Informe Rettig

INFORME DE LA COMISION NACIONAL DE VERDAD Y RECONCILIACION
Presidente de la Comisión: Raúl Rettig Guissen. Miembros de la Comisión: Jaime Castillo Velasco, José Luis Cea Egaña, Mónica Jimenez de La Jara, Ricardo Martin Díaz, Laura Novoa Vázquez, Gonzalo Vial Correa, José Luis Zalaquet Daher. Secretario de la Comisión: Jorge Correa Sutil. Santiago de Chile, 4 de  marzo de 1991
_________________________________VOLUME 1

SEGUNDA  PARTE ()

CAPITULO I

MARCO POLITICO

Este capítulo comprende dos partes, ambas relacionadas con las ideas y los hechos de la política nacional que, a juicio de la Comisión, se vinculan a su cometido.

La primera parte analiza la situación imperante en Chile el 11 de septiembre de 1973.

No compete a la Comisión pronunciarse sobre los hechos ocurridos ese día y los inmediatamente posteriores, sobre si ellos fueron o no justificados ni sobre si existía o no otra salida para el conflicto que los originó. Además, respecto de todas estas materias pueden existir y existen, legítimamente, distintas opiniones.

Pero el estado del país a esa fecha, estado que cabe describir como de aguda crisis en la vida nacional, representa la destrucción o debilitamiento de un gran número de puntos de consenso entre los chilenos relativos a instituciones, tradiciones, supuestos de convivencia social y política, y otros, que son a la vez, salvaguardia del respeto a los derechos humanos. El conocimiento de la crisis de 1973 se hace entonces indispensable, tanto para entender las gestación de las posteriores violaciones de esos derechos que hemos debido investigar, como para prevenir que ellas se repitan. Esto, en ningún caso, como ya se ha dicho, puede ni debe entenderse en el sentido de que la crisis de 1973 justifique ni excuse, en ninguna medida, tales violaciones.

El estudio que haremos de esta crisis, se referirá fundamentalmente a sus causas inmediatas y, dentro de ellas, a las de orden político-ideológico. No ignora la Comisión que la crisis tenía raíces más profundas, de carácter socio-económico, pero explorarlas - excepto por referencias puntuales - hubiese ido más allá de su cometido, y del objeto directo del presente capítulo. No puede, sin embargo, dejar de decir que el origen último de la crisis deberá buscarse en la lucha, a lo largo del siglo, y dentro del régimen republicano, entre los distintos y divergentes intereses sociales.

Pero es en el orden político-ideológico donde se gestan y entran en pugna doctrinas y actitudes que repercuten - directa o indirectamente, pero de manera casi inmediata - sobre el tema de los derechos humanos.

En cuanto a la segunda parte, casi es innecesario señalar que los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973, significaron un profundo cambio en el régimen político del país - principios, estructuras e instituciones; ideologías oficialistas y opositoras - y en sus actores individuales y colectivos.

Los rasgos fundamentales del cambio se mantuvieron hasta 1988, pues si bien el año 1980 entró en vigor una nueva Carta Fundamental, ella contemplaba un período de transición hacia su vigencia plena, período que debería prolongarse por ocho años. Y este período era regulado por un conjunto de artículos transitorios, los cuales - en lo básico, y aún en muchos detalles -reproducían fielmente el régimen anterior, 1973-1980.

De todo ello, lo que concierne a la Comisión - y constituye por ende materia de la segunda parte de este capítulo - es cómo el régimen político 1973-1988 pudo facilitar las graves violaciones de los derechos humanos que abarca este Informe. No nos corresponde juzgar sobre las otras bondades u otros defectos de ese régimen, ni sobre sus logros o fracasos; asuntos respecto de los cuales también cabe que existan y efectivamente existen legítimas discrepancias.

 A.- PRIMERA PARTE : SITUACION DE CHILE AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973  

La crisis de 1973, en general, puede ser descrita como una aguda polarización a dos bandos - gubernativo y opositores - en las posturas políticas del mundo civil. Ninguno de estos bandos logró (ni probablemente, quiso) transigir con el otro, y en cada uno de ellos hubo, aún, sectores que estimaban preferible, a cualquier transacción, el enfrentamiento armado.

Lo expuesto no significa que todos los chilenos se hallasen así polarizados, ni que dejara de haber, en ambos bandos, partidarios del entendimiento antes que del enfrentamiento. Mas parece indiscutible que - cualesquiera que fuesen los motivos - en el discurso y acontecer políticos llegaron a primar la polarización y, progresivamente, los sectores más violentos de ésta.

 1. ORIGEN DE LA POLARIZACION.

Según adelantábamos, el origen último de la crisis así descrita es, naturalmente, muy complejo, y está abierto a múltiples interpretaciones que no corresponde a la Comisión juzgar ni profundizar. Pero debe señalar los factores que, a su juicio, fueron más importantes para generar la polarización y la crisis, y también, por consiguiente, sus dolorosas y las más de las veces innecesarias consecuencias.

a) A partir de los años 1950, el país - como muchos en América Latina - presenció la inserción de su política interna en la lucha entre las superpotencias, la llamada "guerra fría", que por su carga de opuestos intereses e ideologías de nivel mundial, implicaba en sí misma una polarización. Ella afectó a Chile, al comienzo - quizás -en escasa medida, pero muy fuertemente a partir de los años 1960, con la Revolución Cubana. Esta pretendía resolver los problemas que a su juicio eran comunes de latinoamérica, derivados de la existencia de dictaduras militares y de serios desniveles económicos y sociales. Como se verá en la segunda parte, dicho acontecimiento rebasó las fronteras del país en el cual se daba, y vino a ser un episodio de la "guerra fría" y a oponer en toda Latinoamérica la "insurgencia" cubano-soviética versus la "contrainsurgencia" norteaméricana, - con sus respectivos aliados locales -, constituyendo una forma extrema de polarización. La acompañó la intervención activa de las dos superpotencias en la vida política de los diversos países latinoamericanos. El nuestro no fue una excepción, ni hubo sector alguno de la política nacional enteramente libre de esos influjos.

b) Casi simultáneamente, pero en forma irrelacionada - aunque vinculada a fenómenos del intelecto también mundiales -, la polarización recibió un segundo impulso, al ideologizarse los partidos y movimientos. Es decir, al propiciar ellos - en mayor o menor grado - modelos completos de sociedad, tocante a los cuales no admitían modificaciones, postergaciones ni transacciones, si no fuesen mínimas. Pero como de hecho esos movimientos y partidos carecían de fuerza política bastante para imponer dichos modelos, el resultado práctico de ideologizarse aquéllos fue que se agudizara aún más la polarización.

c) Sin embargo, la vida política discurría, hasta el momento, en un acatamiento común, a los menos aparente, de las reglas de juego democráticas. La democracia era sostenida por la mayoría de la población, a pesar de los múltiples problemas de todo orden en torno de los cuales se contendía.

Pero este acatamiento comenzó a debilitarse, a medida que avanzaban los años 1960.

En ciertos sectores políticos, tomó cuerpo la idea de ser la fuerza el camino prioritario, y hasta único, para imponer - según el caso - el cambio o la mantención del modelo de sociedad propiciado. Paralela y correlativamente, los procedimientos de la democracia - la vía electoral de acceso al poder - y sus instituciones, v. gr. el Parlamento, eran objeto de crítica y desprestigio por parte de esos mismos sectores.

Ellos existían tanto en la que se suele llamar "izquierda" como en la que se acostumbra calificar como "derecha".

En algunos sectores de la Izquierda, el planteamiento de la nueva actitud se relaciona principalmente con la Revolución Cubana.

Ella puso en primer plano la "vía armada" para conquistar el poder. Incluso uno de sus hombres más importantes, y de mayor influencia ideológica y arrastre personal en el resto de América Latina - Ernesto Guevara -, declaró y fundamentó ser ese camino, el del enfrentamiento, el único real. Consecuentemente, los otros caminos - por ejemplo, el democrático o electoral; el de la propaganda política y doctrinaria; el de las reivindicaciones y luchas sociales; el parlamentario, etc. - erán sólo complementos de aquél o (si no se les daba tal carácter) meras ilusiones.

El grupo político que, entre nosotros, asume más tempranamente estas ideas de Guevara, es el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fundado en 1965 y que en 1968 pasa a la clandestinidad; desde ella ejerce acciones armadas y prepara la conquista insurreccional del poder.

El MIR no perteneció a la Unidad Popular y minusvaloró la campaña electoral de 1970, que concluiría con el triunfo de aquélla.

Pero en dicha combinación política existieron sectores considerables de ideología igual o parecida al MIR. Desde luego, el Partido Socialista la adoptó oficialmente en el Congreso de Chillán (1967), y la reafirmó en el de La Serena (1971), cuando ya estaba en el poder con la Unidad Popular, eligiendo entonces una mayoría del Comité Central y un Secretario General que creían firmemente en la inevitabilidad del enfrentamiento armado.

Es cierto que el Partido Socialista había tenido, antes, una inserción plena en la política democrática, por más de treinta años. Es cierto que, aún después de 1967, hubo en su seno fuertes corrientes de igual orientación. Es cierto que la práctica de la violencia política, por parte de sus militantes, fue mucho menor que la del MIR. Pero también es cierto que su discurso político y actuaciones lo asemejaban a aquél, más que al antiguo Partido Socialista.

Posturas similares fueron adoptando en los años 1970-1973 el ala oficial del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y la Izquierda Cristiana.

No sería completo ni equitativo el cuadro, si no añadiésemos existir en la Izquierda, y específicamente en la Unidad Popular, otros sectores que rechazaban la vía armada, fuere absolutamente, fuere en las condiciones político-sociales (las "condiciones objetivas") entonces imperantes. Era el caso del Partido Comunista; del MAPU Obrero y Campesino; de la mayoría del Partido Radical; y personalmente del mismo Presidente Allende, cuya "vía pacífica", o "chilena", nueva forma (en su concepto) del marxismo-leninismo, descartaba de un modo taxativo el empleo de la violencia. Sin embargo, al desenvolverse el período final de la crisis, 1970-1973, estos sectores se vieron desplazados, desbordados y - en ocasiones - seducidos y arrastrados por los que postulaban la fatalidad del enfrentamiento.

