Adelanto del libro “De la tortura no se habla: Agüero vs. Meneses”, de Patricia Verdugo

Cuando se inició el caso Agüero-Meneses, en el 2001, la tortura era un tema vedado en Chile. Las casi simultáneas denuncias de Felipe Agüero contra Emilio Meneses y del ex prisionero Carlos Bau contra el general Hernán Gabrielli descorrieron el velo por un breve lapso. Pero sembraron una semilla que germinó dos años más tarde: el Informe Valech.

De La Nacion Domingo

Por Patricia Verdugo

Esta historia -tan real como dolorosa- tiene a dos personas en el centro del escenario. Dos personas que, dependiendo del punto de vista, ocupan los roles de protagonista y antagonista. O de víctima y victimario. Si sólo atendemos a la forma del proceso rol número 165.085-3 del Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago, Felipe Agüero Piwonka aparece como el victimario que ofende a Emilio Meneses Ciuffardi, provocando que este último se querelle por injurias graves. Si vamos al fondo del asunto, Felipe Agüero resulta ser la víctima de las torturas que le infligió Emilio Meneses en 1973, mientras el primero era prisionero político y el segundo, oficial de reserva de la Armada.

Sus vidas tuvieron un primer punto de encuentro en el Estadio Nacional, cuando el recinto sirvió como campo de concentración de prisioneros políticos. Casi dos décadas después, cuando Chile había iniciado la transición, volvieron a encontrarse. Para entonces, ambos eran académicos especializados en materias de Defensa. El profesor Meneses puso el eje en la estrategia y el profesor Agüero lo hizo en la relación militarismo-democracia.

Volvió a transcurrir otra década para lo que podríamos numerar como el tercer y definitivo encuentro. Ambos protagonizaron un bullado caso ante los tribunales y, sentados frente a una jueza, se enfrentaron finalmente en un careo. Para ese entonces corría el año 2002.

MISILES DE PAPEL

Iniciada la transición, la voz de Emilio Juan Meneses Ciuffardi como “experto en defensa” tuvo creciente importancia en la prensa. Como profesor titular de la Universidad Católica de Chile (PUC), daba clases en el pregrado y en el magíster del Instituto de Ciencia Política. Y llegó a ocupar la cátedra Zenteno de Estudios de Defensa del mismo instituto.

Todo marchaba sobre ruedas -en lo profesional- para el profesor Emilio Meneses Ciuffardi cuando ya bordeaba el medio siglo de vida. Sus metas se cumplían.

Hasta que llegó el año 2001 y dos cartas determinaron su caída.

La primera llegó al comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile y estaba firmada por el coronel Mark Meyer, ex agregado militar de Estados Unidos en Chile. En síntesis, sostenía Meyer que el profesor Meneses en enero de 1997 le dijo que aún tenía mucha influencia en la Fuerza Aérea -debido a sus antiguos vínculos como asesor- y su ayuda podía ser clave para resolver la compra de aviones. Agregó -según el ex agregado militar estadounidense- que no tenía preferencia por alguno de los cuatro modelos posibles y que estaba dispuesto a considerar ofertas “significativas” ya que su tiempo era valioso. Lo que concernía a Estados Unidos eran los modelos F-18 de la Boeing McDonell-Douglas y el F-16 de la Lockheed Martin. Los otros dos eran europeos: el sueco JAS Gripen y el francés Mirage. No hubo trato alguno con el profesor Meneses -aclaró Meyer en su carta- porque las empresas no se interesaron en sus servicios.

Ante el escándalo, Meneses aclaró a El Mostrador que “aquí se ha pretendido crear un acto criminal de una operación comercial”. Al diario El Mercurio le dijo que la carta del coronel Meyer era “una colección de imprecisiones, exageraciones y faltas a la verdad”.

La Fuerza Aérea de Chile hizo un formal reclamo a la PUC ante la denuncia que afectaba a uno de sus académicos y se inició una investigación en la rectoría.

Casi en paralelo, otra carta llegó al Instituto de Ciencia Política de la PUC desde Estados Unidos. Una copia fue enviada por correo electrónico a finales de febrero de 2001 y el director Alfredo Rehren no pudo conocerla de inmediato porque su computador estaba fuera de servicio. El instituto estaba de mudanza desde la casa central de la PUC hacia el Campus San Joaquín y los académicos quedaron “desconectados” por unos días. El original de la carta fue despachada por correo normal. La carta estaba firmada por el profesor Felipe Agüero Piwonka y fechada el 21 de febrero de 2001.

