¿Cómo queda el desarrollo endógeno en el ALBA?

La noción neoliberal de acceso a los mercados se limita a poner medidas para reducir el arancel y eliminar las trabas al comercio y a la inversión. Es libre comercio entendido en estos términos solo beneficia a los países de mayor grado de industrialización y desarrollo. De hecho, abundan los estudios científicos en los que se demuestra de manera irrefutable que la aplicación de las pautas actuales de la globalización y sus expresiones hemisféricas o regionales ha dado al traste con las aspiraciones de un verdadero desarrollo endógeno en cualquiera de los países del continente.

Los grandes acuerdos de integración deberían quedar por el contrario supeditados a los objetivos del desarrollo endógeno. La escasa diversificación de la oferta regional hoy existente sentencia desde ya que el ALCA no podrá ser la oportunidad para alcanzar un tipo de desarrollo en que se armonice el crecimiento económico con una creciente calidad de vida y grado de bienestar para nuestros pueblos.

Podrán crecer las inversiones y las exportaciones, pero si estas se basan en la industria maquiladora y la explotación masiva de la fuerza de trabajo, sin lugar a dudas que no podrá generar el efecto multiplicador sobre los encadenamientos sectoriales, no habrá un efecto multiplicador en los sectores agrícolas e industrial, ni mucho menos se podrán generar los empleos de calidad que se necesitan para derrotar la pobreza y la exclusión social.

En consecuencia, urge una propuesta alternativa basada en la solidaridad. Se trata de ayudar a los países más débiles a superar las desventajas que los separan de los países más poderosos del hemisferio. Y esto no solo depende de los cambios en las condiciones de competencias imperantes, sino también de la solidaridad entre los pueblos y sus gobiernos del continente a la hora de corregir estas asimetrías. Solo así un área de libre comercio podrá ser una oportunidad para todos (una alianza ganar-ganar).

La agricultura en el ALBA: mucho más que un sector productor de mercancías

La exigencia de reducción de las políticas proteccionistas y de los masivos subsidios que otorgan los principales países industrializados no puede convertirse en una exigencia generalizada de liberalización de comercio de productos agrícolas. Para muchos países de América Latina y El Caribe la actividad agrícola fundamental para la supervivencia de la propia nación. Las condiciones de vida de millones de campesinos e indígenas se verían muy afectados si ocurre una inundación de bienes agrícolas importados, aún en los casos en los que no exista el subsidio.

Hay que dejar en claro que la producción agrícola es mucho más que la producción de una mercancía. Es, más bien, un modo de vida. Es el fundamento básico para la preservación de opciones culturales, es una forma de ocupación del territorio, define modalidades de relación con la naturaleza, tiene que ver directamente con los temas críticos de la seguridad y la soberanía alimentaria. Por lo tanto, no puede ser tratado como cualquier otra actividad económica o cualquier producto.

El Articulo 305 de la Constitución dé la República Bolivariana de Venezuela indica: “El estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, y en consecuencia garantiza la seguridad alimentaría de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional el acceso oportuno y permanente a estos por parte de los consumidores.

La seguridad alimentaria deberá alcanzarse desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. LA producción de alimentos es de interés nacional y fundamental al desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines el Estado dictara las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento.

Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola”. Parte importante de la pobreza y la marginalidad de nuestros pueblos se concentra en la población que habita las zonas rurales que subsiste con base en la actividad agrícola o actividades alrededor de la agricultura.

Esa población es finalmente la más castigada con el des-balance de partida para la negociación de la agricultura y lo seria más si se excluyen de la negociación los aspectos que más la perjudican.

La seguridad alimentaria de la que gozan los países desarrollados del hemisferio, que hoy se nos niega a los países en desarrollo al querer limitar el margen de acción para nuestras políticas, es fruto de medio siglo de políticas de apoyo sistemático a la agricultura con la cual consiguen distorsión en los precios en los mercados mundiales. Si aún hoy cesaran tales apoyos, el campo de juego aún permanecería desnivelado: La infraestructura y el aparato productivo y tecnológico establecido y operado en buena parte gracias a los desembolsos de esas políticas todavía nos dejan en desventaja.

Por todas estas razones, la situación sobre las negociaciones sobre la agricultura para el ALCA constituye un objeto más de preocupación de gran trascendencia para Venezuela.