En la Derecha, hubo asimismo grupos que, oficialmente o en su conducta práctica, propiciaron - por lo menos al término de la crisis - una salida armada para ésta. Uno de ellos, el llamado "Tacna", que publicaba el periódico de ese nombre, postuló abiertamente el golpe militar. Igual sucedió, de hecho si no en la teoría, con dirigentes y militantes del Movimiento Nacionalista Patria y Libertad, que intervinieron en el frustrado conato de sublevación militar conocido como "el tanquetazo" (29 de junio de 1973), y posteriormente, ese propio año, en un nuevo proyecto de parecido orden que fue interrumpido en su gestación por el 11 de septiembre. Tocante al resto de la Derecha, no participó de ninguna acción similar (ni aún de la última y decisiva). Sin embargo, siempre existió en ella - aunque no en toda ella - una mentalidad propicia a resolver ciertos problemas (algunos de carácter social, por ejemplo, o el del comunismo) mediante el uso de la fuerza. Por otra parte, un episodio como la conspiración llamada "Complot de Schneider", en 1970, así como el comportamiento post-11 de Septiembre de la mayor parte de los dirigentes derechistas, parecen señalar que un porcentaje apreciable de ellos y de sus bases favorecía, asimismo, una solución violenta, al menos en los momentos finales de la crisis 1970-1973. Lo mismo, en escala más reducida, puede decirse de sectores centristas.

Cualquiera que haya sido el peso relativo de tales grupos dentro de la "Derecha" y del "Centro", ellos adquirieron, como en el caso de los movimientos de "Izquierda" ya mencionados, una gravitación creciente en ese período postrero. Esto, sin minusvalorar los esfuerzos que, desgraciadamente sin éxito, hicieron otros sectores más moderados para abrir vías de acuerdo entre Gobierno y Oposición, por ejemplo, los contactos patrocinados por la Iglesia Católica.

2. FASE FINAL DE LA POLARIZACION Y DE LA CRISIS. A contar de 1970, los fenómenos que hemos narrado se agudizan violentamente, en parte por su propia, natural dinámica - era lógico que quienes postulaban el enfrentamiento como necesario, tendieran a provocarlo o, por lo menos, a no rehuírlo -, en parte por la acción de nuevos factores, todos relacionados con el ascenso de la Unidad Popular al poder y gobierno.

a) La Revolución Cubana y la "guerra fría" vuelven a contribuir, indirectamente, a acelerar nuestra crisis.

En su contexto, la victoria de la Unidad Popular y del Presidente Allende, el año 1970, fue mirada como triunfo de una de las superpotencias en pugna, la U.R.S.S., y como derrota y amenaza para la otra, los Estados Unidos de Norteamérica.

Ello explica que el Gobierno de este último país planificara y ejecutase de inmediato una política de intervención en los asuntos internos de Chile, cuyo objeto fue doble: impedir el ascenso de Salvador Allende al poder, en octubre de 1970 (el llamado track one, "primer camino"); y después, ya fracasado este intento, la desestabilización económica del nuevo Gobierno (track two, "segundo camino").

b) Lo anterior se relaciona directamente con la devastadora crisis económica que se hace sentir en Chile a partir de 1972, y que formó parte integral y trascendental de la crisis más amplia culminada en septiembre de 1973. Caracterizaron aquélla la inflación, en términos nunca antes conocidos; el quiebre productivo y el agudísimo desabastecimiento de artículos esenciales; el descalabro del comercio exterior, y una progresiva paralización de la economía entera.

No es papel de la Comisión analizar estos hechos, pero se atreve a decir que confluyeron en ellos factores de manejo propiamente económico, y otros de índole político-social, como el pobre desempeño de las empresas y tierras estatizadas o en vías de serlo; la ya vista presión norteamericana (el "segundo camino"), agravada por la disputa entre los dos países alrededor de la nacionalización del cobre; y los paros activados por la oposición, especialmente el de octubre de 1972.

Cualesquiera que hayan sido las causas de la crisis económica, no parece discutible que ella contribuyó con singular intensidad a desarrollar la situación que desembocaría en los sucesos de 1973.

c) Si la oposición partidista no tuvo, según se ha visto, una posición tan neta de "vía armada" como la que tenían algunos sectores de Gobierno, no parece discutible que, a través de organismos políticos (partidos y Congreso) y sociales (gremios productivos y profesionales), intentó obligar a la Unidad Popular a transigir, preterir o abandonar su modelo de sociedad, colocándola en la disyuntiva de hacerlo o de enfrentar un país ingobernable.

"Vía armada" e "ingobernabilidad" vinieron a ser, de tal modo, indicativas de conceptos excluyentes de sociedad, ninguno de los cuales podía imponerse al otro democráticamente, y sin tampoco admitirse transigirlo con el adversario, abriendo así camino a una salida pacífica.

d) Sin embargo, para que los sectores gremiales y profesionales, así como las bases más que las directivas de los partidos opositores, hayan llegado a esa postura de extrema rebeldía - el paro conducente a la ingobernabilidad - no es explicación bastante el apasionamiento político de la hora.

Además, esos sectores se sintieron desamparados por los mecanismos estatales llamados a proteger sus derechos. Sintieron que dichos mecanismos - Congreso Nacional, Contraloría, Justicia - eran impotentes para detener la violación de aquéllos.

¿Era verdaderamente así? La Comisión quiere señalar algunas circunstancias que podrían estimarse justificativas de esos temores, y que van multiplicándose y acentuándose a partir de 1970:

- Hubo repetidos atropellos al derecho de propiedad, en forma de "tomas" (ocupaciones ilegales) de inmuebles agrícolas y urbanos y de empresas. En la mayor proporción de esos casos, los dueños no fueron amparados en la restitución de su dominio, ni los hechores sancionados. Fue frecuente que las órdenes judiciales de restitución, no recibieran cumplimiento por parte de las autoridades administrativas.

- En esas "tomas", y en las "retomas" correlativas - reocupaciones violentas que hacían los propietarios, de sus bienes usurpados -, la fuerza armada de particulares pasó a sustituir, como un hecho usual e impune, a la fuerza pública de orden, la cual - a su vez - se vio administrativamente impedida de actuar en las "tomas", y solió ser deliberadamente pasiva en las "retomas".

- Los acontecimientos recién descritos se multiplicaron progresivamente, al avanzar la fase 1970-1973, creando un cuadro global de desorden y de desconocimiento de los derechos de los particulares y de la función propia de la policía.

- A menudo esos acontecimientos tuvieron, para ambos bandos, consecuencias de sangre: muertes homicidas, lesiones graves, suicidios; también hubo secuestros y vejaciones. Pero estos delitos tuvieron un tratamiento político, antes que judical. Incluso, en un caso al menos - el asesinato de un estudiante mirista por otro comunista, en el recinto de la Universidad de Concepción - se declaró públicamente que era un problema político, no penal, y de hecho no recibió sanción.

- En el proceso estatizador, o de formación del "área social" de la economía (agrícola, de la industria o del gran comercio), la Unidad Popular, que carecía de la legislación necesaria a ese efecto, y de la fuerza parlamentaria que le permitiese dictarla, utilizó al máximo las leyes existentes, forzando su sentido hasta el extremo, y aún sobrepasándolo. Los afectados interpretaron esto como un abuso, y como una forma de soslayar la voluntad de las mayorías electorales y del Congreso.

- El Gobierno, de su lado presentaba esta misma situación sólo como el fruto de la resistencia de los intereses creados al cambio social.

La Comisión entiende que todos estos puntos son suceptibles de diversas y contradictorias versiones e interpretaciones. Entiende, también, que la violencia no fue exclusividad de ningún bando, y que era avivada porque - efecto propio de la polarización aguda - cada cual se veía a sí mismo rebasando la legalidad sólo porque el otro lo había hecho antes, y para defenderse. Pero, en la práctica el conjunto de circunstancias anotadas recibió entonces una explicación común y uniforme, por parte de los sectores directamente perjudicados por el desorden e ilegalidad reinantes: que la administración no protegía sus derechos, ni éstos - una vez conculcados - hallaban amparo eficaz en la policía, la justicia, la Contraloría, etc. La única defensa (pensaron, por ello) era la propia, difundiéndose la idea de presión irregular sobre el Gobierno (los paros), y la de grupos armados, urbanos y agrarios igualmente irregulares, para defender el dominio de inmuebles y empresas, y la seguridad de las personas. Es indiscutible que estas ideas calaron hondamente en pequeños y medianos propietarios del campo y la ciudad, y en empresarios también modestos de la industria, el comercio, el transporte, etc., así como en los gremios profesionales. Al otro lado, inevitablemente, estas milicias privadas de oposición fueron miradas como preparatorias de un golpe, y dieron alas a formarse grupos paramilitares pro Gobierno. Por otro lado, los sectores extremos de cualquier signo, no necesitaban motivo ni pretexto para armarse. Y así cundió en Chile la fiebre de hacerlo.

e) Finalmente, no puede olvidarse -en la descripción de la fase última de la crisis, 1970-1973- el papel jugado por los medios de comunicación.

No en todos ellos, pero sí en algunos, especialmente escritos, de vasta difusión - y de ambos bandos -, la destrucción de la persona moral de los adversarios alcanzó limites increíbles, y se recurrió para ello a todas las armas.

Presentada así en ambos extremos, la figura del enemigo político como despreciable, su aniquilamiento físico parecía justiciero, si no necesario, y no pocas veces se llamó a él abiertamente.

El globo de los factores que hemos descrito, anteriores y posteriores a 1970, condujo, hacía 1973, a un clima objetivamente propicio a la guerra civil.

Esta y aquél significaban aceptar la posibilidad, y quizás la inevitabilidad, de que adversarios inocentes fueran sujetos a sufrimientos físicos y morales. Era el precio a pagar por lo que, en el clima de guerra civil, se suponía estar en juego: la vigencia de un modelo de sociedad declarado (por cada bando el suyo) el único aceptable; la mantención de derechos básicos e inalienables; la vida misma... "Ellos o nosotros". "Matar o morir". "Hay que extirpar el cáncer." "No se puede hacer la tortilla sin quebrar algunos huevos". Fueron entonces frases comunes, que denotaban sentimientos profundos que no podían servir a ninguna convivencia pacífica y, al revés, preparaban el terreno para el temor que engendra el odio que conduce a la brutalidad y la muerte.

Estos frutos ya se estaban recogiendo al acercarse el 11 de septiembre de 1973, y cada nuevo atentado con explosivos, asesinato político o enfrentamiento de igual carácter - o de índole social - resultante en muertos o heridos, surtía un doble efecto; exacerbar todavía más el clima de guerra civil, y vanalizar la violencia y la muerte. Ello rompía los diques morales de la sociedad y pavimentaba el camino a nuevos y mayores excesos.

