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12 febrero 2005
MADRID: EL PAIS PUBLICA RESPUESTA DE EX-PP.PP CHILENOS
A LAGOS
El presidente Lagos, aparte de su artículo en el diario Le Monde, acordó una entrevista
con el diario El País el 5 de diciembre de 2004. Como uno de los temas concernía a
Derechos humanos en Chile, decidimos responderle con la misma carta de respuesta elaborada
inicialmente para el diario Le Monde.
El día 7 de febrero, El País, publicó esta carta en la sección Internacional (página
10) del diario haciendo mención a la adhesión de 90 ex-presos políticos y de
Asociaciones de ex-prisioneros políticos chilenos.
A nombre del equipo, saludos y agradecimientos,
Hector Zavala
Ex-preso político de la dictadura militar
___ NOTA DE Política Cono Sur: Como no es de sorprender, en Chile se guarda absoluto
mutismo sobre el tema, incluso en los periódicos digitales que se auto identifican como
"alternativos". Es simplemente increíble que los ex-PP.PP. chilenos tengan que
recurrir a medios de prensa en países extranjeros para poder hacer oir sus voces. Sea
como sea, el peor parado es Lagos quien, por lo visto, ahora aparece cuestionado a través
de las voces de los ex-PP.PP. en un medio de prensa fuertemente ligado al socialismo
liberal español.
LA SIGUIENTE ES LA RESPUESTA DE LOS EX-PP.PP. A LAGOS:
A propósito del artículo aparecido en varios diarios en Europa y América Latina:
«Chile y el camino de la verdad profunda» de Ricardo Lagos, Presidente de la República.
Ex-presas y ex-presos políticos de la dictadura militar chilena, hacemos pública nuestra
opinión sobre las declaraciones del Presidente chileno Ricardo Lagos publicadas en el
diario Le Monde (Francia) el día 10 de diciembre de 2004. Tal como lo señala el Sr.
Presidente, Chile se caracteriza por ser el país de los "terremotos". Pero más
importante que ello, nuestro país se hizo conocer en el mundo, sobre todo, por el proceso
social que llevó a Salvador Allende a la Presidencia de la República, lo que permitió
los mil días del gobierno de la Unidad Popular en 1970.
La opinión pública internacional fue sacudida enseguida por la interrupción de este
proceso vía un violento golpe de estado y la instauración de una dictadura militar. Más
tarde, los ojos del mundo se fijaron, el 16 de octubre de 1998, en Inglaterra, durante la
detención del dictador Pinochet, como consecuencia de una demanda de extradición de la
Justicia española y con el fin de juzgarlo por sus crímenes.
Este terremoto sacudió enteramente nuestro país y principalmente su clase política,
confortablemente instalada en una interminable "transición hacia la
democracia".
Hoy, esta misma opinión pública sigue con atención los pasos de la Justicia chilena
para juzgar a Pinochet y a sus cómplices en su país. A pesar de la afirmación del Sr.
Presidente sobre la responsabilidad de los agentes del estado chileno en las exacciones
cometidas por los militares chilenos, ésta ha sido ampliamente conocida por la
población, vista la extensión y duración de la represión y esto también gracias al
trabajo de memoria y a la denuncia constante hecha por las organizaciones chilenas e
internacionales de Derechos Humanos.
Desde hace treinta años, a pesar de la negación, el ocultamiento de los hechos, la
defección del Estado concerniendo estos derechos esenciales y las múltiples tentativas
para cerrar las demandas de justicia; la verdad está surgiendo de nuevo.
Si bien el informe Valech, recientemente entregado al Presidente chileno, ha considerado
el testimonio de 35000 personas, no constituye una experiencia sin precedentes en el
mundo, como lo señala el Sr. Presidente. Otras iniciativas similares han sido realizadas
en Argentina, Uruguay y en África del Sur. Aún más, como consecuencia de la falta de
información, tanto en Chile como en el extranjero, numerosas personas no supieron que
podían testimoniar y aquéllos que -en el marco de la "Operación Cóndor"-
estuvieron presos en el extranjero, no fueron tomados en cuenta.
Este informe, en sus recomendaciones, hace proposiciones sobre la reparación a las
víctimas, que finalmente no fueron tomadas en consideración por el Sr. Presidente.
La no conformidad del Estado chileno con las normas internacionales sobre este tema es
lamentable y la explicación dada por el Presidente chileno (esta reparación es
"modesta" e "insignificante" pues nuestro país es
"insignificante") no está a la altura de las expectativas, ni de su
investidura.