Para el inicio de las negociaciones en 1998, la declaración ministerial de San José estableció claramente entre los objetivos de las negociaciones para este sector importante de la producción el de “eliminar los subsidios a las exportaciones agrícolas que afectan el comercio en el hemisferio”, y el de “identificar otras prácticas que distorsionen el comercio de productos agrícolas, incluidas aquellas que tengan un efecto equivalente al de los subsidios a las exportaciones agrícolas y someterlas a una mayor disciplina”

También se acordó por consenso en la misma oportunidad que “Las negociaciones se iniciarían simultáneamente en todas las áreas temáticas. El inicio, la conducción y el resultado de las negociaciones del ALCA se deberán tratar como partes de un compromiso único (single undertaking) que incluya los derechos y obligaciones mutuamente acordados”

Sin embargo desde el inicio de la negociación de los textos para el proyecto de tratado, los EE. UU. Manifestaron su reticencia a negociar en el marco del ALCA los subsidios a las exportaciones de productos agrícolas y las ayudas internas que distorsionan el comercio y la producción de productos agrícolas, con inclusión de las medidas con efectos equivalentes a los subsidios a las exportaciones.

Se expresa allí la doble moral de las grandes potencias que exigen a los países en vías de desarrollo renunciar al uso de las políticas públicas para promover el desarrollo de sus aparatos productivos mientras que por otro lado aplican ruinosos subsidios a favor de sus aparatos productivos. La insistencia en tal posición, a todas luces contraría los principios y objetivos pautados para emprender la conformación del ALCA, principios y objetivos que compartimos y nos alentaron a participar en la negociación.

Este tema fue motivo de un gran debate en la última Reunión Ministerial celebrada en Quito, en cuya declaración finalmente todos los países reconocieron “la importancia de la agricultura para las economías de la región, cuyo tratamiento integral y no discriminatorio en las negociaciones del ALCA contribuirá a generar empleo a reducir la pobreza y favorecer la estabilidad social”, por lo cual reafirmaron “el compromiso hemisférico con la eliminación de los subsidios a las exportaciones que afectan el comercio de productos agrícolas en el Hemisferio y el desarrollo de disciplina para ser adoptadas para el tratamiento de todas las otras prácticas que distorsionan el comercio de productos agrícolas, incluyendo aquellas que tienen efectos equivalentes a los subsidios a las exportaciones agrícolas”, señalando en particular “que nuestra respectiva evaluación, por país o grupo de países, de los resultados de las negociaciones de acceso a mercados en agricultura en el ALCA dependerán del progreso que consigamos alcanzar en los otros temas que son parte de la agenda agrícola.”

Este planteamiento fue ratificado de manera práctica por este Comité de Negociaciones Comerciales en su reunión de Puebla cuando instruyo al Grupo de Negociación sobre Agricultura “intensificar los debates sobre todos los temas de su agenda, en particular los referidos a los subsidios a las exportaciones y a todas las otras prácticas que distorsionan el comercio de productos agrícolas, incluyendo aquellas que tiene efectos equivalente a los subsidios a las exportaciones agrícolas, sin excepción alguna y sin prejuzgar los resultados, al tenor de los mandatos de las declaraciones de Buenos Aires y Quito”.

Del desarrollo de las reuniones efectuadas desde noviembre del año pasado, puede deducirse claramente la insistencia de la negativa de los Estados Unidos a comprometerse con la no reintroducción de los subsidiasen las exportaciones agrícolas, a trabajar en la regulación de las condiciones de los créditos, garantías de créditos y programas de seguro a las exportaciones agrícolas y a trabajar para la disminución y disciplinamiento de las ayudas internas a la agricultura.

Entre tanto, para la negociación sobre la eliminación de los aranceles agrícolas se han establecido plazos perentorios que han obligado a muchos países a realizar un esfuerzo importante para cumplirlos. Lamentablemente los países que han cumplido con puntualidad estas entregas de oferta para demostrar su voluntad de negociar la agricultura hoy se sienten burlados ante la negativa de los Estados Unidos de eliminar los subsidios que otorgan a su agricultura en el marco del ALCA.

La situación indicada muestra un gran des-balance de gran magnitud en la negociación y una perspectiva de desequilibrio para su final, de persistir el estancamiento en los centrales aspectos señalados. No es aceptable un des-balance de tal naturaleza. No es aceptable que la agricultura se circunscriba exclusivamente a la eliminación de los aranceles por parte de los países en vías de desarrollo mientras las principales potencias se niegan a eliminar los subsidios y ayudas internas.