3. PAPEL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN.

Hasta su decisiva intervención de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas y de Orden, sin perjuicio de las ideologías y polémicas que se entrecruzaban en su seno, se mantuvieron al margen de la crisis, y en el papel de profesionalismo, disciplina, obediencia al poder civil y neutralidad política que la Constitución les asignaba.

Sin embargo, la crisis misma, al exacerbarse, las iba apartando de ese papel. Paulatina pero inexorablemente, constante y crecientemente. Entre otras, por las razones fundamentales que se van a enumerar.

Es muy probable que, amén de estas causas, empujara también a las Fuerzas Armadas y de Orden - en la dirección de asumir el poder - la corriente ideológica que existía en su seno, y de la cual hablaremos de inmediato. A esta corriente le convenía, para sus deformados conceptos de contrainsurgencia y seguridad nacional, un régimen autoritario. Y las circunstancias de la crisis favorecían a los uniformados de esa doctrina, y desfavorecían al sector, probablemente mayoritario, que hubiese preferido continuar en el rol tradicional y constitucional de los institutos militares.

Las razones anticipadas fueron:

- La intensificación de la crisis llevaba la ardiente disputa del mundo civil, al seno de la oficialidad, amenazando dividirla como aquel mundo estaba ya dividido, y escindir también - con ello - a las Fuerzas Armadas y de Orden.

Ahora bien, esta última división era lo único que podía transformar el "clima" de guerra civil, en guerra efectiva. Es sabido que no hay guerra civil si se enfrentan sólo civiles, pues éstos carecen de los elementos bélicos necesarios para elevar el simple choque armado a la categoría de guerra. Esta exige la presencia, en cada bando, de cuerpos considerables de las Fuerzas Armadas y de Orden, vale decir, de soldados profesionales. Lo que exige que tales Fuerzas se dividan.

Ellas, entonces, tenían que considerar la posibilidad de que su no-actuar trajera un mal mayor: la guerra civil, mediante su propia división.

Es fácil, a posteriori, indicarles el camino alternativo: el de haberse conservado, a la vez, unidas y dentro de la Constitución. Tampoco puede descartarse de plano la factibilidad práctica de esa alternativa. Pero los altos mandos debían sopesar, en aquella fecha, las consecuencias de un fracaso, y si los oficiales bajos y medios podrían mantenerse dentro de una unidad que el mundo civil se había demostrado incapaz de preservar.

- La crisis, en el nivel en que se encontraba, y más todavía una guerra civil - presentando un país debilitado y escindido -, agudizaban apetitos foráneos e implicaban, por tanto, un peligro contra la seguridad exterior, misión específica de las Fuerzas Armadas y de Orden. En los años inmediatamente posteriores, hasta concluír la década, se demostraría sin lugar a dudas que el evento de conflicto externo con países vecinos no era meramente teórico.

- La "vía armada" y la "ingobernabilidad" implicaban, además, y así se estaba demostrando diariamente, una perturbación constante y en aumento del orden público, la seguridad interior, y el funcionamiento de la economía en sus aspectos más primordiales (v. gr., alimentación básica). Mucho de esto - y aún todo, para un concepto muy amplio de seguridad nacional - lo entendían las Fuerzas Armadas y de Orden como, también, de responsabilidad suya.

- Por otra parte, la "vía armada" y la "ingobernabilidad" trajeron, según anticipamos, la proliferación de grupos paramilitares.

Estos solían ser presentados, o presentarse ellos mismos vociferantemente, como numerosos, bien equipados y entrenados, y muy eficaces.

Las Fuerzas Armadas y de Orden no podían verificar estas eventualidades y debían tomarlas, en prudencia, como efectivas.

Ex post facto parece claro que dichos grupos carecían de la eficiencia bélica proclamada, pero ello - naturalmente - no podía darse por sentado antes del 11 de septiembre de 1973. Es posible que la inteligencia militar, naval, etc., hubiera logrado, infiltrando los grupos, una apreciación más real de su auténtica peligrosidad, pero otros datos parecen apuntar en sentido contrario.

Más aún, algunos de los grupos, junto con sostener hallarse en disposición de lucha militar, formulaban una crítica frontal contra las Fuerzas Armadas y de Orden; propiciaban su disolución o transformación radical; anunciaban su intención de infiltrarlas o, incluso, que ya lo habían hecho; y llamaban a suboficiales y soldados a la desobediencia.

Es cierto, no obstante, que lo hacían en el contexto de que existiera una conspiración uniformada; lo cual, una vez más, nos señala que, en una crisis de la envergadura de la nuestra el año 1973, el hecho de que ambos bandos puedan tener parcialmente la razón, sólo aviva los fuegos de discordia, y conduce al autocumplimiento de las tristes profecías que cada uno formula, pese a que gran parte de la población no participe de tales posiciones extremas.

De todos modos, hubiese sido ilusorio esperar que el conjunto de estas circunstancias se presentase a las Fuerzas Armadas y de Orden, sino como la amenaza de romper su monopolio de las armas y su unidad interna: nuevamente el fantasma de la división y de la guerra civil.

- Es preciso, en seguida, recordar que nuestras Fuerzas Armadas y de Orden tenían de muy antiguo, prácticamente desde la misma Revolución Rusa, una tradición constante de vivo anticomunismo.

Este anticomunismo fue deliberadamente reforzado, por los motivos de "guerra fria" ya referidos, en los adiestramientos de oficialidad latinoamericana que los EE.UU. de N. A. realizaron sistemáticamente en su propio territorio y en Panamá, dentro del marco de los organismos y tratados panamericanos.

Con la Revolución Cubana, el anticomunismo castrense se hizo extensivo a los grupos políticos de izquierda extrema que se nutrieron de ella.

Y fueron justamente estos grupos los que en Chile tuvieron y publicitaron una ideología de vía armada; de repudio a las Fuerzas Armadas y de Orden, identificándolas con la burguesía y su Estado opresor; de anuncio de destruírlas o transformarlas revolucionariamente; de jactancia en cuanto a querer infiltrarlas o, incluso, haberlo ya hecho; y de llamados a la desobediencia de clases y tropas.

- Es importante, luego, recordar que por razones complejas (que sería imposible profundizar aquí), las Fuerzas Armadas y de Orden se hallaban aisladas respecto del resto de la sociedad, siendo probable que, por ello, los propósitos y llamados que acabamos de referir - surgidos de la izquierda revolucionaria - y las noticias de desórdenes, acumulación y ocultamiento de armas, etc., produjesen en ellas una ira y un temor intensificados por aquel aislamiento.

- Por último, junto con acelerarse la crisis, se hizo más y más insistente el llamado de muchos civiles a que las Fuerzas Armadas y de Orden interviniesen, aunque ello representara marginarse de la Constitución.

Este llamado, obviamente, partió en preferencia de la oposición, y asumió toda clase de formas, abiertas o encubiertas, y de insinuaciones, incluso la de imputarles a dichas Fuerzas una cierta cobardía por el hecho de no actuar.

Prescindiendo de tales exageraciones, no puede olvidarse que aún en la oposición más moderada, y en personeros de ella de larga y distinguida tradición democrática, fue común la idea de necesitarse un "interregno" militar, breve pero autoritario, para reordenar la vida política del país.

Pero tampoco el Gobierno de la Unidad Popular, ni el Presidente Allende, fueron ajenos ni adversos (salvo el Partido Socialista y grupos afines) a una intervención política- institucional de las Fuerzas Armadas, que con dificultad - cualesquiera que fuesen las formas o precauciones adoptadas - cabía encuadrar en la Carta Fundamental.

Y así:

- Con el respaldo de la oposición se aprobó en la Cámara de Diputados el conocido acuerdo solemne del 23 de agosto de 1973, llamado específico a que si no se ponía término a las supuestas violaciones constitucionales y legales que el Gobierno estaría cometiendo, los ministros militares dejaran sus carteras.

- El Gobierno, y el Supremo Mandatario muy especial y personalmente, convocaron en dos ocasiones (octubre de 1972 y agosto de 1973) a que integrasen el gabinete sendos representantes de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden. En la segunda de estas oportunidades, la circunstancia de que los cuatro ministros fuesen los cuatro comandantes en jefe de dichas ramas, no dejaba duda del propósito presidencial, en orden a que ellas, institucionalmente, compartiesen el gobierno y administración del país. Según adelantamos, lo que ésto implicaba no escapó a los sectores socialistas más exaltados, y de extrema izquierda, que censuraron por ello duramente al Jefe del Estado, y hablaron del "golpe blanco" implícito, según algunos de ellos, en un ministerio de esa conformación.

- El Congreso había dictado en 1970 una Ley de Control de Armas que daba a los institutos militares amplísimas y hasta peligrosas facultades de inspección de toda suerte de recintos públicos y privados, al margen de las autoridades civiles.

Enumerados así los diversos factores, en gran medida ajenos a las Fuerzas Armadas y de Orden, que las indujeron a intervenir en septiembre de 1973, no podría decirse, sin embargo, que ellos fueran las únicas causas de tal intervención.

Indudablemente fue así para el conjunto y gran mayoría de ellas. Pero los hechos posteriores, que analizaremos de inmediato, tampoco parecen dejar dudas de que, adicionalmente, existía al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden una corriente ideológica, caracterizada (quizás) por algunas nociones más bien vagas y simples sobre lo que debía ser la organización, política social y económica del país, pero sobre todo por un concepto extremo y extraviado de la guerra antisubversiva en relación con la seguridad nacional.

B.- SEGUNDA PARTE: EL MARCO POLITICO 1973-1990 Y LOS DERECHOS HUMANOS

Por el 11 de septiembre de 1973, advino en Chile -y así lo dijeron inmediatamente sus creadores - un "régimen militar".

Su estructura jurídica es materia del capítulo siguiente. Aquí, veremos sus actores colectivos, las ideologías que los inspiraban, las estructuras políticas (o relacionadas con la política) que levantaron, y cómo todo ello influyó en el problema de los derechos humanos.