Así fue como simples hojas de papel se convirtieron en misiles que sepultaron la carrera académica y el prestigio público de un hombre que -hasta entonces- aparecía en la prensa local como un respetable analista experto en Defensa.

Nada, hasta ese momento, delataba que el profesor Emilio Meneses tuviera algún temor por lo obrado en el campo de concentración del Estadio Nacional en 1973.

CARA A CARA CON MENESES

Felipe Agüero Piwonka no hizo el servicio militar y no registra antecedentes que lo relacionen con acciones violentas durante su juventud, como en el caso del profesor Meneses. Agüero Piwonka tenía 21 años cuando ocurrió el golpe de Estado, estudiaba en la Escuela de Sociología de la PUC y militaba en el MAPU, que formaba parte de la alianza política gobernante. Trabajaba, además, en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cinco días después del golpe militar, fue arrestado por una patrulla militar en la calle. Iba acompañado por su amigo Fernando Villagrán. Ambos habían estado con el dirigente máximo del MAPU -el actual senador Jaime Gazmuri- y portaban el primer comunicado del partido a sus militantes. Tras una fuerte golpiza, fueron llevados a la Base Aérea El Bosque donde los interrogaron y maltrataron. Luego los trasladaron al campo de concentración que se improvisó en el Estadio Nacional, donde fueron separados. El joven Agüero permaneció allí por casi un mes y fue víctima de variadas forma de tortura, incluyendo la aplicación de electricidad. Luego fue trasladado a la Cárcel Pública de Santiago. Nunca se hicieron cargos en su contra ni fue sometido a proceso. Recuperó su libertad en febrero de 1974, luego que su familia logró que intercediera ante la autoridad militar el abogado Jaime Guzmán Errázuriz.

Entre los años 1978-1982, Felipe Agüero fue investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), en Santiago de Chile, y publicó dos libros que -por su carácter académico- lograron pasar las barreras de la censura militar.

En 1982, Agüero partió a Estados Unidos a realizar su doctorado en la Duke University. Luego fue fellow en The Helen Kellog Institute de la Universidad de Notre Dame (1989), en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, en 1993-94, y en el North-South Center, de la Universidad de Miami, en 1994-95.

Sería largo de enumerar los consejos universitarios, comités y consejos editoriales a los que pertenece el doctor Agüero en Estados Unidos. Todo ello habla de su excelencia como académico y del prestigio alcanzado en su campo. Nada en su extenso currículo delata ese otro espacio de realidad que subyacía en su vida. Porque a la tortura que sufrió en 1973 siguieron otras, como ha sido el caso de todas las víctimas. Mientras permaneció en Chile, en los siguientes nueve años, hasta 1982, estuvo el temor de que se repitiera la experiencia. Cada nuevo dato acerca de la represión de la dictadura activaba la memoria, con un agravante: reconoció a uno de sus torturadores en una fotografía publicada en la página de sociales de El Mercurio. Se trataba de un ex oficial de reserva de la Armada. El temor a encontrárselo en la calle -ocurrió dos veces- reactivaba el doloroso episodio.

Fue a comienzos de la transición, cuando un seminario convocado por Flacso, dio paso a una tercera etapa de la secuela de la tortura. Allí reconoció en el profesor Emilio Meneses -quien mantiene un aspecto físico muy similar al de su juventud- a otro de sus torturadores del Estadio Nacional. ¡Estaba vivo y era uno de sus pares en el mundo académico! La memoria del pasado encontró un espacio en el presente, fundiendo dolores y angustias. Todo ello en el mayor secreto, bajo la apariencia de que nada extraño estaba ocurriendo. Un día cualquiera, estando en Buenos Aires, compartió su secreto con el periodista Rodrigo Atria, su amigo, quien también estuvo detenido en el Estadio Nacional. Luego se lo dijo al periodista Fernando Villagrán, con quien había compartido la experiencia de arresto y prisión. Habló también con sus hermanos Guillermo e Ignacio Agüero.

¿Qué hacer? La pregunta se convirtió en un latigazo doloroso por muchos años. Haber sobrevivido a la represión de la dictadura -tras permanecer en campos de concentración y cárceles clandestinas- pasó a ser una suerte de privilegio que demandaba silencio por parte de los “beneficiados” o sobrevivientes. Una demanda que estaba implícita en el “discurso” oficial y social de la transición.