Como se sabe, los EEUU destinan centenares de miles de millones de dólares anualmente para sostener sus exportaciones y la producción de su agricultura, ocasionando fuerte distorsiones en el precio de los productos agrícolas en los mercados mundiales. Aunque se eliminen las barreras arancelarias para las exportaciones latinoamericanas, es imposible competir con esos precios subsidiados. De esa forma se impide o dificulta el acceso efectivo de los países latinoamericanos a los mercados del hemisferio. Los productos subsidiados compiten deslealmente en nuestros propios mercados internos y la ventaja que ya tienen se hace mucho mayor al eliminar nuestros aranceles. Es así como se nos quitan mercados en terceros países para los productos agrícolas que pudiéramos de otra forma exportar.

Nuestros países carecen de la magnitud de los recursos financieros que disponen los países desarrollados para apoyar la agricultura; lo que tenemos son instrumentos de política para apalear los efectos perversos de las distorsiones de los precios internacionales, instrumentos que se nos solicita eliminar con las negociaciones de acceso a los mercados.

Solamente el enorme contraste en el tamaño de las economías que integran el continente, nos sitúa en desventaja. Mientras el tamaño de nuestros mercados significa muy poco para la expansión de la agricultura de los países desarrollados, solo una pequeña fracción de aumento o desvió de las exportaciones hacia nuestros países significa una conmoción de precios y el derrumbe de la posibilidad de sustento para una parte importante de nuestra población.

Si los países desarrollados no quieren eliminar los subsidios y las medidas de efectos equivalente y no quieren disminuir sustancialmente y disciplinar las ayudas por temor a la perdida de sus mercados en el mundo, fuera del continente y proponen hacerlo solo luego de negociarlo en el ámbito multilateral, no se nos puede pedir que nosotros les demos ahora en el hemisferio mayor acceso a nuestros mercados. Para ser equitativos no queda otro camino que también negociar el acceso a los mercados para los productos agrícolas en el mismo foro multilateral, y solo luego de que conozcamos plenamente los verdaderos alcances de lo que las potencias agrícolas del Orbe hayan acordado sobre la eliminación de sus subsidios y las medidas de efecto equivalente y sobre la disminución y disciplinamiento de sus ayudas internas, podremos con responsabilidad determinar hasta que punto podremos otorgar mayor acceso a nuestros mercados.

¿Derechos de propiedad intelectual o derechos de los pueblos a medicamentos y alimentos de buena calidad?

La propiedad intelectual es otro de los asuntos en los cuales se expresa más nítidamente la oposición de intereses entre las grandes corporaciones internacionales y los países pobres del Sur, especialmente las poblaciones campesinas y aborígenes.

Apelando a lo que fueron denominados “asuntos relacionados con el comercio”, se estableció un amplio régimen de protección de la propiedad intelectual en condiciones muy desventajosas para los países el Sur. A pesar de la resistencia inicial, los países del Norte lograron imponer un régimen obligatorio y global de protección de la propiedad intelectual de acuerdo a sus exigencias, a partir de propuestas formuladas por las transnacionales farmacéuticas.

En las relaciones asimétricas hoy existentes entre los países industrializados del Norte y el Sur, las ventajas del Norte residen precisamente en las áreas científico-tecnológicas. El régimen internacional de definición y protección de la propiedad intelectual esta orientado a acentuar este des-balance. Protege aquello en lo cual los países más fuertes tienen ventajas, mientras que, básicamente, deja sin protección aquello en lo cual los países y pueblos del Sur tienen una indudable ventaja: en la diversidad genética de sus territorios y en el conocimiento tradicional de los pueblos campesinos y aborígenes.

Antes de estas negociaciones más de 50 países no tenían regimenes legales de protección de patentes sobre productos farmacéuticos, con lo cual sus mercados internos podían ser surtidos por medicamentos genéricos a precios muy inferiores a los ofrecidos por las empresas dueñas de las patentes.

La comparación de los precios de los medicamentos en la India con países en los cuales existe la protección de patentes farmacéuticas, indica que en éstos los precios son hasta 41 veces más altos. La industria farmacéutica de la India es una industria floreciente de más de 20 mil empresas, produce medicamentos de alta calidad accesibles a millones de personas de bajos niveles de ingresos y desempeña además un papel importante en la generación de empleo.

Esto ha comenzado a cambiar en La india y en el resto del mundo en forma acelerada y radical. Los acuerdo sobre propiedad intelectual de la Organización Mundial de Comercio obligan a todos los países después de un período de gracia para los países “menos desarrollados” a establecer regímenes de patentes que garanticen la protección estricta de la propiedad intelectual.

