DECLARACIÓN PUBLICA
Ante la resolución de la Corte Suprema de Justicia, señalamos:
Una vez más el Poder Judicial se equivoca en perjuicio de un valor
fundamental: la justicia. Una vez más olvida su rol esencial: hacer justicia. Una vez
más se pone fuera de la historia: al denegar justicia. Antes no cuestionaron los
atropellos de la dictadura justificando esa conducta por las condiciones de ilegalidad
reinante. Hoy, cuando los procesos avanzan en la determinación de responsabilidades,
pretenden cometer el mismo error histórico estableciendo plazos para el cierre de dichos
procesos.
La tan manida independencia de Poder Judicial queda una vez mas en
entredicho, cuando se hace evidente que las presiones tanto de parte de las FFAA como del
Ejecutivo, tuercen lo que se había venido dando en forma paulatina, tal como ha quedado
demostrado con el trabajo de los jueces especiales y de dedicación exclusiva, que
comprendiendo que los errores de ayer se subsanan en parte con la acción de hoy, han
puesto lo mejor de si para avanzar en las causas que por casi tres décadas no fueron
investigadas.
Creemos que la "orden" emanada del máximo Tribunal, es
cuestionable en cuanto a su legitimidad al obligar a cerrar los procesos en un máximo de
seis meses y terminar con los jueces especiales en las causas por violación a los
derechos humanos. Ambas medidas solo se pueden enmarcar dentro de otra violación a los
derechos de las victimas, el de denegación de Justicia.
Altamente sospechoso nos parece el nivel de intuición desarrollado
entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, cuando ambos y aparentemente, por caminos
distintos, expresan la necesidad de acelerar los procesos. Por un lado dando un plazo de
seis meses y por otro sosteniendo la necesidad de "empalmarlos" con la Reforma
Procesal Penal y dando para ello un plazo de no mas de dos años.
La experiencia que nos dan estos más de 30 años, nos indica que
nuevamente se intenta poner un Punto Final a la Justicia que tanto nosotros como la
ciudadanía espera como ejemplar sanción para los responsables de la detención y
desaparición de nuestros familiares. No basta con expresar, con declarar, que esos
delitos son inamnistiables e imprescriptibles, si los hechos y las voluntades políticas
demuestran lo contrario.
Rechazamos la propuesta de la Corte Suprema por ilegitima, por atentar
contra los ofendidos privilegiando a los ofensores. La rechazamos porque esta medida
impone un retroceso inexcusable a la labor investigativa. La rechazamos porque es parte de
una concertación de opiniones que invalida, cercena y empobrece aún más el sentido de
existencia de los jueces.
En medio de tan despreciable medida administrativa, valoramos la
posición clara y de principios de los Ministros José Benquis y José Luis Pérez. Con
Ministros de esa altura aún podemos mantener la esperanza de una plena realización de
justicia en beneficio de una futura convivencia civilizada y democrática. Ellos tienen
razón, son los jueces quienes tienen la facultad de resolver sus causas.
El falaz argumento de "dilación de los procesos" argüido
por la Corte Suprema no es distinto a la de los militares cuando reclaman el "desfile
por los Tribunales". Tanto de la dilación como del desfile son responsables única y
exclusivamente los jueces que no cumplen con su deber y los violadores de derechos humanos
que mienten y niegan en forma grosera y sistemática.
La sensibilidad que hoy ha desarrollado la Corte Suprema con los
victimarios es la que anhelábamos cuando pudieron actuar para salvar la vida de nuestros
familiares y es la que anhelamos hoy para seguir sin presiones, temores o conveniencias
políticas con los procesos de cada uno de los detenidos desaparecidos y ejecutados
políticos hasta el establecimiento de la verdad y la sanción penal que corresponda de
acuerdo a la gravedad de los delitos cometidos.
Rechazamos el respaldo entregado, con gran celeridad, por el Presidente
Ricardo Lagos a tan deleznable propuesta. Usando sus propios dichos le expresamos que
Chile sigue extraviando su rumbo al entorpecer el camino que puede devolvernos la
dignidad. El empalme de la causas por violaciones a los derechos humanos había sido
descartada por el Ejecutivo hace solo unos días, nos preguntamos entonces ¿a qué
presión se cedió para tan brutal cambio?
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos anuncia que
interpondrá un recurso de protección en contra del acuerdo de la Corte Suprema por
ilegal y arbitrario, si éste es rechazado recurrimos a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y al Comité de Derechos Humanos del Pacto de Derechos Civiles y
Políticos de Naciones Unidas e impulsaremos una Acusación Constitucional por
prevaricación y notable abandono de deberes en contra de los Ministros que respaldaron
este acuerdo.
La posición del Ejecutivo nos lleva a iniciar una campaña nacional e
internacional con el objeto de impedir que el Ministro José Miguel Insulza asuma la
Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. No podemos permitir que
quien propicia la impunidad, que quien trabajó arduamente para que Augusto Pinochet
regresara a Chile estando detenido en Londres, que quien maquiavélicamente articula una
ley de punto final, pretenda dirigir una organización que esencialmente debe velar por la
justicia.
Reafirmamos que la desaparición de nuestros familiares exige una
conducta social y ética de permanente afianzamiento de la justicia. A ello no
renunciaremos jamás.
AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS
Santiago, 26 de enero de 2005.