 1. LAS FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN COMO ACTORES COLECTIVOS DE LA POLITICA.

Los institutos armados y de orden, a través de la Junta de Gobierno, asumieron primero el poder ejecutivo (decreto ley Nº 1) y luego el constituyente y el legislativo (decreto ley Nº 128). El Poder Judicial mantuvo en la apariencia legal sus atribuciones y autonomía. Pero esta apariencia escondía una realidad muy diferente y disminuída, por dos razones fundamentales: a) por el sentimiento de simpatía que la mayoría de los integrantes de la Corte Suprema manifestaban respecto del nuevo régimen, y b) porque resultaba casi ocioso controlar la legalidad de quien podía cambiarla a su arbitrio, incluso en el nivel constitucional. Esta segunda circunstancia se evidenció en las rápidas reformas legales que contribuyeron a que los tribunales se apartaran del conocimiento eficaz de todo lo concerniente a la libertad de las personas.

Los otros órganos de control existentes en el país al 11 de septiembre de 1973, sufrieron una suerte parecida a la del Poder Judicial. La Contraloría fue mantenida, primero en un papel de simple registro de normas jurídicas y luego en el suyo tradicional, pero con la misma falla decisiva indicada al hablar de los tribunales, a saber: que el "controlado" podía alterar a su arbitrio la norma cuyo incumplimiento se le representara. De hecho, la Contraloría nunca tuvo problemas de fondo con el régimen militar, y la sola vez que su máxima autoridad rechazó una disposición que interesaba vitalmente a éste (la "consulta nacional" de 1978), se indujo a dicha máxima autoridad a una rápida renuncia. El Congreso, en seguida, había sido cerrado y disuelto simultáneamente con asumir la Junta sus poderes (decreto ley Nº 27). Los medios de comunicación, por fin - prensa, radio y canales de TV - quedaron sometidos a una censura, y después a una autocensura, muy completas, amén de no poder crearse ninguno nuevo sin autorización expresa del Gobierno.

El régimen militar, entonces, o sea, las Fuerzas Armadas y de Orden como actores políticos, nacían con una amplitud de poder extrema, desconocida en Chile salvo para los períodos en que ellas mismas (aunque en menor escala) habían desempeñado un rol parecido: 1924-1925 y 1927-1931.

Presentaban además las Fuerzas Armadas, como ventajas evidentes en el ejercicio de este poder, la unidad que acababan de demostrar en la acción político-militar, y la verticalidad del mando, positiva para el proceder rápido, decidido y tenaz.

Por último, contaban las Fuerzas Armadas y de Orden con un alto apoyo público, en parte formado por seguidores convencidos y fervorosos, en parte por quienes pensaban que "no existía otra salida", y en parte por quienes carecían de ideas definidas, pero deseaban "vivir tranquilos", sin los sobresaltos y privaciones de los últimos días del régimen depuesto.

Sin embargo, las Fuerzas Armadas y de Orden ofrecían asimismo, a la hora de ser o constituir un "régimen político", graves contradicciones internas, que en su papel anterior a septiembre de 1973 no se evidenciaban o carecían de relevancia:

a) No tenían claro cuál sería, precisamente, su curso de acción política. Deponer un régimen que consideraran inviable, había sido una cosa; remplazarlo era otra. Todos, a casi todos, habían estado de acuerdo en lo primero, pero lo segundo despertaba diversas interrogantes y distintas respuestas a aquéllas. ¿Cual era el objeto del régimen militar? ¿Una reparación rápida de la democracia chilena? ¿Una reparación profunda? ¿O fundar un nuevo Chile y una nueva democracia, definida de variadas maneras?. Una señal clara de estas dudas había sido ya la justificación misma, inicial, del 11 de Septiembre. Por una parte se había denunciado el quebrantamiento de la Constitución por el régimen depuesto; por la otra se hablaba de un país enteramente distinto, recuperado para la chilenidad.

b) Con lo anterior se relacionaba el plazo de duración del régimen militar, discutido ampliamente entre los oficiales superiores. Para algunos era breve, muy breve (dos, tres, cuatro años); para otros, mediano; para otros, todo el que fuese necesario, el exigido por las hondas transformaciones indispensables ("metas y no plazos"); para otros, todavía, el régimen militar era permanente, concebido como una imbricación planificada y definitiva de las Fuerzas Armadas y de Orden en las funciones gubernamentales y administrativas.

c) Tampoco estaba claro quién representaría a los institutos militares en el nuevo régimen. ¿Tendrían igual peso todas las ramas castrenses? ¿O primaría la más poderosa y antigua, el Ejército? ¿Persistiría el Gobierno colectivo, la Junta, o se iría a la autoridad unipersonal? Y en este último caso, ¿Ella sería rotatoria entre las diversas ramas uniformadas, o estable?

d) Finalmente, había muchas diferencias de doctrina política en las oficialidades. Algunos jamás se habían preocupado de "esas cosas", mirando la política y los políticos con una mezcla de desconfianza, distancia e impaciencia. Entre éstos, abundaban los de simpatías autoritarias y nacionalistas, vagamente referidas al credo (a menudo enunciado con suma imprecisión) de Portales. Otros simpatizaban con la llamada Derecha, o con el centro radical o demócratacristiano. Ni siquiera faltaban quienes abrigasen ideas socialistas, aunque casi nunca existiera vinculación con partidos chilenos de esa tendencia. Y sin duda un sector muy numeroso, pero que no pesaba en el momento por las circunstancias nacionales y castrenses pre y post 11 de septiembre, adhería aún a las normas de prescindencia política contenidas en la llamada "doctrina Schneider", del ex Comandante en Jefe de ese apellido.

En este confuso panorama ideológico, no obstante, existió un grupo uniformado, fundamentalmente del Ejército, que actuó en secreto y sin el menor ánimo de figuración - denotándose así mediante sus hechos (frecuentemente negados por los miembros del grupo, a mayor abundamiento) y no mediante sus palabras -, grupo que tuvo una notable coherencia ideológica y de acción y que fue factor determinante en el problema de los derechos humanos.

Este grupo se manifestó en el "Comité de Coroneles", que funcionó en la Escuela Militar durante algunas semanas, tras el 11 de septiembre de 1973; en la "Comisión DINA" (noviembre de 1973), y en la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) propiamente tal (cuya creación formal data de junio de 1974). Con la disolución de ésta, en 1977, el grupo perdió fuerza e influencia, mas no por completo.

Tampoco podemos decir que la ideología sustentadora del grupo fuese exclusiva de éste, encontrándose ella, paralelamente, en otros sectores de seguridad uniformados, antes y después de 1973.

¿En qué consistió la ideología inspiradora del grupo? Sólo podemos deducirla de su actuación, y de los influjos recibidos desde el extranjero, pues carece de formulaciones teóricas, por lo menos que se conozcan hasta el día de hoy.

Digamos primeramente que, según algunos, esta ideología viene, en ciertos aspectos, de la guerra de descolonización de Argelia. Pero su concreción definitiva se produce, una vez más, como efecto de la Revolución Cubana, y del llamado a extender ésta por toda América Latina, llamado que formula principalmente Ernesto Guevara. Tal extensión, según Guevara, debería efectuarse implantando "focos" guerrilleros - altamente preparados tanto en lo doctrinario como en lo militar -, cuya ubicación serían las zonas campesinas. Seguidores de Guevara, particularmente brasileños y uruguayos, adujeron que dichos focos podían también ser urbanos. De hecho los habría del primer tipo, v.gr. el del mismo Guevara (Bolivia), y del segundo (Marighella, de Brasil; Sendic y los tupamaros, de Uruguay).

El anuncio o la aparición efectiva de los "focos", y la idea - la mayoría de los casos muy cierta - de que correspondían a una inspiración y dirección central para América Latina, condujeron a que desde diversos Estados de ella, y también y fundamentalmente desde los Estados Unidos de Norteamérica, partiera un movimiento de contrainsurgencia. El asimismo tuvo, al igual que los "focos", un carácter a la vez local, de cada país, y central, de una cierta coordinación entre todos los países latinoamericanos. La coordinación central se halló a cargo de los Estados Unidos, y aprovechó el paso que por sus escuelas de adiestramiento militar realizaban año tras año, según se ha dicho, generaciones de oficiales de los distintos países de Latinoamérica.

La contrainsurgencia era ciertamente una técnica - la técnica de la lucha armada con el enemigo guerrillero, urbano o rural - pero también parece haber ocultado una doctrina o filosofía, implícita, no necesariamente compartida por todos los instructores, ni menos aún por todos los alumnos, pero que los hechos demuestran que influyó en muchos de los segundos.

De tal doctrina o filosofía contrainsurgente, interesan al tema de los derechos humanos los enunciados que siguen:

- La guerrilla no es tal, sino una verdadera guerra.

- Esta guerra no es sólo de cada país contra sus insurgentes, es asimismo una guerra continental dirigida desde Cuba - y más remotamente, desde la U.R.S.S. - y cuyo objeto es liquidar las instituciones del mundo libre, de accidente, e incorporar globalmente a Latinoamérica al Imperio Soviético, en calidad de satélite.

- La guerra auténtica que es la guerrilla, es además hipócrita, porque no se declara y, cuando necesario, incluso se desautoriza, y se niega por los Estados que la promueven cualquier responsabilidad en ella.

- La guerrilla no respeta ninguna ley bélica ni moral: mata a mansalva, mata prisioneros, tortura, daña inocentes a través del terrorismo, destruye de modo insensato e inútil bienes productivos, etc.

- Los Estados deben entender el inmenso peligro de la guerrilla, y responder a él mediante la contrainsurgencia, desde luego en el nivel local, pero también en el continental.

- La contrainsurgencia necesita responder a la guerrilla con sus mismos métodos, porque si no estaría en inferioridad de condiciones, y se hallan en juego valores fundamentales de la nación, el Estado, la sociedad, etc.

La doctrina de la contrainsurgencia se reflejó, en diversos grados, sobre las enseñanzas recibidas y las prácticas inculcadas en los entrenamientos de la lucha antiguerrillera. EL secreto de las operaciones; las "técnicas de interrogatorio"; la educación en formas de lucha y de muerte "especiales" y para tender emboscadas; los adiestramientos "de supervivencia", que a menudo incluían realizar actos degradantes para la propia dignidad, o crueles, etc., iban acostumbrando a los alumnos a que los límites éticos fuesen retrocediendo o desvaneciéndose, hasta desaparecer.

Pero la contrainsurgencia, paradojalmente, había nacido para preservar esa misma ética que sus hechos - respondiendo, en su concepto, a hechos similares de la guerrilla - negaban. De allí el recurso a dos nuevas justificaciones que completa la doctrina:

- Una de ellas, era la idea de que el contrainsurgente, el luchador contra la guerrilla, venía a ser una especie de héroe, que sacrificaba no sólo (si necesario) su vida física, sino su integridad moral, para que los demás pudieran gozar de ésta y de los beneficios de la sociedad libre.