Cuando Pinochet dejó la comandancia en jefe se inició el cambio. Año 1998. Se presentó la primera demanda en su contra (Gladys Marín, secretaria general del Partido Comunista), se designó un ministro de fuero (Juan Guzmán) y se inició un proceso judicial al que se fueron sumando centenares de querellas. Un fenómeno político y social que se acrecentó cuando Pinochet fue arrestado en Londres en octubre de 1998.

Ese cambio afectó también al ciudadano Felipe Agüero Piwonka y decidió, ese 1998, contar su secreto al cientista político Tomás Chuaqui, de la Universidad Católica, con quien había establecido una profunda amistad en la Universidad de Princeton.

Recuerda el doctor Chuaqui: “Fue tal el impacto, que se me doblaron las rodillas y caí al suelo. Me hablaba de Emilio Meneses, con quien yo pasaba mucho tiempo en el Instituto de Ciencia Política. Almorzábamos juntos casi todos los días. Le pregunté finalmente a Felipe qué iba a hacer. ‘Voy a tener que enfrentarlo en algún momento’, me respondió”.

Depositario del secreto, el doctor Chuaqui no tenía más camino que esperar a que el doctor Agüero decidiera “enfrentar” el asunto algún día. “Pensé que iba a ser pronto. Pero fue pasando el tiempo. Alteré toda mi relación con Emilio Meneses, quien seguía teniendo su oficina enfrente de la mía. Eliminé todas las reuniones con él que no fueran estrictamente obligatorias”, recuerda el doctor Chuaqui.

- ¿Lo notó Meneses?

- Claro que lo notó, pero debió atribuirlo a problemas internos del Instituto, al aproximarse un cambio en la dirección.

EL CONTEXTO

En paralelo, otra familia chilena vivía su proceso de cambio, la familia del asesinado Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, víctima de la “caravana de la muerte” en Antofagasta. Recordemos que este caso llegó a manos del ministro Juan Guzmán en mayo de 1998 y, por tratarse de un crimen masivo que afectaba al menos a 75 prisioneros políticos y donde la “huella dactilar” de Pinochet estaba claramente estampada, se transformó en el proceso judicial más contundente contra el ex dictador. Así, fue este caso el que abrió paso al desafuero de Pinochet en el 2000 y a su procesamiento en el 2001 como autor de los secuestros y los homicidios.

El hecho es que la familia del asesinado Ruiz-Tagle decidió el traslado de los restos desde Antofagasta a Santiago y la realización de un multitudinario rito fúnebre, hacia fines del 2000. La víctima, Eugenio, había sido un entrañable amigo y compadre del mayor de los Agüero, Guillermo.

Al recordatorio del asesinato de Ruiz-Tagle se agregó otro hecho macabro en enero de 2001. Las Fuerzas Armadas reconocieron la participación de uniformados en dos centenares de crímenes, explicando varias desapariciones de prisioneros por haber lanzado al mar sus cadáveres. Este reconocimiento se realizó al dar por finalizada la “mesa de diálogo” entre las Fuerzas Armadas y algunos prominentes abogados defensores de derechos humanos, instancia que fue convocada por el gobierno de Frei y culminó en el gobierno de Lagos.

Fue en este contexto que el ex prisionero político Carlos Bau acusó al general Hernán Gabrielli, jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, de haber sido uno de los que torturaron al asesinado Eugenio Ruiz-Tagle en la base aérea de Cerro Moreno, en Antofagasta. La acusación de Bau fue publicada por el diario electrónico El Mostrador el 8 de febrero de 2001. El escándalo fue mayúsculo. Otros dos ex prisioneros corroboraron la acusación. Obviamente el general Gabrielli la negó (presentó una querella por injurias, le fue rechazada y luego tuvo que abandonar la Fuerza Aérea).

El conjunto de datos causó revuelo. Porque el asesinado Eugenio Ruiz-Tagle Orrego pertenecía a una familia de la “aristocracia” local y su viuda estaba casada con un influyente político, el ex ministro José Joaquín Brunner. Porque el ex prisionero Bau, con su denuncia, puso en jaque al segundo hombre en la línea de mando de la FACH. Y, en ese clima, el diario El Mercurio decidió intervenir para mantener a salvo el honor del abogado Jaime Guzmán Errázuriz.