Así pues, los días de los medicamentos genéricos están contados. Como consecuencia de los derechos monopólicos otorgados por tales acuerdos, las compañías farmacéuticas pueden eliminar la competencia y cobrar precios más allá de la posibilidad de pago de millones de personas.

A partir de diversos estudios se ha calculado que ocurrirían no solo aumentos significativos de precios como consecuencia de la introducción de patentes, sino igualmente una notoria reducción del consumo: amplios sectores de la población quedarían excluidos del acceso a medicamentos comerciales.

El caso de Egipto es ilustrativo: la introducción de patentes en los medicamentos condujo a aumentos de precios de cinco a seis veces, comparado con los medicamentos sin patentes. Se tenderá igualmente a la quiebra de medianas y pequeñas empresas farmacéuticas y al incremento de los niveles de monopolización de la actividad por las grande trasnacionales.

En la actualidad 80 % de las patentes sobre alimentos modificados genéricamente están en manos de 13 trasnacionales, y las 5 compañías agroquímicas más grandes controlan casi todo el mercado global de semillas.

Como consecuencia del establecimiento de patentes sobre diversas formas de vida, y la apropiación/expropiación del conocimiento campesino/comunitario por parte de las grandes transnacionales de semillas y agroquímicos, están cambiando aceleradamente los patrones de producción campesinos en escala global. Los campesinos se hacen cada vez menos autónomos, cada vez más dependientes de la compra de costosos insumos de las transnacionales.

La “libertad de comercio” impuestas crecientemente por los intereses de estas transnacionales a los campesinos de todo el mundo, esta conduciendo hacia una reducción de la variedad genética de muchos de los principales cultivos alimenticios.

Esta reducción de la diversidad genética, asociada a una visión ingenieril de la agricultura, basada en un control extremo de tipo fabril sobre cada fase del proceso productivo -con semillas manipuladas genéticamente y el uso intensivo de agroquímicos- reduce drásticamente la capacidad auto-adaptativa y regenerativa de los sistemas ecológicos.

Producto de este régimen legal global de biopiratería es la inmensa gama de patentes -basados en la expropiación no reconocida de los conocimientos y/o recursos de otros que han sido otorgados. Muchas de estas patentes han sido particularmente escandalosas como la de ingredientes activos del árbol de neem que han sido ampliamente utilizados para muy diversas aplicaciones en la India durante centenares de años.

Como ha podido constatarse en el espectro de asuntos críticos para el presente y futuro de la humanidad que están siendo afectados por los acuerdos de derecho a la propiedad intelectual, se trata de uno de los ejes más dinámicos de concentración del poder y acentuación de las desigualdades que caracteriza las actuales tendencias hegemónicas de la globalización.

¿Cómo enfrentar la liberalización, desregulación y privatización de los servicios?

En el ALCA se propone un conjunto de normas multilaterales que, aparentemente, ordenaran el comercio internacional de servicios. Pero lo que realmente se pretende es la liberalización, desregulación y privatización progresiva de los servicios esenciales para la sociedad y que suponen una obligación de los estados y gobiernos con sus ciudadanos.

Este proceso de liberalización abarcaría toda la amplia gama de servicios que podamos imaginar en materia de salud, educación, seguridad social, agua potable, transporte, correo, servicios municipales, medio ambiente, cultura, recursos naturales, etc. De esta forma se restringiría de una vez y para siempre la intervención del Estado a través de medidas gubernamentales que regulen el comercio de servicios: desde los limites a la legislación laboral y la protección del consumidor, incluyendo regulaciones, directrices, subvenciones, calificaciones y pautas para otorgar permisos; hasta los límites gubernamentales sobre el acceso a los mercados, las necesidades económicas o medidas sobre el contenido cultural.

Una vez mas se manifiesta aquí la tesis del libre mercado las cuales postulan que una mayor apertura de los mercados potenciaría las posibilidades de los países en desarrollo para mejorar la cantidad y calidad de los servicios que demandan sus ciudadanos.

La historia reciente de Venezuela y América Latina es la de una violenta ola de privatizaciones de servicios tales como el transporte aeronáutico, las telecomunicaciones o la electricidad. Las consecuencias de esta entrega de servicios al mercado están a la vista de todos: prácticas monopólicas u oligopólicas y la consiguiente alza en los precios y disminución de su calidad; destrucción de millares de empleos; y, desmantelamiento y dilapidación de los recursos públicos en procesos de privatizaciones amañados.