- La otra justificación era un concepto deformado de la seguridad nacional. Ella, como valor supremo, estaría por encima de la ética, formulándose así una revivencia de la antigua "razón de Estado" que - como ésta - autorizaría en casos extremos, declarados subjetivamente por la propia autoridad, la violación de derechos individuales por motivos de supuesto interés general.

La contrainsurgencia, entendida y valorada de la manera que hemos explicado, se practicó en varios países de Latinoamérica, con muy similares características y durante una época parecida, por los Ejércitos y/o policías y/o servicios de seguridad locales, confirmándose - de tal manera - su origen común. Más todavía, hubo entre las distintas contrainsurgencias vínculos más fuertes que los usuales, e incluso organismos y operaciones comunes, detalles de los cuales - en cuanto relacionados con la DINA - se hallarán en el Capítulo II "Visión General 1974-Agosto 1977", de la Tercera Parte de este Informe.

2. LAS FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN Y EL GRUPO DINA.

Llamamos grupo DINA al de mayores y coroneles de Ejército que empezó a actuar en la Escuela Militar desde el mismo 11 de septiembre de 1973 (y quizás, embrionariamente, con anterioridad, en el Regimiento de Ingenieros Militares de Tejas Verdes), y que luego se prolongó en la "Comisión DINA" y ésta en la DINA propiamente tal según ya se dijo; y según se estudiará con mayor detalle en el Capítulo II "Visión General 1974 - Agosto 1977", de la Tercera Parte de este Informe.

Este grupo demostró una gran cohesión y audacia, desde un primer momento, como se podrá apreciar, respecto de algunos de sus miembros prominentes, en el Capítulo arriba mencionado, cuando estudiemos los viajes realizados al sur y al norte del país, entre septiembre y octubre de 1973, por una comitiva militar del más alto nivel, en cuya estela fue quedando un elevado número de ejecuciones clandestinas, inmisericordes, y enteramente ilegítimas e injustificadas.

Descritas ya las características generales de este grupo - que son las mismas de toda la contrainsurgencia extrema o perversa de Latinoamérica, con la cual comparte origen -, y antes de abordar sus relaciones con el resto de las Fuerzas Armadas, conviene dilucidar un problema previo: ¿tuvo el grupo DINA características más específicas suyas, y una doctrina política?

Esta doble pregunta puede responderse así:

- El grupo DINA mostró la habilidad, según veremos que su historia posterior comprueba, de delimitar y, al mismo tiempo, extremar su acción. La delimitó, en cuanto se puso por tarea fundamental liquidar a la que él consideraba ultraizquierda, el MIR especialmente, y otros grupos o personas que se vinculaban con éste. Así demarcado el "enemigo", el grupo se propuso destruírlo por completo, identificando, ubicando y dando muerte a sus equipos directivos, o militantes considerados particularmente peligrosos.

- El grupo, hasta donde se sabe, no parece haber tenido mayor doctrina política, salvo un anticomunismo de excepcional virulencia (lo cual, una vez más, lo vincula a la contrainsurgencia continental). La Comisión ha podido comprobar, y así se dirá más adelante, hechos que apuntan hacia una conexión entre la DINA y equipos de extrema derecha, terroristas abiertos, de otros países. Pero no hay antecedentes que permitan ver en ello, de parte de la DINA, algo más que una comodidad de operación, para sus propios fines.

Nos referiremos ahora al tema de las relaciones entre las Fuerzas Armadas y de Orden, y el grupo DINA.

No cabe duda de que la posibilidad principal en cuanto a neutralizar el grupo, residía en dichas Fuerzas, tanto porque el grupo formaba parte de ellas, como porque ellas eran o constituían el régimen, según se explica más arriba. Pero no lo hicieron ¿Por qué?

Una respuesta posible sería que estaban de acuerdo con el grupo, que compartían la doctrina y prácticas de la contrainsurgencia extrema. Si bien la adhesión a ellas, vimos, no fue exclusiva de los oficiales del grupo, la Comisión sabe que ni éste, ni sus actividades, ni sus justificaciones fueron aceptadas por un número importante de oficiales, los años 1973 y 1974 por lo menos, rechazo que en oportunidades varias, verbalmente y también por escrito, se manifestó a la superioridad. Sin embargo, el grupo prevaleció. La explicación obecede a un conjunto de variadas razones:

a) El grupo era experto en el secreto, la compartimentación y la desinformación, de modo que es posible que siempre un elevado número de oficiales (sobre todo en los niveles medios e inferiores) haya ignorado o tenido un conocimiento sólo parcial del problema y de su magnitud.

b) Probablemente había una zona intermedia en la oficialidad que, sin aprobar al grupo, pensaba que la Ultraizquierda recibía de él sólo "su merecido", siendo las muertes de militantes izquierdistas el fruto de enfrentamientos reales, aunque en éstos el cumplimiento de la ley, incluso de las leyes de la guerra, hubiese sido a lo más mediocre.

Adviértase que el aislamiento social en que vivía la oficialidad, según se ha señalado arriba, la hacía más vulnerable a la desinformación o a versiones parcializadas de los hechos.

c) La autojustificación de encontrarse las Fuerzas Armadas y de Orden "en guerra" tuvo también, los primeros meses, quizás hasta fines de 1974, una importancia real. Y esto no solamente ni principalmente referido a la "guerra hipócrita y constante" que proclamaba la doctrina de la contrainsurgencia. Además - antes del 11 de septiembre de 1973 - la propaganda civil, de uno y otro bando, había convencido a los uniformados (porque así lo repetía sin cesar) de que estaban listos para el enfrentamiento poderosos y bien adiestrados ejércitos paralelos, con abundante armamento. Desde el 11 de septiembre, y por meses, las Fuerzas Armadas y de Orden vivieron sumidas en una mentalidad y clima propios, derivados de la supuesta guerra. Esa mentalidad y clima, con su común (aunque equivocada) minusvaloración de los "excesos", pudieron contribuír a consolidar el grupo DINA como "mal necesario".

d) Debemos también mencionar el temor a que enfrentar la realidad del grupo y de su creciente violación de derechos fundamentales, significara el desprestigio institucional y, peor todavía, perjudicara la "imagen de Chile". Ello, cuando la acción militar, sin resistencia interna, había tenido - por distintos motivos, que sería largo de analizar, pero uno de los cuales era justamente el de los derechos humanos - una respuesta exterior tan borrascosa como negativa.

e) La Comisión ha verificado que no existía en la oficialidad - presuntamente "en guerra" con el extremismo - un conocimiento adecuado de las leyes y moral bélicas, por ejemplo en cuanto a tratamiento de los prisioneros, torturas, interrogatorios, ejecuciones, procesos de tiempo de guerra, etc. Ello, por una parte, denota en esa época estudios insuficientes sobre tales temas, y por la otra pudo hacer que no se enfocase de manera adecuada la acción del grupo y, en un orden más amplio, todo lo concerniente a derechos humanos.

f) Otro temor que jugó su papel, también, en la consolidación e impunidad del grupo, fue su alta eficacia para maniobrar dentro de los institutos militares, y en particular del Ejército, paralizando o cortando las carreras profesionales de quienes se le oponían (y a los cuales calificaba de "blandos"). Paralelamente, se veía que altos oficiales "blandos" eran convocados de manera perentoria, sumariados, destituídos en sus mandos, e incluso sufrían vejaciones y perdían sus carreras. Por meses, sobre todo en provincias, los oficiales de inteligencia adquirieron un poder desproporcionado, e independiente de su rango, supeditando aún a sus superiores jerárquicos dentro de la misma unidad. No olvidemos por fín, que ahora lo ascensos - vale decir, la carrera profesional - dependían exclusivamente de la superioridad militar, pues no había ya en ellos ninguna intervención de un poder civil, como antes la del Senado.

La Comisión no formula las consideraciones que preceden para exculpar a las Fuerzas Armadas y de Orden por la persistencia en su seno del que hemos llamado grupo DINA, ni para inculparlas por ese hecho, sino para tratar de explicárselo, en el contexto del estudio sobre violaciones de derechos humanos que es su cometido.

3. LA VERTICALIDAD DEL MANDO POLITICO.

En el mismo sentido y para igual fin, es preciso hacer notar que el régimen militar rápidamente dejó de ser una responsabilidad directa de las Fuerzas Armadas y de Orden, consideradas como ente colectivo, al traspasarse al mando político la verticalidad del mando militar - y especificamente la del Ejército, cuyo carácter de primus inter pares se materializó legalmente - y al unificarse ambos mandos en una sola institución.

La idea - anticipada ya como corriente y hasta explícita en las primeras semanas después del 11 de septiembre de 1973 - de una presidencia rotativa entre los Comandantes en Jefes para la Junta de Gobierno, quedó descartada. Se estableció un orden de precedencia que significaba, de hecho, que presidiera la Junta el Comandante en Jefe del Ejército. A éste se le otorgó el título de Jefe Supremo de la Nación (decreto ley Nº 527), sustituido luego por el tradicional de Presidente de la República (decreto ley Nº 806). Pero en la práctica habia nacido una nueva institución, la Presidencia de la República\Comandancia en Jefe, dotada de una suma de poderes jamás vista en Chile. Su titular no sólo gobernaba y administraba el país, sino que además integraba y presidía la Junta de Gobierno - y por ende no se podía legislar ni reformar la Constitución sin él - y comandaba todo el Ejército. La profundidad y extensión de poder semejante se completaba, amplificándolo todavía más, por el uso de los estados de excepción durante prácticamente todo el Gobierno Militar.

De nuevo, no es papel de la Comisión criticar ni encomiar los hechos y normas que preceden. Lo que se quiere hacer notar, es que el régimen de las Fuerzas Armadas y de Orden salió de manos del colectivo de éstas, y aún del colectivo de sus jefes máximos, para centralizarse y unificarse férreamente en la Presidencia de la República\Comandancia en Jefe del Ejército. Completado este proceso a fines de 1974, sólo esa Presidencia\Comandancia podría haber neutralizado al grupo DINA (lo que no hizo sino en la fecha y medida que después se dirá). Cierto es que, como se verá adelante, esos colectivos siguieron sin exhibir mayor interés en controlar a dicho grupo. Y así, el decreto ley Nº 521, creador de la DINA como servicio público autónomo, lo hizo depender directamente de la Junta. Pero en los hechos ésta no reivindicó tal dependencia, la cual se estableció respecto de la Presidencia de la República, quizás invocándose al efecto el decreto ley Nº 527, posterior, y las facultades que éste otorgaba a dicha institución. Aún más, algunas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden organizaron o mantuvieron - ya existiendo la DINA - su propios servicios represivos, rivales de ella pero indistinguibles en su espirítu, tema que se relacionará en otro capítulo.