Así, sin que el doctor Agüero se lo propusiera, su detención de 1973 fue recordada por el principal diario de derecha. El Mercurio, tanto en su cuerpo dominical de reportajes como en su revista El Sábado, lo mencionó de este modo: “Pero hubo un caso que Guzmán estuvo dispuesto a defender personalmente en los tribunales: el de Felipe Agüero, detenido el 16 de septiembre cuando era estudiante universitario”.

¿Cómo es que el poderoso Jaime Guzmán Errázuriz supo, en 1973, del caso de Felipe Agüero? Se enteró luego de asistir a una misa oficiada en memoria del asesinado Eugenio Ruiz-Tagle. Así lo declaró Guillermo Agüero en el proceso judicial. El hecho es que la recordación de la tortura sufrida por Eugenio Ruiz-Tagle desencadenó el proceso. El 21 de febrero de 2001, el doctor Agüero escribió una carta privada al doctor Alfredo Rehren, director del Instituto de Ciencia Política, con copia al rector de la PUC, Pedro Pablo Rosso.

Así también, lo publicado por El Mercurio despertó la curiosidad de la revista Cosas, la que decidió publicar una entrevista realizada a comienzos de marzo de 2001. Por primera vez, el doctor Agüero pudo hablar públicamente de su tortura, aunque decidió mantener en secreto el nombre del torturador. Varias páginas y tres grandes fotografías de Agüero Piwonka. La revista tituló en grandes letras: “Conozco a la persona que me torturó”. En el texto, el doctor Agüero identifica a su victimario como “un académico” y relata que ya envió una carta a las autoridades del centro académico donde trabaja.

El diario La Segunda logró obtener la carta y publicó, el 23 de marzo, buena parte del texto en que Felipe Agüero identificaba a Emilio Meneses como su torturador.

EL DESENLACE

A la publicación de la carta, el diario La Segunda anexó dos informaciones. Primero, un escueto comunicado de la Armada en defensa del oficial de reserva Emilio Meneses: “La institución se hace una obligación en expresar su respaldo y confianza más absoluta al citado oficial, en la convicción que éstos representan infundios insostenibles que sólo buscan afectar y destruir la imagen personal del afectado”. Segundo, el desmentido de Emilio Meneses: “Yo, al señor Felipe Agüero, no lo interrogué, no lo vi en ningún momento en el Estadio Nacional. Incluso ignoraba su presencia allí”. Y aseguró que “desde siempre, todos mis amigos, conocidos y colegas supieron, y nunca escondí, que estuve en servicio en la Armada de Chile y la Armada me destinó a ser interrogador en el Estadio Nacional. Nunca, mientras cumplí ese servicio, en ningún momento, a nadie sometí a apremios ilegítimos”.

No concuerdan con Meneses algunos de sus colegas y amigos. El historiador Cristián Gazmuri fue su amigo por más de 30 años e hizo con él su servicio militar en la Armada, siendo ambos estudiantes universitarios.

-¿Le contó que había sido interrogador en el Estadio Nacional?

-No, sólo me contó que había llevado gente al Estadio. Los dos éramos reservistas de la Armada y me dijo que a él lo habían llamado a las filas después del golpe. Y le dieron como misión llevar prisioneros al Estadio. Eso me dijo.

Por su parte, el cientista político Tomás Chuaqui tampoco tuvo información.

-Meneses dice que todos los que lo rodeaban sabían de su rol de interrogador…

-Falso. Puede que lo supieran sus amigos más íntimos, pero la mayor parte de los académicos del Instituto nada sabíamos. Se rumoreaba que era un pinochetista duro, pero nada más.

El hecho fue que, a fines de marzo de 2001, la tormenta se desató sobre el Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica de Santiago. Entre estudiantes que se negaban a entrar a las clases de Meneses, una masiva actividad de “funa” para denunciar la presencia de un torturador en el campus y el debate de los académicos, la PUC optó por suspender las actividades del académico Meneses. Pero le mantuvo su sueldo.El consejo académico del Instituto de Ciencia Política se declaró en proceso de “reflexión”, citando a declarar dos veces a Emilio Meneses e invitando a Felipe Agüero a dar su versión durante el año 2001.

