La determinación del magistrado titular del 23.er Juzgado Civil debe ser analizada por la Corte de Apelaciones de Santiago.


En una resolución sin precedentes, el juez del 23.er Juzgado Civil de Santiago, Rubén Palma Mejías, acogió una demanda contra el fisco presentada por un grupo de exiliados que buscan que se les indemnice por el daño moral que sufrieron luego que se vieran obligados a vivir fuera de Chile durante el régimen militar.

El juez respaldó a los 40 demandantes, quienes pidieron la nulidad de derecho público de la prohibición de ingresar al país que dictó la Junta Militar en 1973, luego que ellos se asilaran en embajadas.

A juicio del magistrado, la orden del gobierno de prohibir la entrada a Chile de los afectados "constituyó un acto de ilegalidad en los términos dispuestos por la Constitución, toda vez que cada uno de los demandantes fue obligado a abandonar el país, agrediendo y atentando de este modo contra los derechos humanos esenciales e inherentes a cada persona".

Tras analizar los argumentos de las partes, el juez acogió el planteamiento de la defensa de los exiliados en cuanto a que la acción de nulidad de derecho público es imprescriptible, debido a que "cualquier acto ejecutado por el Estado o sus agentes en contravención a la legalidad vigente es nulo de pleno derecho".

El Consejo de Defensa del Estado, que en este caso es el ente demandado, argumentó que la acción está prescrita.

La demanda, patrocinada por el abogado Adil Brkovic, sostiene que pese a que los afectados por la medida del gobierno militar regresaron a Chile entre 1983 y 1988, "el exilio sigue siendo causa de daño emocional".

Dicho postulado fue recogido por el magistrado Palma, quien tomó en cuenta informes médicos que acreditan enfermedades y problemas sufridos por los exiliados como consecuencia de su forzada lejanía del país.

En lo que respecta a las sumas de dinero que deberá recibir cada afectado, el juez resolvió que éstas "deberán ser fijadas en el incidente sobre cumplimiento de la sentencia" y que "deberán pagarse debidamente reajustadas".

La resolución, que podría ser invocada por otros exiliados para exigir indemnizaciones, debe ser analizada en segunda instancia por la Corte de Apelaciones.

El abogado Brkovic se mostró muy satisfecho por el fallo, porque recordó que los exiliados son las únicas víctimas de violaciones a los derechos humanos "que no han recibido ningún tipo de reparación por parte del Estado".