4. LOS CIVILES COMO ACTORES POLITICOS DEL REGIMEN MILITAR.

El accionar militar del 11 de septiembre de 1973, con la sola excepción que luego se verá, se hizo sin la colaboración ni conocimiento previo de ningún grupo civil, organizado o semiorganizado. Incluso fueron pocos los particulares civiles requeridos, antes del 11 de septiembre, para prestar una colaboración que supusiera ese conocimiento, y los efectivamente requeridos a ese fin serían, en general, no jefes políticos sino técnicos en comunicaciones, periodistas,etc.

Producido el 11 de septiembre, se generó casi de inmediato la contradicción que la sola presencia del grupo DINA, y su creciente influjo debían necesariamente significar. Por una parte, el régimen llamaba a la unidad nacional y a una labor colectiva, de la cual nadie estaría excluído, para reconstruir el país y avanzar en el camino del desarrollo. Este llamado, naturalmente, atraía a muchísimos, inclusive a partidarios desencantados del Gobierno depuesto. Pero, paralela y secretamente, la acción del grupo DINA implicaba la negación absoluta de la unidad de los chilenos todos, a la cual se convocaba. Sin embargo, como el actuar del grupo DINA era secreto, y como la libertad informativa era en un principio nula -y luego continuaría siendo muy restringida - sólo paulatinamente se fue extendiendo la conciencia de la contradicción que anotamos. Ello explica los numerosos pero lentos cambios de opinión que en el mundo civil se van experimentando tocantes al régimen militar.

Las Fuerzas Armadas y de Orden tenían una pobre idea de los partidos políticos de cualquier signo, y de tal manera - como se verá mejor en el capítulo que sigue - los de la Unidad Popular y afines fueron inmediatamente disueltos (decreto ley Nº 77), y los demás suspendidos (decreto ley Nº 78, que los declaró "en receso"). Esta suspensión se tornó también disolución, el año 1977 (decreto ley Nº 1.697). Se prohibió la actividad político-partidista y, aún, se la sancionó penalmente.

De los partidos anteriores al 11 de septiembre de 1973, los de la Unidad Popular y afines (como el MIR) lograron algunos mantener una vida clandestina, pero precarísima, no tanto por la proscripción jurídica, sino por la represión que ejercieron sobre ellos los organismos de seguridad y que es materia de este Informe. Otros simplemente desaparecieron.

En cuanto a los partidos que habían luchado contra el régimen depuesto, agrupados en la CODE (Confederación Democrática), y sus afines, partidos primero suspendidos (1973) y luego asimismo disueltos (1977), la situación fue la siguiente:

- El Partido Nacional, desde el comienzo, interpretó el "receso" como disolución, y desapareció. Igual fue la postura del Movimiento Nacionalista Patria y Libertad. Con esto, la derecha organizada se extinguió. Muchos de sus antiguos personeros, sin embargo, sirvieron al régimen militar como ministros, diplomáticos, altos funcionarios, asesores económicos, etc., pero en calidad individual y sin mantener - ni pública ni privadamente - sus antiguos nexos orgánicos. Otros, en número pequeño, se fueron distanciados del régimen hasta desembocar en la oposición. Militantes de grupos extremos se incorporaron a los servicios represivos o colaboraron con éstos- El Partido Demócratacristiano, en cambio, no aceptó el receso ni la posterior disolución, y continuó viviendo en una semiclandestinidad, que fué tolerada a veces más amplia y a veces más estrechamente. Si bien un número pequeño de dirigentes importantes y medianos cooperó con el régimen militar del mismo modo que lo hicieron los ex dirigentes de derecha - y por esa cooperación dejaron el Partido -, éste, como tal, se hizo progresivamente más y más opositor. Los motivos fueron varios, destacándose la confirmación oficial de que el régimen militar sería largo, y muy restringido en cuanto a ejercicio democrático, y también los problemas de derechos humanos.

Mas respecto de estos problemas de derechos humanos, los antiguos partidos que subsistieron - clandestinos o semiclandestinos - carecían de todo espacio de expresión en el interior y de todo peso de influencia en el régimen, hasta el punto de desarrollar (y no por su culpa, naturalmente) una mejor campaña sobre la materia en el extranjero que en Chile.

Mientras tanto, otros civiles, partidarios del régimen, buscaban influírlo políticamente. Eran, los más importantes entre ellos, generaciones jóvenes (menores de 40 años), de clase económica alta o media acomodada, profesionales universitarios muy preparados en sus respectivas disciplinas y - en su mayoría - relacionados con la lucha "gremialista" dada en las Universidades contra la agitada "reforma" de los años 1967 y siguientes. Sus ideologías, distintas, concluyeron por confluir de la manera que sigue:

- Una primera oleada, de formación católica muy neta, e inspirándose en tradiciones autoritarias tanto chilenas (Portales) como españolas, recibe adicionalmente el aporte de algunos civiles nacionalistas de mayor edad, y origina la "Declaración de Principios del Gobierno de Chile" (octubre de 1973). Es un documento ambicioso, pues busca sentar las bases doctrinarias a las cuales se ajustará la acción del régimen militar.

Si bien la "Declaración" acepta y proclama que, en definitiva, el poder será originado por el "sufragio universal, libre, secreto e informado", simultáneamente reclama un Estado portaliano; un movimiento cívico-militar; una democracia más de sustancia que de formas, unas Fuerzas Armadas y de Orden garantes de un "amplio concepto" de seguridad nacional , y ello aún después de cerrado su régimen. Este no será, continua la "Declaración", sólo un intermedio administrativo entre dos gobiernos partidistas, sino que -mediante "una acción profunda y prolongada"- hará la reconstrucción moral, institucional y material de Chile y "cambiar (á) la mentalidad de los chilenos" . Por eso, dichas Fuerzas no fijan plazo a su permanencia en el poder. Finalmente, interesa anotar que la "Declaración" se presenta como irreformable, lo que acentúa su carácter de fundacional.

Pero la "Declaración" no podía alcanzar sus objetivos si el centro monopólico del poder, la Presidencia/Comandancia en Jefe, no la hacía realmente suya, lo que - por razones que no nos corresponde analizar, ni quizás sea todavía posible hacerlo - no sucedió. La "primera oleada", sin embargo, continuó colaborando con el régimen, habiéndo eso sí deshecho sus vínculos con los nacionalistas. Éstos, o se alejaron del Gobierno, o siguieron sirviéndolo pero sin real peso en él.

- La "segunda oleada" era, en verdad, más antigua todavía que la primera en su contacto con los militares. La formaban jóvenes de las mismas características referidas al tratar la "primera oleada", pero con dos rasgos específicos suyos: ser economistas con postgrados en afamadas universidades norteamericanas, y ser liberales o neo-liberales en su disciplina y, más allá de ella, en su concepción de la sociedad y del hombre.

Estos profesionales, antes del 11 de septiembre de 1973, contactaron a la Armada o fueron contactados por ella, y le prepararon un completo plan económico que, claro está, suponía para aplicarse la posesión previa del poder.

Después del 11 de septiembre, bajo el patrocinio naval, ganaron algunas posiciones claves - pero no todas las que tenían este carácter - en la administración económica del Estado, y comenzaron a difundir y defender en el interior del régimen - a menudo con grandes dificultades y oposiciones - las ideas de su plan.

Su triunfo, históricamente, se produjo cuando la Presidencia/Comandancia en Jefe hizo suyo el plan y lo impuso contra todas las resistencias, dando a sus autores el poder, el respaldo y el tiempo de aplicación que decían requerir. Hubo un momento extraordinariamente oscuro, con la crisis económica de 1981; algunos de los hombres más representativos de la "segunda oleada" dejaron sus cargos claves. Pero sus sucesores, que compartían sus ideas matrices, y con los cuales aquéllos habían constituído siempre un cuerpo homogéneo y disciplinado, capearon la tormenta y lograron preservar esas ideas en la economía chilena.

Factor decisivo de esta larga continuidad de línea económica había sido, reiteremos, que la Presidencia/Comandancia en Jefe, al revés de lo sucedido con la "Declaración de Principios", había hecho enteramente suyo el plan de los economistas.

- A estas alturas, la "primera" y la "segunda" ola de colaboradores civiles del régimen militar, se habían unificado en torno a las nuevas ideas económicas, que incluso habían extendido su influjo a materias conexas -como salud, previsión, derecho laboral, etc.- o aún relativamente inconexas, como educación, colegios profesionales, canales de TV. etc. No cabía duda que el sector que llamamos "primera ola" había evolucionado hasta adoptar las ideas de los economistas, y generalizarlas en una concepción de "sociedad libre", donde el Estado tuviese el menor papel posible, y la iniciativa particular, el mayor.

El grupo unificado había puesto además en juego todas sus fuerzas, para elaborar una nueva Carta Fundamental completa, dejando de lado el sistema de "actas" (a que se refiere con mayor detalle el capítulo siguiente). Este sistema de actas entroncaba con el espirítu de la "Declaración de Principios", en el sentido de ir introduciendo las normas básicas paulatinamente, ensayándolas en su ejercicio y viendo su comportamiento, hasta que - así introducidas y probadas todas - quedara una Constitución de éxito garantido. El año 1980, en cambio, se presentó a plebiscito una nueva Constitución completa y sin ensayo previo. Sus rasgos poco o nada conservaban de la "Declaración de Principios de 1974": eran tradicionales, liberales y democráticos, aunque de sesgo fuertemente autoritario. Pero ponía fecha de término fija al régimen militar, y consagraba y daba rango constitucional a la libertad económica, la primacía de la iniciativa particular y la desestatización.

Otra vez, fue imprescindible que la Presidencia/Comandancia en Jefe hiciera suyo el plan constitucional. Si lo aceptó fué, posiblemente, pensando que dispondría de dieciséis años más de Gobierno y consolidación.

No corresponde a la Comisión, reiteremos, hacer juicios de valor sobre los hechos relatados.

Los ha descrito como marco para apreciar el papel de los civiles que tuvieron una relación política con el régimen militar, en el tema de los derechos humanos y del grupo DINA.