El doctor Chuaqui, entonces subdirector del Instituto, hoy su director, explica así el papel que jugó el consejo académico: “No nos correspondía escuchar lo que había hecho Meneses en 1973. No estábamos en posición de determinar los reales hechos. Lo importante era saber quién era Meneses en ese momento. Porque debíamos saber si reunía las condiciones morales y ético-académicas para pertenecer al Instituto. Se lo preguntamos muchas veces. Porque si él reconocía su papel como interrogador en el Estadio Nacional, teníamos que saber qué pensaba de eso casi treinta años después”.

-¿Y qué pensaba Meneses?

-Dijo, en síntesis: “Yo fui obligado a estar en una mala posición, hice el bien desde una mala posición, no hice nada malo”. Yo le pregunté: ¿Fuiste un engranaje en la máquina del mal? Y respondió: “Siempre se puede hacer el bien en cualquier situación. Entré con las manos limpias y salí con las manos limpias”. Se esperaba una reflexión ética más acabada. Porque uno queda mancillado profundamente cuando se participa de una maquinaria del mal. Eso nunca lo reconoció, nunca reconoció ningún grado de culpabilidad.

-¿Una postura amoral?

-Diría que tenía ceguera moral respecto de parte de sus actos. No procesaba moralmente esa parte de su vida. Por la prensa dijo que se había enterado después de las torturas en el Estadio Nacional. Yo le dije que él había actuado en un campo de concentración, sin protección alguna para los prisioneros, donde no funcionaba el habeas corpus. Me señaló: “En esa época nadie pensaba en esos términos”. Le pregunté qué sentía por sus superiores: Me indicó: “Resentimiento, porque nos tiraron a los leones, nos mandaron a hacer un trabajo para el cual no estábamos preparados”. Señaló también que había renunciado, pero que le rechazaron la solicitud.

El consejo académico del Instituto de Ciencia Política fue la única instancia que conoció del caso en su proceso de “reflexión”. La rectoría no ordenó instruir sumario alguno, como lo reconoció al tribunal el secretario general de la PUC, Raúl Madrid Ramírez. En respuesta al oficio 160-2002, dijo que la rectoría instruyó un sumario que no se relacionaba con la actuación de Meneses en el Estadio Nacional, sino que “contiene una indagación formal por una presunta infracción al Reglamento del Académico: a partir de una información recibida por esta Secretaría General, surgió la sospecha de que el señor Meneses habría realizado acciones destinadas a presionar a las instancias respectivas de las Fuerzas Armadas chilenas (lo que se denomina “hacer lobby”) para que éstas orientaran su decisión a favor de una alternativa específica (Gripen) en lo relativo a la compra de aviones de combate; la actuación habría sido remunerada y, en ella, el señor Meneses habría aprovechado su influencia desde la Cátedra de Defensa”.

“Por resolución de Rectoría Nº 01-2002, de fecha 3 de enero de 2002, se sobreseyó temporalmente la indagación formal; el 31 del mismo mes, el señor Meneses presentó su renuncia voluntaria al cargo que ocupaba en el Instituto de Ciencia Política; y por resolución de Rectoría Nº 09-2002, de 16 de abril pasado, se sobreseyó definitivamente la referida indagación formal”. El texto oficial de la PUC que -por haber sido enviado al tribunal a mediados de 2002- dio cuenta del fin de la carrera académica de Emilio Meneses en esa universidad. La decisión se tomó teniendo en cuenta lo resuelto por el consejo académico del Instituto de Ciencia Política y lo resuelto por el secreto sumario de la rectoría sobre las actividades de lobby en la compra estatal de aviones. Para “suavizar” la decisión, se permitió la figura de “renuncia voluntaria” de Meneses.

En paralelo con el proceso académico transcurrió el caso judicial. Se inició por decisión de Emilio Meneses, quien se querelló contra Felipe Agüero por el delito de injurias graves el 22 de mayo de 2001. No quedó más camino que probar los hechos y los defensores del doctor Agüero -los abogados Ciro Colombara y Juan Pablo Olmedo- invocaron la exceptio veritatis. Porque Agüero no tenía duda alguna de que Meneses fue el hombre a quien vio -durante una sesión de tortura- cuando lo hicieron desnudarse y, en el curso de la maniobra, se le corrió la venda que cubría sus ojos.