Es vergonzoso que este Estado entregue una indemnización "anti-stress" a los
militares torturadores y que entregue también el 10% de los ingresos de la venta del
cobre a la Fuerzas armadas, a pesar de conocer la situación de las víctimas y los
estragos socio-económicos que el modelo neo-liberal provoca en los sectores más
desfavorecidos de la población chilena. He aquí recursos considerables que utilizar
correctamente, evitando de paso, una carrera armamentista en América Latina.
Si bien el informe Valech constituye una contribución a la búsqueda de la verdad,
desgraciadamente sus conclusiones se agregan a otras tentativas para cerrar
definitivamente las demandas de justicia de las víctimas. En el actual clima de
arrepentimientos y de mea-culpas, las organizaciones chilenas e internacionales de
Derechos Humanos tratan, tenazmente, de impedir que la impunidad siga progresando. Las
nociones de verdad, justicia y reparación, de las cuales habla el Sr. Presidente, no han
sido una referencia obligatoria en las diferentes etapas de resolución de los problemas
de estos derechos.
Basta analizar el número de militares en proceso o condenados, durante todos estos años,
para constatar que estas nociones han sido escasamente consideradas: - Si bien el informe
Rettig en 1991 ha considerado los nombres de los detenidos desparecidos y ejecutados, el
establecimiento de los procesos judiciales sólo comenzó 10 años más tarde. -
En 1999, en la "mesa de diálogo", a pesar del reconocimiento de violaciones de
Derechos Humanos por las Fuerzas armadas, las informaciones brindadas por los militares no
han permitido encontrar los cuerpos de los detenidos desaparecidos. - En 2000, a pesar del
acuerdo de extradición de Pinochet en España pronunciada por la Corte Suprema de
Inglaterra y la tentativa lanzada por el juez Guzmán en Chile, el dictador fue autorizado
a regresar al país y no ha sido aún juzgado. Es el mismo consenso político de la época
y las mismas supuestas "razones humanitarias-médicas" utilizadas en Londres y
en Santiago que le han permitido escapar a la justicia. - La ley de amnistía de 1978, que
favorece a los militares responsables de exacciones, no ha sido abrogada y solamente una
pequeña parte de procesos judiciales, en relación con estos crímenes, ha progresado.
Amnesty International ha señalado en varias ocasiones que esta ley es incompatible con el
derecho internacional relativo a los Derechos Humanos y con las obligaciones del Estado
chileno. El Estatuto de la Corte Penal Internacional y la Convención sobre las
Desapariciones forzadas no han sido ratificadas por Chile y esta última infracción
constituye un argumento bastante utilizado por los jueces para liberar a los militares de
sus responsabilidades.
Efectivamente, como el Sr. Presidente lo señala, la prisión política y las torturas han
constituido una política institucional de Estado. Pero, la existencia de prisioneros
políticos chilenos y mapuches, hoy en Chile, es un hecho indiscutible; además diferentes
informes de Amnesty International dan cuenta de la práctica de torturas al interior de
las prisiones y comisarías chilenas. Los prisioneros políticos fugados de las prisiones
(año 1990) y otros condenados a penas de exilio están en la imposibilidad, por decisión
de justicia, de volver al país.
Sobre el trabajo de esta Comisión y la publicación de su informe, debemos señalar que
el acto más importante, para responder al dolor de las víctimas, no ha sido realizado
pues sus conclusiones no han sido traducidas en acciones de justicia y los torturadores no
han sido identificados. Aún más, la confidencialidad garantizada por ley por una
duración de 50 años, no contribuye a la búsqueda de la verdad y consagra la existencia
de la impunidad. Por su carácter sistemático y su considerable extensión, los delitos
de tortura cometidos bajo el régimen militar son crímenes contra la humanidad y como
tales, son imprescriptibles.
El Estado tiene el deber de juzgar a los responsables y de castigar a los culpables.
Finalmente, estimamos que una dimensión ética de la política, considerando las
lecciones del pasado, debería justamente conducir a actuar con transparencia y coraje
ante situaciones como las que vive el país hoy día. Como el Sr. Presidente lo señala,
nosotros pensamos que para jamás revivir este pasado trágico de nuestra historia, jamás
debemos olvidarlo, ni ocultarlo, ni negarlo. El deber y trabajo de memoria, la búsqueda
de la verdad y la justicia deben continuar. Con este fin, haremos conocer al país los
nombres de los torturadores y seguiremos presentando ante los tribunales las
querellas criminales por torturas y secuestros que correspondan, acompañadas de demandas
civiles contra el Estado, hasta obtener satisfacción. La dignidad debe ser restituida a
todos aquellos que contribuyeron duramente y valientemente a terminar con las horas negras
de la dictadura militar.
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Esta política intenta implementar lo que ellos llaman "Proyecto para un Nuevo
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(Dr. Róbinson Rojas,
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