Ellos sin duda supieron , en alguna medida, del problema, y de la nocividad del grupo, pero, en general, carecieron de instrumentos para abordar eficazmente la situación, y juzgaron más perjudicial que beneficioso abandonar, por ella, su apoyo global al régimen militar. No es posible descartar, tampoco que - dada la desinformación ambiente - en algunos períodos pudiesen creer con sinceridad (aunque sin exactitud) que las violaciones de los derechos humanos habían concluído, o que estaban disminuyendo hasta el punto de que pronto, y en forma definitiva, dejarían de ser amenazantes. Otros civiles, en seguida, aducían que sus cargos eran técnicos, no políticos, asignando a los últimos el papel de preocuparse por los derechos humanos . Tampoco faltaron quienes alegasen que era mejor y más productiva una labor callada, de convencimiento, caso a caso, que una reclamación pública, que interrumpía la comunicación con el régimen. Finalmente, algunos negaron toda violación - habría sido exclusivamente propaganda - o, al revés, "justificaron" toda violación (aunque, repitamos, muchas veces ignorando la realidad de lo que abordaban) con los argumentos pasionales pre-11 de septiembre que en su momento se analizaron.

La Comisión se limita a dejar constancia de que estas distintas y tan disímiles facetas de la acción civil respecto a derechos humanos, no surtieron ningún efecto positivo y sustancial hoy apreciable, si se prescinde de la salvación individual de algunas decenas de perseguidos, acciones valiosas - sin duda - pero mínimas en el globo de los ejecutados, desaparecidos, etc.

Otro esfuerzo parecido en lo laudable, pero en el hecho casi completamente inútil, fue el de los juristas civiles favorables al régimen militar - pero conscientes de su debilidad en materia de derechos humanos - que intentaron proteger constitucionalmente las garantías de la persona que se estaban violando.

Este esfuerzo se hizo tres veces, cada una con mayor prolijidad que la anterior: en la "Declaración de Principios" (1973), en las Actas Constitucionales (1976) y en la nueva Carta (1980). Nada pudieron estas normas contra el conjunto de factores que las anulaban: la red de legislación represiva, tan prolija como dichas normas; los permanentes estados de emergencia; la abulia judicial; y la audacia, secreto y desinformación sistemática que caracterizaban al grupo DINA y a sus seguidores de igual espíritu.

Anotemos, para concluír este apartado, que la acción política de los civiles partidarios del régimen, la que hubiesen podido ejercitar en pro de los derechos humanos o cualquier otra, se resentía de su imposibilidad - no obstante los vínculos generacionales, doctrinarios, de amistad, etc. - en orden a constituir un ente colectivo que facilitara esa acción, agrupándolos, coordinándolos y representándolos. Pero este colectivo, cualquier denominación que se le hubiera dado, en la práctica hubiese sido un partido. Y el régimen miró con la peor desconfianza la formación de partidos, aún de aquellos que querían organizarse para apoyarlo. Esta fue también otra circunstancia que favoreció el actuar del grupo DINA y la violación de los derechos humanos.

  5. MARCO POLITICO TRAS LA DISOLUCION DE LA DINA.

El ocaso del grupo DINA, y de la propia entidad del mismo nombre, comenzó con el asesinato de Orlando Letelier y Ronnie Moffitt, el año 1976, en la capital federal de los Estados Unidos de Norteamérica, hecho de sangre abordado más adelante en este informe.

Cuando la involucración de la DINA en el crimen se hizo clara, y se pidió por el Gobierno norteamericano la extradición de algunas de sus cabezas máximas, quedó en evidencia para aquellas autoridades superiores del régimen que aún no lo sabían, o que no lo habían sopesado suficientemente, el poder y la audacia del grupo y de la entidad secreta, así como el perjuicio inmenso que podían causar, no ya a sus víctimas, sino al régimen mismo y al país. Y así, colaboradores civiles del régimen diseñaron, y obtuvieron el indispensable Vº Bº de la Presidencia\Comandancia, para lo que quiso ser una auténtica, pero resultó ser una frustrada posibilidad de mejorar sustantivamente la situación de derechos humanos.

La DINA fue disuelta y sustituída por la CNI., Central Nacional de Informaciones (decretos leyes Nos. 1.876 y 1.878, de 1977), entregándose ésta a la dirección de un alto oficial de Ejército que había sido contrario al grupo.

Este, desde entonces, no volvió a ser lo que había sido. Tampoco la situación de derechos humanos volvería a ser, ni cuantitativa ni cualitativamente lo que fuera cuando la DINA estuvo bajo la égida del grupo. Aún, durante el período 1977-1979, muchos encontraron fundamento para pensar que aquella situación iba camino de mejorar sustancialmente.

Sin embargo, a partir del caso llamado COVEMA (1980) - que este Informe analiza páginas adelante - recrudeció la acción represiva, no tan sistemática ni punteada por tal número de víctimas, pero sin respiro y jalonada de episodios estremecedores. Para cerrar esta sección, anotaremos algunas posibles causas del fenómeno - unas demostrables, otras conjeturales -, pero prescindiendo de aquéllas que vienen y se mantienen desde períodos anteriores. v.gr., las emergencias permanentes, las multiplicadas leyes para sustraer de todo control a los organismos y procedimientos de seguridad, etc.

- En la nueva Central Nacional de Informaciones (CNI), se conservaron muchos hombres claves de la disuelta Dirección Nacional de Informaciones (DINA), en puestos de importancia, así como una fuerte influencia del grupo de ese nombre, supuestamente expulsado.

- La DINA había sido muy disciplinada. Esta disciplina, parece, se resintió en la Central Nacional de Informaciones (CNI), -influyendo asimismo, quizás, lo dicho anteriormente - y la indisciplina habría permitido operaciones "autónomas", aparición de grupos satélites, etc., con su secuela de acciones incontrolables.

- La nueva dependencia de la CNI, (Ministerio de Defensa, en vez de Interior) la aparta del control del sector político del Gobierno, donde repercute con mayor sensibilidad el impacto también político de estos hechos.

- La pertinaz ineficacia o desidia policial y de los servicios de seguridad para esclarecer los crímenes contra los derechos humanos, alienta su continuación e incremento.

- Por fin, debe dejarse constancia de la reiniciación de la actividad insurreccional, y de terrorismo selectivo o indiscriminado, de parte de algunos de los enemigos políticos del régimen.

Estos fueron principalmente dos: el Partido Comunista y el MIR.

El Partido Comunista, probablemente por presión de su militancia y dirigencia interna y clandestina, ejercida sobre los personeros más antiguos - todos, naturalmente, en el exilio -, abandona la postura de acceso preferencialmente pacífico al poder, y se inclina hacia el uso de la violencia contra el régimen militar. Esbozada esta política en varios documentos oficiales a partir de 1980, desde 1982 se define como la necesidad de que el Partido tenga una fuerza y organización militar; orgánica e independiente; constituída por comunistas, pero no por todos ellos, ni sólo por ellos; y siempre bajo la dirección político-militar del Partido. Al año siguiente, esta definición parece materializarse en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), cuyas acciones de violencia con resultado de muerte se describen en otro capítulo. Sin embargo el Partido nunca ha reconocido que dirija o controle al FPMR. El año cumbre del FPMR fué 1986, con dos operaciones de gran envergadura, que fracasan: los arsenales de Carrizal Bajo, y el atentado contra el entonces Presidente de la República. En 1987 el Partido Comunista abandona la estrategia insurreccional, y ello motiva la división del FPMR: una fracción, llamada "autónoma", continúa aquella estrategia; la otra, cesa en su accionar con violencia.

El Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), terriblemente destruídos sus cuadros por la DINA, intenta - a partir de 1978 - retomar su clásica vía armada con la "Operación Retorno", desde Cuba, cuyos diversos intentos son otros tantos fracasos, especialmente la infiltración guerrillera de Neltume, que se describe en otro capítulo, donde mueren numerosos miristas con violación de sus derechos humanos; y con actos internos de insurrección o terrorismo que causan, a su vez, víctimas fatales, también materia de este Informe. A contar de 1986, el MIR arrastra un proceso de divisiones internas alrededor, precisamente de continuar o no la "vía armada".

Actúan también, los años 80, otros grupos de violencia contrarios al régimen, de menor envergadura, por ejemplo el MAPU Lautaro, desgajado hacia 1983 del MAPU.

Tales grupos infiltran asimismo las "protestas nacionales" (materia de un capítulo especial del presente Informe), intentando llevarlas a la violencia, de modo de conducir al país y al régimen (afirman) a la "ingobernabilidad".

Las acciones del FPMR, MIR y demás grupos que hemos descritos, significan una presión de las autoridades sobre la CNI, para que "obtenga resultados" al reprimir, lo cual desencadena nuevos atropellos a las personas. El antiguo grupo DINA, al mismo tiempo, subraya la "ineficacia" de la CNI, comparada con su propio y temible historial en el aniquilamiento de las tentativas y organizaciones insurreccionales y terroristas.

Muchas de las razones antes enumeradas son en buena parte, reiteramos, conjeturales. Pero no es conjetural sino cierto que la estructura política del régimen militar, en sus últimos años, ya en vigor la Constitución de 1980, no erradicó (si bien disminuyó su frecuencia y el número de las víctimas) el problema nacional de graves y constantes atentados contra los derechos humanos. De tal modo, la amnistía de 1978 - que sus inspiradores civiles bien pudieron haber visto como el cierre de un problema dejado atrás y superado - a la larga pareció un factor más de impunidad pasada y una promesa de impunidad futura.

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CAPITULO II

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

 A- LOS MESES POSTERIORES AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973.-

  1. INSTAURACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

Con sujeción a la Constitución de 1925, el ejercicio de las funciones estatales correspondía a órganos independientes, separados y recíprocamente fiscalizados. Se cumplía, pues, en el ámbito normativo institucional chileno, el axioma según el cual, para que en el desempeño de una función estatal los órganos no incurran en abusos, es menester dividir sus poderes, limitarlos, controlarlos y hacer efectiva la responsabilidad de los infractores al ordenamiento jurídico. Tal era el régimen implantado en la Carta Fundamental de 1925, el mismo que, con algunas variaciones, se aplicaba desde la Constitución de 1833.

Examinado en esa perspectiva, lo sucedido a partir del 11 de septiembre de 1973 representó una alteración profunda del sistema gubernativo chileno.

