En el marco de la conmoción nacional que ha causado el conocimiento de
la barbarie desatada por el terrorismo de Estado en el país, dada a conocer por el
reciente Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, resulta
ofensivo a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y a la conciencia
nacional, la utilización que se ha querido hacer del suicidio del militar, procesado en
los tribunales de justicia por decenas de crímenes de lesa humanidad, desapariciones,
asesinatos y torturas, y de los cuales, como todo el país sabe, fue responsable directo.
Desde una perspectiva ética de los derechos humanos, cualquier juicio
moral público y responsable frente a la conducta suicida del agente de la DINA, debiera
plantear la preocupación ante el hecho de que el criminal no se arrepintió de sus
crímenes ni los confesó, por ende, impidió conocer la verdad y mantuvo el manto de
impunidad sobre ellos.
Por eso resulta patético que sus cómplices, la plana mayor de la
DINA, también criminales procesados y muchos encarcelados, aparezcan en el funeral,
moralizando falsamente su acción, pretendiendo hacerlo aparecer como víctima, y de paso,
ganar para ellos un cierre de los procesos o la dictación de una ley de punto final.
Es inaceptable que algunas altas autoridades nacionales, solidarizando
y legitimándose en el normal dolor de la familia del agente de la DINA, expresen una
voluntad de terminar con estos hechos apurando los procesos judiciales o reivindicando la
Ley de Amnistía, en un momento donde los tribunales de justicia lentamente han venido
restableciendo justicia frente a las graves y masivas violaciones de derechos humanos
ocurridas durante la dictadura militar.
Hechos tanto o más dramáticos que el suicidio de Barriga han
afectado, durante más de 30 años, a los familiares de las víctimas de desapariciones
forzadas o ejecuciones políticas y a las víctimas de torturas, todos crímenes en los
que el militar participó. Hay que recordar que muchas víctimas de tortura o familiares
de detenidos desaparecidos o ejecutados, también se les destruyó sus vidas, se han
suicidado o han sido afectados por múltiples y graves enfermedades, algunas de las cuales
terminaron con sus vidas sin llegar a saber que había sucedido con sus familiares.
Quizás un gesto de mínima dignidad, donde los Pinochet, Contreras,
Ceballo y Krassnoff, reconozcan sus responsabilidades y confiesen la verdad de sus
deleznables crímenes, pudiera evitar continuar con tanto dolor causado.
Expresamos nuestra profunda solidaridad con los familiares de las
víctimas, especialmente las implicadas en los procesamientos judiciales a Barriga, que
han sido, una vez más, tan brutalmente agredidas por esta repugnable acción mediática
de victimización de los autores de los más cobardes crímenes que se han cometido en la
historia de Chile y que tanto daño han causado al conjunto social. Las imágenes que
presenció ayer el país de los principales violadores a los derechos humanos, impunes,
caminando libremente, sólo avergüenzan al país ante la comunidad internacional.