos.
Para este objeto se hace preciso regular adecuadamente las atribuciones
investigadoras de la policía que pueden resultar en detrimento de los derechos de los
ciudadanos, como ocurre, por ejemplo, con la ampliación a 10 días del plazo que se
otorga para entregar a la justicia a un detenido.
- Principio de la obediencia debida.
Esta Comisión pudo comprobar cómo la aplicación indiscriminada del
principio de la obediencia debida desempeñó en ocasiones un papel importante y decisivo
en numerosas de las violaciones a los derechos humanos investigadas.
Se recomienda estudiar con atención tanto la normativa vigente que
regula el principio de la obediencia debida como la formación que a propósito del mismo
se entrega a los uniformados, a fin de que, sin desconocer la validez e importancia que
este principio tiene para el desempeño de las funciones de los institutos armados, se
asegure que su aplicación no sirva de excusa para violar los derechos humanos ni se erija
en un obstáculo para respetarlos.
- En lo relativo al Servicio Militar Obligatorio se propone fomentar un
trato respetuoso de los conscriptos y erradicar, en general, las prácticas lesivas de la
dignidad de las personas que puedan existir, formando conciencia de que la disciplina
militar no requiere de tales prácticas y que, por el contrario, se ve favorecida con su
eliminación.
- Restituir al Ministerio del Interior la dependencia del Cuerpo de
Carabineros de Chile y del Servicio de Investigaciones.
Que las funciones de estos organismos, a saber, garantizar el orden
público y la seguridad pública interior y dar eficacia al derecho, sean resorte del
Ministerio aludido, facilita la fiscalización de los mismos por este ministerio,
incluyéndose lo relativo al resguardo de los derechos humanos que pueden verse
comprometidos por la actividad de estas instituciones.
- Adoptar medidas tendientes a obtener el íntegro cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política en el sentido de radicar
exclusivamente en Carabineros e Investigaciones las funciones de resguardo del Orden y
Seguridad Públicas, suprimiendo cualquier organismo del Estado que pretenda cumplir estas
funciones y evitando la creación de otros que en el futuro persiguieran igual propósito.
- Dictación de norma constitucional que disponga que las detenciones
por delitos no flagrantes sólo pueden ser practicadas por intermedio de Carabineros e
Investigaciones y, eventualmente, por la Policía Judicial si ésta se crease. Ello,
obviamente, previa orden impartida por la autoridad competente.
- Promover una mayor integración a la sociedad de los miembros de las
Fuerzas Armadas y de Orden y de su familias, procurando su incorporación a actividades
socioculturales comunes. Asimismo, evitar, en lo posible, el aislamiento en materia
habitacional. Conocerse mutuamente constituye un primer paso en el camino hacia la
reconciliación.
4. CREACION DE UNA INSTITUCION CUYA FUNCION SEA LA
PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS
En virtud de la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada y
proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de Diciembre de 1948,
particularmente del considerando penúltimo de su preámbulo, el Estado de Chile, al igual
que los demás estados miembros, ha asumido el compromiso de "asegurar, en
cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo
a los derechos y libertad fundamentales del hombre".
Numerosos países, hasta la fecha más de 60, han dado cumplimiento a
este compromiso creando, con distintas características dependientes de las circunstancias
especiales de cada uno de ellos, una institución inspirada en lo que se conoce como el
Defensor del Pueblo u "Ombudsman".
En este marco y frente a la necesidad práctica imperiosa de vigorizar
nuestro sistema normativo de protección a los derechos humanos, esta Comisión recomienda
estudiar la posibilidad de establecer en Chile una institución cuyo fin específico sea
proteger al hombre corriente de los abusos de poder que se inserte debidamente en nuestro
régimen jurídico.
Sin que nos corresponda formular una recomendación específica sobre
el particular, creemos del caso señalar algunos principios generales a que esta
institución debiera sujetarse en caso de resolverse su creación:
- Su función principal deberá ser velar por el respeto efectivo, por
parte de todo funcionario del Estado, de los derechos humanos garantizados en la
Constitución Política y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se
encuentren vigentes.
Para este efecto, podrá actuar de oficio o recibir denuncias de los
afectados; investigar las mismas por los medios que estime apropiados, pudiendo para ello
requerir información de cualquier funcionario del Estado, quien se encontrará obligado a
proporcionarla, y dar cuenta a las autoridades que correspondan de las actuaciones
violatorias de los derechos humanos que haya constatado, a fin de obtener que se corrijan.
- Deberá asegurarse, a través de un sistema de nombramiento adecuado,
el carácter independiente y la alta solvencia moral de quien o quienes tengan a su cargo
esta responsabilidad. Estas personas deberán gozar de fuero, con el objeto de preservar
su independencia en el ejercicio de sus funciones.
- Esta institución deberá contar con las atribuciones y medios
necesarios para ejercer sus funciones con independencia de toda otra autoridad. Deberá
cuidarse, en todo caso, que sus funciones no interfieran con las de los Tribunales de
Justicia u otras instituciones del Estado.
- El ejercicio del cargo de quien o quienes asuman esta responsabilidad
deberá estar limitado en el tiempo.
5. MODIFICACIONES ESPECIFICAS DEL ORDEN NORMATIVO, EN
ARAS DE UNA MEJOR PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN MATERIA CONSTITUCIONAL, PENAL Y
PROCESAL PENAL
El cumplimiento de las condiciones señaladas precedentemente no es por
sí solo suficiente para lograr establecer en Chile una legislación efectivamente
respetuosa de los Derechos Humanos. Se hace necesario, también, la adopción de medidas
complementarias en diversas otras áreas.
A continuación se señalan algunas de estas medidas:
a)ASEGURAR EL PLENO RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
EL ACTO DE LA DETENCION Y EN LOS RECINTOS DE DETENCION Y CARCELARIOS
Las sugerencias que a continuación se indican pretenden avanzar en el
cumplimiento de las normas internacionales sobre trato de detenidos y presos, entre ellas,
la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanas o degradantes, de 1984, ratificada por Chile y publicada en el Diario Oficial
con fecha 26 de Noviembre de 1988; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar
la Tortura, de 1985, ratificada por Chile y publicada en el Diario Oficial con fecha 26 de
Noviembre de 1988; y el Cuerpo de Principios para la Protección de Todas las Personas
bajo cualquier forma de Detención o Prisión, de las Naciones Unidas y el Código de
Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, también de las
Naciones Unidas.
a.1) Sugerencias relativas a la normativa reguladora del acto de la
detención
- Estudiar la procedencia de morigerar la autorización legal
indiscriminada dada por los artículos 288 y 289 del Código de Procedimiento Penal a
Carabineros e Investigaciones para hacer uso de sus armas de fuego como medio legítimo
para asegurar o reducir a la persona a quien se trata de aprehender, cuando ésta aún no
lo ha sido y se trata de dar a la fuga, ya sea delincuente flagrante o alguien a cuyo
respecto existe orden de detención pendient |