“Cuando Meneses comenzó a trivializar lo que ocurrió en el Estadio Nacional, me enrabié mucho. Por la prensa, en boca de Meneses, el estadio pasó a ser una especie de hotelito holiday inn, donde la gente iba a pasar una temporada de vacaciones. Ahí sentí que no podía permitir que se distorsionara la historia y que nuestros hijos deben saber lo que allí ocurrió, para que no se olvide y no se repita”, dijo el doctor Agüero.

El caso judicial tomó dieciocho meses. La jueza María Teresa Letelier interrogó a cuatro prisioneros del Estadio Nacional, además del doctor Agüero. Declaró, además, el ex oficial de la Fuerza Aérea Jorge Silva Ortiz.

El fallo dio la razón al doctor Agüero: no cometió injurias, porque no faltó a la verdad. Así, el llamado caso Agüero-Meneses pasó a constituir un clave proceso judicial que -por la vía de una querella por injurias- indagó en las torturas realizadas por la dictadura militar y dio paso a una sanción social y académica. El profesor Meneses perdió su cátedra en la prestigiada PUC.

Sólo quedó pendiente un detalle procesal: la apelación que hizo Meneses cuando el juez rechazó su petición para arrestar al doctor Agüero.

En junio de 2004, Meneses intentó regresar a su rol de analista, publicando una destacada columna de opinión en el diario La Tercera.

No tuvo que esperar mucho el doctor Meneses. Su recurso ante la Corte de Apelaciones -para que el doctor Agüero fuera arrestado- fue obviamente rechazado en septiembre de 2004. Ningún medio de prensa consignó el dato.

El 15 de octubre de 2004, Meneses volvió a la carga con una destacada columna en La Tercera, titulada “La inconveniencia de efectuar cambios a la Ley del Cobre”. Reapareció el analista. El doctor Agüero, desde Estados Unidos, envió una carta al diario que fue publicada el 20 de octubre de 2004 con el título “Meneses y la justicia”. El sábado 30 de octubre de 2004, bajo el título “Asesinato de imagen”, el diario La Tercera publicó la siguiente carta de Emilio Meneses en la que insistía en que “la causa seguida en su contra (de Felipe Agüero) por injurias está en actual tramitación. En consecuencia, es totalmente efectivo que el caso está pendiente y a la fecha no hay ningún fallo de la justicia, ni parcial ni definitivo”. ¿De qué se trataba? ¿De qué causa hablaba Meneses? Los abogados de Felipe Agüero lograron dar con la respuesta. Meneses había presentado un recurso de reapertura del proceso con nuevos antecedentes. La Corte lo denegó y él, por supuesto, apeló. Los abogados Ciro Colombara y Juan Pablo Olmedo presentaron un recurso para declarar inadmisible la solicitud de apelación. Es decir, estirando al máximo la cuerda de los recursos procesales, Meneses podía decir que “el caso está pendiente”.

Finalmente, la Corte de Apelaciones rechazó la apelación de Meneses. Y el caso quedó cerrado. La prensa nada dijo.

El doctor Felipe Agüero envió una última carta al director de La Tercera, Cristián Bofill. En ella redondeaba: “Evidentemente a Meneses se le hace insoportable aceptar que la justicia, sobre la base de copiosos antecedentes, lo haya señalado como torturador en el Estadio Nacional. Aún si se le cierran ya todos los caminos para mantener la ficción de un caso que no concluye, los lectores deberán acostumbrarse a lo que será su versión permanente: que el caso seguirá siempre abierto. La verdad es que lo único que sigue pendiente es que Meneses termine por aceptar lo que la justicia ya resolvió y que él mismo ha sabido desde 1973”.

Así fue como terminó esta historia. Para el doctor Agüero, “fue un gran alivio, una sensación de deber cumplido, y de que valió la pena el desgarro de la decisión inicial y la incertidumbre en el proceso.

Fue uno de los más de 35 mil presos políticos que prestaron testimonio ante la Comisión Valech. Al culminar el proceso, en noviembre de 2004, desde la Universidad de Miami percibió el oficial Informe de Torturas como “el gran acto de reconocimiento, el que faltaba desde la Comisión Rettig. Es un tapabocas a los que siempre insistieron en mantener esto oculto y en silencio. Y también un gran tapabocas a los que siempre quisieron limitarse únicamente a lo que denominaban ‘casos emblemáticos’. Cada uno de los miles de casos es emblemático. Toda la tortura, como práctica generalizada, fue emblemática”.

Hay historias que, a su vez, hacen Historia. El caso del doctor Felipe Agüero es uno de ellos. LND