En el ALCA se pretende extremar estos procesos de liberalización y privatización al incluir también los servicios esenciales que suponen una obligación del Estado con sus ciudadanos. Estos servicios pasarían a ser suministrados por empresas privadas y transformarían a todos los ciudadanos en simples consumidores que, al no disponer de los recursos para pagar por estos servicios, quedarían excluidos de su consumo y disfrute.

Los principales beneficiarios de liberalizar los servicios en el ALCA serían las grandes multinacionales que convertirían los servicios públicos de todo el mundo en mercados privados. Y los perjudicados serían los de siempre: los sectores más empobrecidos y de máxima exclusión social. Las grandes empresas de fines lucrativos accederían a los recursos públicos y lograrían desmantelar las regulaciones existentes. Para los países en vías de desarrollo esto se traduciría en el desmantelamiento total y absoluto de los servicios públicos.

La severa crítica a la mala calidad de los servicios públicos ha conseguido eco en una parte importante de la sociedad. Engañada, esta acepta que los servicios en manos del Estado mejorarían si se entregaran al mercado. Nadie niega la necesidad de mejorar la eficacia de los servicios públicos, pero la panacea no es su liberalización y privatización. La solución está en derrotar a los evasores de impuestos que se apropian de los recursos financieros necesarios para mejorar su calidad y, por su puesto, mejorar su gestión para asegurar el acceso masivo en condiciones de igualdad. Lo que resulta inadmisible es que se manipule su situación de deterioro para justificar procesos de privatización que le facilita a las trasnacionales la apropiación de servicios públicos esenciales.

Estas nefastas consecuencias se esconden en una práctica según la cual la liberalización de los servicios desencadenaría una mayor competitividad que contribuiría a mejorar la eficacia en la prestación de los servicios; un mayor grado de desarrollo de los mismos y finalmente un ahorro a favor de los consumidores. Pero después de más de una década de apertura, liberalización y privatizaciones, esta claro que el objetivo es la generación de más beneficios para las grandes corporaciones trasnacionales que se han ido apropiando de estos servicios en una escala global a costa de excluir de servicios públicos a millares de personas en todo el mundo que no puede pagar lo que se exige para tener accesos a los mismos.

El Gobierno Bolivariano de Venezuela se opone a estos procesos de liberalización, desregulación y privatización que limiten la capacidad del estado y del gobierno para diseñar y ejecutar políticas en defensa del derecho de nuestros pueblos a tener acceso a servicios esenciales de buena calidad y buenos precios.

Con el argumento de que los subsidios distorsionan los precios del mercado y que deben ser los mecanismos del mercado –es decir las leyes de la oferta y la demanda- los que fijen el nivel de los precios, la propuesta del ALCA plantea la liberalización y privatización de los servicios públicos.

Cualquiera de los tres casos supondría la eliminación de millones de personas del disfrute de servicios públicos esenciales para la sobre vivencia humana.

Para el Gobierno Bolivariano de Venezuela, los servicios públicos son para satisfacer las necesidades de las personas, no para el comercio y el beneficio económico. Por lo tanto, su prestación no puede estar gobernada por criterios de rentabilidad sino de interés social.

De hecho, representan uno de los derechos sociales más significativos alcanzado por los pueblos a lo largo de la historia y son indispensables para corregir las desigualdades sociales. En consecuencia, la provisión de los servicios públicos debe regirse por las necesidades sociales del individuo y no por su capacidad de pago.

La liberalización de los servicios en el ALCA traería consecuencias catastróficas si se exige la aplicación del “Trato Nacional”. Esto quiere decir que se deben dar a las trasnacionales las mismas preferencias que se otorgan a las pequeñas empresas y cooperativas nacionales. No se podrá dictar ninguna medida que de preferencias a la producción local o que discriminen a empresas extranjeras. Otro aspecto al que se le debe prestar mucha atención es al de “Acceso a mercados” ya que aquí se obliga a los países a no poner ningún tipo de barrera al ingreso al mercado nacional de cualquier proveedor de servicios del extranjero en los sectores que ha liberalizado. Así pues, los gobiernos no podrán instrumentar medidas que condicionen el comercio de servicios. Las transnacionales quieren llevarnos a jugar en su propia cancha para que, en lugar de reclamar soberanía y justicia en la prestación de los servicios esenciales para la población, no sumemos a facilitar “acceso a mercados” como si fuera el clamor de nuestra gente.