En aquella fecha, efectivamente, la Junta Militar de Gobierno declaró asumir "el Mando Supremo de la Nación con el patriótico compromiso de restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantadas (...) por efecto de la intromisión de una ideología dogmática y excluyente, inspirada en los principios foráneos del marxismo-leninismo". En el mismo texto normativo, la Junta declaró que "garantizará la plena eficacia de las atribuciones del Poder Judicial y respetará la Constitución y las leyes de la República, en la medida en que la actual situación del país lo permitan para el mejor cumplimiento de los postulados que ella se propone". Ninguna referencia se hizo entonces al Congreso Nacional y a la Contraloría General de la República.

¿Qué significaba la asunción del "Mando Supremo de la Nación"?.

Argumentando sobre la base del artículo 60 de la Constitución de 1925 - según el cual "un ciudadano con el título de Presidente de la República de Chile administra el Estado, y es el Jefe Supremo de la Nación" - se sostuvo por algunos que lo asumido por la Junta era exclusivamente el conjunto de atribuciones que correspondían al Primer Mandatario, toda vez que éste era el Jefe Supremo que ejercía el mando correspondiente y el movimiento militar tuvo como propósito destituir a quien lo desempeñaba hasta el 11 de septiembre de 1973.

Interpretada de tal manera la locución en comentario, resultaba que la Junta había declarado asumir únicamente las funciones ejecutiva, administrativa y colegisladora propias del Presidente, sin que el pronunciamiento castrense alcanzara a las funciones fiscalizadora y colegisladora del Congreso Nacional ni a la función de control confiada por la Carta Fundamental a la Contraloría General de la República. Idéntica aseveración podía formularse respecto de la competencia del Presidente para intervenir junto al Congreso - y, eventualmente, al cuerpo electoral en el caso del plebiscito - como uno de los integrantes del órgano constituyente.

Es el caso, empero, que la duda pronto fue disipada al puntualizar la Junta "que la asunción del Mando Supremo de la Nación supone el ejercicio de todas las atribuciones de las personas y órganos que componen los Poderes Legislativo y Ejecutivo, y en consecuencia, el Poder Constituyente que a ellos corresponde". Coherente con dicha premisa, la Junta declaró que había asumido, desde el 11 de septiembre de 1973, el ejercicio de los Poderes Constituyente, Legislativo y Ejecutivo, reiterando que el Poder Judicial "ejercerá sus funciones en la forma y con la independencia y facultades que señala la Constitución". Nada manifestó ella, una vez más, en lo relativo a la autonomía constitucional de la Contraloría, institución a la cual, sin embargo, sometió las entidades descentralizadas de la Administración y a la que, durante septiembre y octubre de 1973, la Junta envió los decretos supremos para su registro y no a los fines de la toma de razón.

La Junta detentó la plenitud de los poderes mencionados hasta el 26 de junio de 1974, fecha en la que, habiendo entrado a regir el decreto ley Nº 527, Estatuto de la Junta de Gobierno, declaró que "el Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la Junta de Gobierno quien es el Jefe Supremo de la Nación". Poco después y en aras de mantener la denominación tradicionalmente otorgada al Jefe del Estado en nuestro país, la Junta resolvió que el Poder Ejecutivo fuera "ejercido por el Presidente de la Junta de Gobierno, quien con el título de Presidente de la República de Chile, administra el Estado y es el Jefe Supremo de la Nación". Al Presidente de la Junta y de la República, por ende, quedó confiada la administración y gobierno del Estado, extendiéndose su autoridad a todo cuanto tenía por objeto la conservación del orden público interno y la seguridad exterior de Chile.

 2. FUNCIONAMIENTO DEL PODER POLITICO

La Junta ejerció, mediante decretos leyes, el poder constituyente y el legislativo. Dichos decretos eran firmados por todos los miembros de la Junta - titulares o subrogantes - y, cuando ellos lo estimaron conveniente, fueron suscritos además por los Ministros respectivos. En todo caso, para que la Junta dictara normas constitucionales y legales se requería el acuerdo de la unanimidad de sus integrantes.

Quedó prevista en el decreto ley Nº 527 ya citado la dictación de normas legales complementarias que posibilitaran a la Junta "requerir la colaboración de la comunidad - a través de sus organizaciones técnicas y representativas - para la elaboración de los Decretos Leyes". Por otra parte y de conformidad con el decreto ley Nº 991, cada integrante de la Junta presidió una de las Comisiones Legislativas. Asimismo, se estableció la Secretaría de Legislación, destinada a coordinar el proceso legislativo y a emitir informes jurídicos.

La decisión de legislar, al tenor de lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 527, incumbía exclusivamente a la Junta de Gobierno. A ésta le correspondió también la iniciativa exclusiva en los mismos asuntos legales que eran de competencia del Presidente de la República, según el texto que la Constitución de 1925 tenía hasta el 11 de septiembre de 1973.

Por otra parte, útil es recordar que existieron dos clases de decretos leyes, cuya diferenciación se efectuó atendiendo a la mayor o menor jerarquía de las normas que contenían.

Así y en primer lugar, hubo decretos leyes de rango constitucional, porque modificaron, complementaron o derogaron - expresa o tácitamente - preceptos de la Carta Fundamental. Pero fueron dictados, además y en segundo lugar, decretos leyes de mérito legal, subordinados a los de jerarquía constitucional, equivalentes materialmente a las leyes que, hasta el 11 de septiembre de 1973, eran la obra conjunta del Presidente de la República y del Congreso Nacional.

Sucedió, no obstante, que la Junta dictó numerosos decretos leyes cuyos preceptos, a pesar de que se oponían en lo sustantivo a los de la Constitución, no expresaron que la modificaban o la derogaban en lo atigente. Esta circunstancia motivó confusiones en lo relativo al sentido y alcance de aquellos textos legales, o sea, a si implicaban o no reformas a la Carta Fundamental de 1925. Como la situación era dudosa, los particulares afectados - por ejemplo, por las normas que dispusieron la suspensión o restricción de la libertad personal a raíz de las nuevas disposiciones sobre el estado de sitio y el estado de emergencia - recurrieron a la Corte Suprema, solicitándole declarar inaplicables dichos decretos leyes por ser contrarios a las garantías individuales aseguradas en la Constitución.

La Corte alcanzó a conocer y fallar algunos recursos, acogiéndolos. La jurisprudencia de la Corte, empero, indujo a la Junta a dictar el decreto ley Nº 788, en virtud del cual precisó la diferencia entre los decretos leyes de rango constitucional y los de jerarquía pura y simplemente legal. Al respecto, la Junta declaró que los decretos leyes dictados desde el 11 de septiembre de 1973 al 4 de diciembre del año siguiente, ambas fechas inclusive, en cuanto fueran contrarios, se opusieran o fueran distintos a algún precepto de la Carta Fundamental, "han tenido y tienen la calidad de normas modificatorias, ya sea de carácter expreso o tácito, parcial o total, del correspondiente precepto de dicha Constitución". En otras palabras, la Junta, desempeñando la función constituyente, saneó los vicios de inconstitucionalidad imputados a los decretos leyes dictados durante el período señalado. Como consecuencia de lo expuesto, los recursos de inaplicabilidad cuyo fallo se hallaba pendiente, debieron ser archivados.

Las normas del decreto ley Nº 788 no afectaron, exclusivamente, a "las sentencias judiciales ejecutoriadas con anterioridad a su publicación en el Diario Oficial". Aquel texto normativo aclaró, además, que "los decretos leyes que se dicten en el futuro y que puedan ser contrarios u oponerse, o ser distintos, en forma expresa o tácita, total o parcial, a alguna norma de la Constitución Política del Estado, tendrán el efecto de modificarla en lo pertinente sólo si de manera explícita se señala que la Junta de Gobierno lo dicta en el ejercicio de la Potestad Constituyente que le corresponde".

A partir del 4 de diciembre de 1974 y en síntesis, se formalizó la diferencia entre las dos clases de decretos leyes explicados. Esto denotó, además, que el órgano constituyente tendía a distinguirse del órgano legislativo, al menos en lo adjetivo.

3. OBRA NORMATIVA DE LA JUNTA

Cuantitativamente, lo realizado por la Junta en el orden normativo fue considerable, pues en menos de 4 meses dictó casi 250 decretos leyes, cifra que equivale a la totalidad de lo legislado en el año que precedió al pronunciamiento militar. La velocidad en la actividad legislativa era atribuible, entre otros factores, al régimen de concentración de funciones estatales, a la inexistencia de oposición institucionalizada y a los propósitos de cambio expresados por las mismas autoridades.

Cualitativamente, la obra normativa realizada fue de importancia capital, cualquiera sea el juicio que merezca el fondo de la preceptiva trazada. En términos breves y directos, la nueva legislación trasuntó una escala de valores y principios políticos hondamente diferentes de los contenidos en el orden jurídico precedente y en parte subsistente, de manera que la orientación democrática de éste fue reemplazada por otra de robustecimiento del aparato coactivo estatal y el autoritarismo como régimen de gobierno.

El legislador reguló los asuntos más disímiles del orden político, social y económico. La variedad fue tal que se torna imposible aquí sistematizar su contenido. Por lo mismo, al momento de describir el régimen normativo institucional entonces vigente,imperioso es hacerlo a través de un inventario representativo y con el propósito tan sólo de ilustrar acerca de sus rasgos característicos.

a) CONFIGURACION DE LOS PLENOS PODERES

Se expusó ya que, desde el 11 de septiembre de 1973, en Chile imperó un régimen de concentración de poderes. Tal carácter - al que los integrantes de la Junta aludían denominándolo Régimen Autoritario - queda de manifiesto al recordar los acontecimientos siguientes:

a.1) Disolución del Congreso y del Tribunal Constitucional

Mediante el decreto ley Nº 27, la Junta disolvió el Congreso Nacional, declarando que cesaban en sus funciones, desde ese instante, los parlamentarios en ejercicio. La decisión se fundó en "la necesidad de contar con la mayor expedición en el cumplimiento de los postulados que la Junta se ha propuesto, y (...) en la imposibilidad, en consecuencia, de someterse por ahora en los requerimientos legislativos al procedimiento ordinario para la dictación de las leyes y evitar dañar el propósito de poner en marcha el restablecimiento de la institucionalidad con la mayor urgencia".

Poco después, la Junta procedió a disolver el Tribunal Constitucional, dado que tenía por función primordial resolver conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, "que no pueden presentarse por estar disuelto el Congreso Nacional".

a.2) Proscripción y receso de Partidos Políticos

Destituido el President